El Supremo da por fin impulso al caso de los peajes en las obras de Rande

Tras dos años de espera, el Alto Tribunal ya designó magistrada ponente para decidir sobre el recurso contra la sentencia que exculpó a Audasa

El juicio celebrado en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra sobre el caso de los peajes de Rande.

El juicio celebrado en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra sobre el caso de los peajes de Rande. / Rafa Vázquez

Marta Fontán

Marta Fontán

Tras dos sentencias dispares y una larga espera, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra en el caso por los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande en la AP-9. Dos años después de que la Fiscalía Provincial de Pontevedra presentase el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que exculpó a Audasa, el Alto Tribunal con sede en Madrid ha movido por fin ficha y ha dado impulso a la causa con el nombramiento de la magistrada ponente del procedimiento, labor que ha recaído en María de los Ángeles Parra Lucán. El primer y decisivo filtro que deberá pasar este recurso es el de si es admitido o no a trámite, cuestión nada baladí y que marcará el futuro inmediato del caso. Si se admite, los jueces entrarán en el fondo del asunto y valorarán de forma definitiva si la concesionaria de la autopista incurrió o no en una práctica abusiva. Pero si se inadmite el recurso –de forma previa a adoptar un dictamen así deberán dar un plazo de diez días a las partes para alegaciones–, un auto judicial pondrá fin sin más al procedimiento y se confirmará, de forma firme, la sentencia que absolvió a Audasa.

El caso de los polémicos peajes cobrados durante las obras de Rande ya suma un recorrido judicial de cinco años. Fue en mayo de 2018 cuando la Fiscalía abrió de oficio unas diligencias preprocesales civiles de protección de los derechos de los consumidores y usuarios que acabaron derivando en una demanda colectiva contra Audasa. El procedimiento recayó en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, que en febrero de 2020 dictaba una sentencia que condenó a la concesionaria a devolver las tarifas cobradas de forma “abusiva”, concluyó el magistrado, en un total de 81 incidencias de tráfico registradas durante los trabajos de ampliación del puente, que se prolongaron desde febrero de 2015 hasta el verano de 2018.

Giro en el caso

El caso llegó vía apelación a la Audiencia Provincial de Pontevedra, que un año después, en abril de 2021, daba un giro al procedimiento exculpando a Audasa: los magistrados de la Sección Primera concluyeron que no se había producido práctica abusiva ninguna y que la empresa no tenía ni el deber ni la obligación de reducir el importe de los peajes pese a los atascos que se habían producido durante las obras. Esa sentencia fue combatida por el Ministerio Público con el recurso sobre el que ahora decidirá el Supremo y al que se adhirió la acusación particular, ejercida por la plataforma En-Colectivo. Las fuentes jurídicas consultadas creen que una vez designada ya la magistrada ponente, la primera decisión, la de si dicho recurso se admitirá o no a trámite, no debería demorarse demasiado.

Otro procedimiento

Sobre estos mismos hechos, el cobro de los peajes durante las obras de Rande, se fraguó otro procedimiento judicial que también está todavía abierto. Se trata del que instaron una quincena de empresas –la mayoría de transportes por carretera, pero también del ámbito de la hostelería o de las grúas– y seis profesionales, todos ellos usuarios habituales de la AP-9. Pues en este caso el Juzgado de Primera Instancia número 12 de A Coruña dictó una sentencia a finales de este pasado 2022 que falló a favor de los transportistas, condenando a Audasa a devolver a los 21 litigantes el 50% del importe de los peajes abonados mientras se ejecutaron los trabajos.

El magistrado concluyó que la concesionaria de la AP-9 “cumplió defectuosamente sus obligaciones contractuales” con respecto a los demandantes durante ese período de más de tres años “en lo relativo a la prestación de servicios de autopista” en el tramo objeto del litigio. Además, resaltó, no había una alternativa “práctica y eficiente” a ese trayecto por autopista. La cuantía a restituir a los perjudicados superaba los 60.000 euros. Igual que ocurrió con el procedimiento en materia de consumidores instado en Pontevedra, esa sentencia ha sido recurrida, en este caso en apelación, y está también pendiente de dicha resolución.

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Los consumidores

El primer procedimiento judicial abierto por los peajes cobrados en las obras de ampliación del puente de Rande fue la demanda colectiva impulsada por la Fiscalía en defensa de los consumidores, es decir, de los ciudadanos particulares. Este es el caso sobre el que ahora deberá decidir el Tribunal Supremo.

Los empresarios

Además del pleito de los consumidores, 15 empresas, la mayoría de transportes por carretera, demandaron a Audasa por el mismo motivo, el cobro de dichos peajes. Tras ganar el caso en primera instancia, este litigio está ahora pendiente de que se resuelva en vía de apelación.

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