Vigo y otras 14 grandes ciudades se alían para frenar el alza del precio del alquiler

“Nos llaman familias con niños, jóvenes y gente mayor para pedirnos ayuda porque les resulta imposible comprar o alquilar”. Esta frase de María Pérez, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec), resume a la perfección la situación del mercado inmobiliario en la ciudad, con los precios disparados. Para combatir este escenario cada vez más preocupante, esta entidad ha suscrito una declaración junto con otras 14 grandes ciudades de España que será enviada a las instituciones públicas, entre ellas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por Isabel Rodríguez, a la que le han pedido una reunión urgente.

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El documento, bautizado como Declaración de Barcelona, toma el nombre de la capital catalana porque fue la instigadora. Se presentó el lunes en el Col·legi de Periodistes de Catalunya y reúne el trabajo de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) –de la que forma parte la Federación Vecinal viguesa–, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB). La suscriben entidades de diversas ciudades del Estado: Vigo, Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba, Zaragoza, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga, Murcia, Valladolid, Gijón, A Coruña, Bilbao y Elche.

Esta declaración, que recoge las conclusiones del III Encuentro vecinal de grandes ciudades, organizado por la CEAV en Barcelona el 11 de noviembre de 2023, apunta que los retos de la vivienda en las grandes ciudades son seis: combatir la especulación, evitar la gentrificación o expulsión de la población, actualizar las plusvalías urbanas, fiscalizar el mercado global, recuperar el papel de los poderes públicos e incrementar las inversiones públicas en vivienda para facilitar el acceso a un hogar. A su vez, concreta reformas en cuatro ejes: legislativas, fiscales, urbanísticas y de las administraciones públicas.

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Entre las decenas de medidas que reclaman a las administraciones públicas, figuran la aplicación de la Ley por el Derecho a la Vivienda –que permite limitar los alquileres en zonas tensionadas–; la definición de especulación y gentrificación en la legislación vigente; la regulación de los alquileres de uso turístico, del alquiler temporal y de los usos comerciales; excluir en el conjunto del país la ley 14/2013 llamada Golden Visa –permite la residencia a extranjeros que compran viviendas de más de 500.000 euros–; la reducción al plazo de 1 año para la definición de la vivienda vacía; la creación de un registro municipal de vivienda vacía en municipios de más de 50.000 habitantes o establecer una tasa autonómica al turismo en las áreas de mercado tensionado.

También piden aumentar los porcentajes de vivienda protegida en suelo urbano no consolidado y en suelos urbanizables, planes urbanísticos para reservas del 30% de vivienda asequible en suelo urbano consolidado, la prohibición en usos residenciales de las viviendas de usos turístico, la prohibición a las administraciones públicas de la venta de suelo público e inmuebles, la cesión para el parque inmobiliario público de los bienes desocupados de las administraciones, la construcción de un parque de vivienda asequible de alquiler del 20% y de otro de emergencia destinado a la extrema vulnerabilidad, ampliar los recursos de un parque de vivienda asequible con compra directa o cesión de suelo y elaborar planeamientos urbanísticos que permitan la protección de los usos residenciales y la cohesión social.

“Hacen falta medidas reales”

Según Idealista, Vigo despidió 2023 con un precio medio del metro cuadrado de 9,4 euros en diciembre, el mismo que en noviembre y octubre y muy similar al del resto de meses: 9,3 en febrero, mayo, agosto y septiembre; 9,4 en junio y julio; 9,5 en marzo y abril, máximos históricos; y 9,2 en enero. El precio de compraventa, 2.098 euros por metro cuadrado de media en diciembre –Idealista–, no baja de los 2.000 desde hace dos años y es el más elevado desde noviembre de 2012. No parece que vaya a mejorar la situación vista la tendencia a no ser que se lleven a cabo “medidas reales”, apunta María Pérez, que pide un parque de viviendas accesibles.

En este sentido, el BNG urgió ayer al Concello a que solicite la declaración de zona tensionada de vivienda para la urbe con la intención de “frear o grave encarecemento dos alugueiros” y criticó la “nefasta política de brazos caídos da Xunta do PP”.

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