La demanda de vivienda protegida marca cifras de récord por el alza de alquileres e hipotecas

Son pocas las viviendas de protección oficial disponibles en Galicia tanto para alquilar como para comprar, pero aspirar a ellas es un recurso que tampoco se puede desperdiciar, sobre todo en un momento en el que no dejan de encarecerse las hipotecas, subir las mensualidades de los alquileres o acotarse el mercado de vivienda de libre, tanto por la dificultad para acceder a un préstamo o afrontar nuevas promociones como por reducirse el parque de viviendas en arrendamiento tradicional ante el empuje, por su mayor rentabilidad, del turístico. El caso es que el registro de demandantes de vivienda del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) se está moviendo en cifras de récord al contar actualmente con casi 18.000 solicitantes.

Nunca antes desde que se cambió el sistema de inscripción para evitar que una misma persona apareciese varias veces repetida en el cómputo global se había alcanzado un número tan elevado.

Desde el año 2013, la cifra se mantenía más o menos estable sobre las 15.000, pero este año se ha producido un cambio de tendencia. Al término del primer trimestre se acercaban a los 16.100 el número de demandantes y ayer alcanzaron los 17.953. Alquileres elevados, hipotecas en una espiral ascendente y menos viviendas en el mercado llevan a los aspirantes a intentar conseguir sus objetivos a través de la Xunta.

Pero la empresa tampoco es fácil. Para nada. La oferta de vivienda de protección oficial en sus diferentes modalidades está básicamente en manos del Instituto Galego da Vivenda e Solo, pero su parque inmobiliario para este fin no llega a las 4.000 viviendas, que además ya están ocupadas. Los concellos apenas tienen y las que ofrecen están destinadas a casos de emergencia social o a víctimas de violencia de género, por ejemplo.

La Administración autonómica, en todo caso, ha ampliado su oferta recientemente, con la compra de 55 viviendas en 30 municipios a la entidad bancaria Abanca por un precio de 3,9 millones de euros, y otras 40, por casi 3,5 millones y en 16 concellos, a la Sareb, la sociedad para dar salida a los activos tóxicos de la banca que en la crisis de 2008 fue rescatada.

Cuando se puso en marcha el registro de demandantes, la inmensa mayoría aspiraba a hacerse con una vivienda en propiedad. Pero ahora las preferencias han cambiado. Se acercan a los 10.500 los que solicitan acceder a un piso en alquiler.

La mayor demanda de Galicia corresponde a la provincia de Pontevedra, con 9.754 personas en lista de espera, y con la ciudad de Vigo como principal foco, con casi 6.700 solicitantes de una vivienda. La ciudad olívica concentra por tanto más de un tercio de todas las necesidades de alojamiento de la comunidad autónoma.

En la provincia de A Coruña el registro cuenta con 5.011 aspirantes (2.291 en la capital, 939 en Santiago y 437 en Ferrol); mientras que en la de Lugo son 2.300, de los que algo más de la mitad están inscritos en la ciudad de la muralla; y en Ourense no se llega a los 900 demandantes en toda la provincia, de los que medio millar pertenecen a la capital de la provincia.