La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogió esta mañana la vista de apelación contra la sentencia emitida en su día por el juzgado de lo Mercantil 1 en la que se condena a Audasa por el cobro de los peajes pese a los atascos que se produjeron durante las obras de ampliación del puente de Rande.
Por primera vez en este proceso, declararon ante el tribunal cinco conductores afectados por los atascos. Los primeros en prestar testimonio ante el juez eran conductores que realizaban diariamente el trayecto entre Pontevedra y Vigo por motivos laborales y todos relataron un panorama similar durante el periodo de obras entre 2015 y junio de 2018. Atascos puntuales en la primera parte de las obras hasta mediados de 2017 y, a partir de ahí, retenciones diarias que podían oscilar entre los diez minutos de retraso o incluso llegar a superar, en los peores días, la media hora.
El primero de los testigos que declaró fue un Guardia Civil destinado en O Porriño y residente en Caldas que realizaba a diario el trayecto desde la entrada de Saiar en la AP-9 a Vigo. Relató que en el puente se encontraba siempre carriles de la autopista cortada, maquinaria, conos, señalización y obras que provocaban retenciones prácticamente a diario. Reseñó que las retenciones solían comenzar poco después del peaje de Pontevedra en Vilaboa, y que “en alguna ocasión incluso llegaba al peaje; recuerdo una ocasión en que estaba toda la vía atascada desde Pontevedra hasta el peaje de Rande”.
"En el mejor día el atasco me hacía llegar tarde quince minutos a mi consulta", señala una médica pontevedresa que trabaja en Povisa
También prestó declaración una médica pontevedresa que trabaja en Povisa y que relató que “el mejor día la retención me hacía llegar 15 minutos tarde a la consulta” en Vigo. Intentó salir de su casa con más tiempo, pero los atascos eran incluso mayores por ser horas con mayor densidad de tráfico. “Era raro el día que no tenía que llamar al hospital para que informasen a mis pacientes de que llegaba con retraso”, explicó. El peor de los días la retención fue tal que tuvo que anular todas sus consultas.
Esta y otros testigos también se refirieron, a preguntas de uno de los letrados, a la sentencia del Mercantil en la que se refiere que entre el 15 de septiembre de 2017 y el 8 de junio de 2018 solo se reconocieron 7 incidencias de atascos del total de 81 que reconoce la sentencia. “Sí eso yo lo leí y me sorprendió, porque en esas fechas las retenciones se producían todos los días”, indicó. Señaló que no siempre estaba la Guardia Civil en estos atascos y el abogado de “EN-Colectivo” matizó que los siete episodios fueron aquellos en los que la situación “se salió tan de madre” que obligó a la intervención de la Guardia Civil y a la elaboración de un parte, pero que estos testimonios ratifican "lo que toda la provincia sabe de primera mano por su experiencia en la AP-9", que durante estos meses los atascos fueron diarios . El letrado de Audasa aseguró que en primera instancia declararon guardias civiles asegurando que los agentes estaban presentes a diario en la zona, así como lo que se reseña en las imágenes y documentación de la DGT, por lo que se recogieron todas las incidencias que se produjeron y no solo las graves.
Un trabajador de un banco de Vigo residente en Pontevedra también explicó como durante esta época sufrió atascos de entre “quince minutos y media hora todos los días”. Este testigo y todos los anteriores coincidieron en que no había ningún cartel ni información visible por parte de la concesionaria de la AP-9, Audasa, de la situación de la vía y de los atascos antes de entrar en la autopista: “Normalmente pasabas el peaje de Pontevedra y te encontrabas la sorpresa”, añadió. La concesionaria de la AP-9 recordó que no tiene competencia para establecer estas alertas en vías que le son ajenas.
Una vecina de Cambados que trabaja en Vigo asegura que sufrió dos reventones de ruedas por culpa de tornillos que procedían de las obras
También prestó testimonio una vecina de Cambados que acude diariamente a Vigo señalando que incluso por culpa de las obras reventó en dos ocasiones una rueda de su vehículo con tornillos procedentes de las obras.
Todos los testigos coincidieron también en señalar que no había información sobre los atascos y posibles desvíos o alternativas. Además, afirmaron que la alternativa por carretera entre Pontevedra y Vigo no es viable: “Habría que dar toda la vuelta a la ría, prefería contar con la esperanza de que la retención fuese a ser menor ese día que la alternativa de la carretera nacional”, explicó uno de los testigos. También señaló que entre septiembre de 2017 y junio de 2018 no solo hubo 7 incidentes por atascos sino que ella recuerda retenciones entre “un 70 y un 90% de los días”.
La concesionaria de la autopista afirma que los testigos son parte interesada en el proceso, algo que el tribunal debe tener en cuenta al valorar sus testimonios. También aludió a su "libre elección" de tomar la autopista frente a otras alternativas.
El fallo emitido en febrero de 2020 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, concluyó que Audasa debía restituir el importe cobrado en concepto de peajes durante las 81 incidencias acreditadas durante estas obras, entre febrero de 2015 y junio de 2018.
Cinco meses después, en julio de 2020, Audasa solicitó la nulidad de esta sentencia, alegando entre otros motivos que es la jurisdicción contenciosa-administrativa y no la civil la que debe pronunciarse sobre las tarifas, el pago de peajes o la normativa que rige su funcionamiento.
El recurso introducía un segundo argumento para solicitar la nulidad de la sentencia y señalaba que, en el caso de no aceptar la falta de competencias del juzgado, el fallo debería anularse al haberse producido menos incidencias de las denunciadas. Frente a los 81 episodios que reconocía el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, la compañía aseguraba que se habían producido solo dos retenciones graves durante unas obras que, añadían sus abogados, se realizaron con una "mínima afección" a la circulación.
Pero más allá de ello, Audasa apela a impugnar la sentencia en base a cuestiones que afectarían al "fondo del asunto" y que resultan "perjudiciales" para sus intereses. Así, subraya que las obras siguieron las "normas y directrices" de la administración y que estaba "obligada" a cobrar las tarifas "sin descuento o reducción", ya que el régimen jurídico de la concesión fija que no tiene "capacidad alguna" para aplicar tarifas inferiores a las aprobadas o reducir voluntariamente el importe del peaje, algo que repitió su abogado en el juicio.
La Fiscalía, por su parte, también recurrió la sentencia de primera instancia para reclamar un nuevo fallo en que se establezca que el cese de esta práctica abusiva se refiera a cualquier autopista gestionada por Audasa en España y no solo a la AP-9. Además, el ministerio público reclama que la devolución del dinero se extienda a todos los usuarios que circularon por la autopista durante los tres años y medio que duraron las obras y no solo a los que lo hicieron durante los 81 incidentes concretos enumerados en la sentencia.
A este reembolso el fiscal añade una indemnización consistente en el doble del importe del peaje a todos los usuarios -conductores o pasajeros-, que no sean profesionales de la conducción y titulares de empresas de transporte de mercancías o pasajeros y que puedan acreditar haber sufrido retenciones superiores a los diez minutos.
