Demanda colectiva contra Audasa por "práctica abusiva" en el peaje de Rande

La Fiscalía de Pontevedra acaba de presentar una demanda colectiva contra Audasa para defender a los conductores de la AP-9 por lo que considera una "práctica abusiva" en el cobro del peaje de Rande. Desde el Ministerio Fiscal se reseña que, a pesar de que "el tráfico se vio permanentemente afectado" en el viaducto durante los tres años que duraron las obras de mayor envergadura (del 27 de febrero de 2015 a junio de 2018), la concesionaria "mantuvo invariables las tarifas".

En su escrito, Fiscalía recalca que durante el período indicado la circulación resultó "permanentemente afectada" en Rande "dado que la reducción del número de carriles en uso y la reducción de los límites de velocidad, además de las sucesivas tareas de ejecución de las obras, implicaron, en todo momento y aunque puntualmente no hubiera acumulación de vehículos, que la fluidez de la circulación disminuyera, siendo preciso emplear más tiempo del habitual para recorrer la misma distancia de autopista".

"Todos los vehículos que circularon en ese tramo entre las fechas indicadas se vieron afectados, en cuanto recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad", incide Fiscalía de Pontevedra, que presentó ayer mismo la demanda de juicio ordinario en el Juzgado de lo Mercantil. El Ministerio Público recuerda además que el peaje se subió el 1 de enero de 2018, tras la inauguración oficial celebrada el 30 de diciembre de 2017 y recalca que ese acto se celebró a pesar de que las obras en el viaducto se prolongaron aún durante varios meses: "Se continuaron realizando trabajos similares en la calzada con posterioridad a esa fecha". Desde Fomento reconocían la semana pasada, de hecho, que el material de obra se retirará a lo largo de las próximas jornadas, casi un año después de la inauguración oficial de los nuevos carriles exteriores del viaducto.

Fiscalía reconoce que se desconoce el número de afectados, pero revela que Audasa ha transmitido que durante el período analizado "existieron unos 77 millones de tránsitos y la recaudación por peajes correspondientes a vehículos ligeros ascendió a unos 90 millones de euros". A lo largo del próximo mes la concesionaria de la AP-9 deberá remitir al Tribunal su criterio para eliminar los psajes en aquellos casos en los que la fluidez del tráfico se vea afectada por las obras. Fiscalía incide en que "cuando existe un atasco en la autopista, el mantenimiento del cobro del peaje supone un notable incremento del retraso ya acumulado, dada la necesidad de efectuar individualmente el cobro a los vehículos acumulados".

El Ministerio Público plantea que se condene a Audasa a reintegrar a los conductores "los importes de los peajes que hayan sido abonados, en el tramo del entorno de Rande, entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018, con los intereses legales desde la fecha del pago de cada peaje". A modo de compensación reclama además que la gestora de la Autopista del Atlántico deba indemnizar a los usuarios afectados con el doble del importe abonado en gravámenes. La compensación se plantaría para los conductores particulares, no para transportistas o empresas que trasladen viajeros.