La privatización de la sanidad gallega avanza a menor ritmo que la media estatal

La privatización de la sanidad pública avanza en España, aunque de modo heterogéneo en las diferentes comunidades, poseedoras de las competencias en materia de salud. En este contexto, Galicia mejoró durante el último año su situación en el ranking autonómico que elabora la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FASP), como revela en un informe específico.

La comunidad logra mejorar cinco puestos en la clasificación –pasa del séptimo al duodécimo–, pero el progreso se produce gracias al “implacable ritmo privatizador” registrado por autonomías como Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana o Asturias. Y es que la comunidad registró, como otras, un deterioro en todas las variables excepto el porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total y el de equipamiento de alta tecnología en hospitales de gestión privada sobre el total.

Denuncia de “deterioro”

El presidente de FASP y portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, apunta, en general, que el estudio refleja cómo “los recortes” en los “sistemas sanitarios regionales han deteriorado la estructura pública, abriendo un espacio muy importante para la sanidad privada”. A su juicio, esta “degradación del sistema público” elevó las dificultades para que quien lo precisa sea visto por un médico, sobre todo al recurrirse “de manera abusiva a las consultas telefónicas y telemáticas”. Eso provoca que más gente acuda a la privada para consultas de medicina general.

Esa es una de las variables analizadas en las que Galicia empeora. Un 20,4% de los ciudadanos acudieron en 2023 a la sanidad privada para citarse con un médico de cabecera, 4 puntos más que un año antes. No obstante, la proporción es inferior a la estatal. A pesar del deterioro en la mayoría de factores estudiados, la comunidad se mantiene por encima de la media excepto en el gasto sanitario de bolsillo per cápita. Los gallegos desembolsaron 549 euros en 2023 en gastos en los que se incluyen aquellas consultas o pruebas realizadas con profesionales de la sanidad privada fuera de los cauces de los seguros médicos, un 9% más que el promedio estatal.