El Tribunal Supremo tendrá la última palabra en el caso por los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande en la AP-9. Tras una primera e histórica sentencia en el que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra condenaba a la concesionaria de la autopista a indemnizar a los conductores y usuarios afectados por 81 incidencias ocurridas en dicho vial durante esos trabajos en forma de retenciones de tráfico, la Audiencia Provincial de Pontevedra daba un giro de 180 grados al procedimiento y absolvía a dicha empresa al rechazar que actuase de forma abusiva. Lo que dictamine el Alto Tribunal será pues clave para zanjar una causa que tuvo dos sentencias tan dispares. Pero por ahora habrá que esperar porque transcurrido ya más de un año desde que la Fiscalía recurrió el fallo exculpatorio emitido por el órgano provincial, este recurso de casación sigue a la espera sin que todavía se haya adoptado ninguna decisión al respecto. Ni siquiera ha pasado el primero de los filtros, que es clave y que resulta del todo imprescindible de forma previa a que los magistrados se pongan a estudiar el fondo del asunto: el de si se admitirá o no a trámite.
Precisamente, la admisión a trámite en un tribunal como el Supremo no es baladí, ya que la inmensa mayoría de los recursos fracasan en esta exigente fase por no apreciarse interés casacional o por no reunir los requisitos jurídicos para que el asunto merezca una revisión a fondo que se traduzca en una nueva sentencia. Pues bien, la causa de la AP-9 está todavía pendiente de que se adopte esta primera decisión, crucial para su devenir judicial. Si el recurso es inadmitido a trámite, un auto judicial pondría fin al procedimiento, lo que supondría la confirmación del fallo dictado por la Audiencia de Pontevedra. Si supera dicho filtro, el abanico de posibilidades estaría abierto: los magistrados deliberarían y emitirían una sentencia en la que, en función de la valoración que realicen de los alegatos planteados por la Fiscalía y de la prueba que se practicó en el procedimiento, ratificarían o revocarían dicha resolución judicial previa.
El recurso de casación fue interpuesto por la Fiscalía Provincial de Pontevedra, que fue quien impulsó esta demanda civil contra Audasa tras una investigación interna previa motivada por los reiterados y graves colapsos de tráfico que se repetían en la autopista y tras la indignación que dicha situación provocó y que motivó quejas de los alcaldes de los municipios más afectados, de asociaciones de conductores y de empresarios o, entre otros, de la propia Valedora do Pobo. Al recurso del Ministerio Público se ha adherido la plataforma En-Colectivo, que ejerce la acusación particular en este largo y complejo litigio.
Desde 2018
Esta causa ya suma un recorrido judicial de más de cuatro años. Fue en mayo de 2018 cuando, ante ese clamor cada vez mayor contra el caos circulatorio, la Fiscalía abrió de oficio unas diligencias preprocesales civiles de protección de los derechos de los consumidores y usuarios que le condujo, a finales de ese mismo año –en diciembre–, a presentar la demanda colectiva contra Audasa. El asunto recayó en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra que, tras el juicio, dictaba sentencia en febrero de 2020, estimando parcialmente las tesis de las acusaciones y condenando a la concesionaria de la AP-9 a devolver los peajes cobrados de forma “abusiva” en un total de 81 incidencias de tráfico –los que admitió el magistrado en dicha resolución– ocurridas durante las obras de ampliación de Rande, que se prolongaron desde febrero de 2015 hasta el verano de 2018.
Ese fallo, como era esperable, fue recurrido ante la Audiencia Provincial. Audasa pidió anular dicha sentencia y, de forma subsidiaria, en caso de no estimarse su principal alegato, que la condena se “constriñese” a los dos únicos atascos graves que dicha empresa reconoció durante los más de tres años que duraron las obras. El Ministerio Público, así como En-Colectivo, también apeló para que se fuese más allá y se restituyesen los peajes a todos los automovilistas que pasaron por la autopista durante ese largo período de trabajos en el puente.
Y tras revisar el asunto la Sección Primera del órgano provincial pontevedrés, el caso de los peajes daba un vuelco. Los magistrados estimaron el recurso de la concesionaria: concluyeron que no hubo práctica abusiva y que esta empresa no tenía el deber ni la obligación de reducir las tarifas pese a los atascos durante las obras. De hecho, sentenciaron que no tenía “plena libertad” para rebajar dichos peajes.
Esa sentencia se dictaba en abril de 2021 y en mayo el Ministerio P úblico interpuso su recurso de casación –solicitando revocar dicho fallo absolutorio–, el mismo que ahora, un año después, sigue pendiente de tramitación en el Supremo. Será la Sala Civil del Alto Tribunal la que decidirá ahora el devenir futuro de un procedimiento de calado por el asunto que aborda y por el gran número de perjudicados.
“Los conductores se vieron claramente afectados por las obras”
Conscientes de que es una batalla complicada y de que la tramitación en el Tribunal Supremo es lenta, la plataforma En-Colectivo, que se adhirió al recurso de casación planteado por la Fiscalía, tiene sus esperanzas puestas en esta nueva fase que afrontará el procedimiento judicial. “Confiamos en que el Supremo estudie con detenimiento el asunto; el recurso del Ministerio Público está muy bien argumentado y, junto a la prueba documental, las pruebas testificales [las declaraciones en la vista de varios de los conductores afectados] fueron demoledoras”, valoraba ayer Diego Maraña, responsable de dicha plataforma, que recordaba que, tras una primera sentencia condenatoria que sin embargo no estimaba íntegramente todos sus alegatos, la resolución absolutoria posterior de la Audiencia Provincial de Pontevedra supuso un auténtico “jarro de agua fría”.
En-Colectivo está representado en este procedimiento por los letrados Antonio Heredero González-Posada y Juan Ramón Camacho Vázquez, socios de Balms Abogados. “Los consumidores se vieron claramente afectados por estas obras”, afirma Camacho, que explica que la competencia para el recurso ahora en trámite ha recaído en la Sala de lo Civil del Supremo y que espera que los alegatos de la acusación prosperen en esta vía de casación.
Tras el primer juicio celebrado antes de que el juzgado de lo Mercantil dictase sentencia, fue en la segunda vista, la que hubo en la Audiencia de Pontevedra, cuando comparecieron por primera vez conductores que se habían visto perjudicados en numerosas ocasiones por los kilométricos atascos que se produjeron en la AP-9 durante la época de las obras. “Las retenciones se producían prácticamente a diario”, relataron ante los magistrados. Fueron concretamente cinco testigos que detallaron también los perjuicios que sufrieron a raíz de dichos colapsos, que le afectaron al trabajo o a su vida personal. “Rande era un embudo”, describió en la sala de vistas uno de los automovilistas.
