Laboratorios apremian a las constructoras a testar la eficacia de las barreras contra el radón

Laboratorios acreditados en España para la medición del gas radón, que en Galicia son dos, apremian a arquitectos y constructoras a completar el chequeo fijado por ley tras edificar viviendas, que ya incluye medidas contra este gas potencialmente cancerígeno. Es decir, que midan luego con equipos supervisados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) que la concentración de radón no supera los 300 bequerelios por metro cúbico. O, lo que es lo mismo, que comprueben la eficacia de esas barreras recién implantadas, tal y como les obliga el Código Técnico de Edificación.

Una reunión ayer entre estos organismos acreditados en España, en su mayoría públicos, en la que participó el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Alberto Ruano, coincidió en el bajo número de demandas existentes. “Lo que dice la norma es que, además de implantar medidas, debe verificarse luego por parte de un laboratorio acreditado”, completa. El caso de un arquitecto municipal de la zona de O Salnés, que solicitó esta verificación para otorgar una primera licencia de ocupación de viviendas es uno de los primeros que consta al laboratorio que lidera Ruano.

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Las nuevas viviendas construidas en los casi 290 concellos gallegos con alto índice de radón –entre los que se encuentran Pontevedra, Baiona, Vigo, Gondomar, Redondela, Tui o Lalín entre los 59 de la provincia de Pontevedra– tienen que incorporar a su estructura un “sistema de barrera de protección”, que impida el paso de este gas procedente del terreno, además de favorecer el flujo de aire: una solera ventilada y lámina anti radón. Esta protección anti radón también debe de aplicarse, atenuada con otras medidas –como sellado de grietas y juntas, por ejemplo– en rehabilitaciones integrales de casas. Y también se fijan unas intervenciones más sencillas para las casas nuevas en aquellos municipios con unos niveles medios de radón –como serían Melide, Ribadeo, Verín o Salvaterra de Miño, por ejemplificar con un concello de cada provincia–.

Así lo establece para todos los municipios afectados por el radón en España el Código Técnico de Edificación que, en su documento básico de salubridad dedica casi 40 páginas a la sección HS6 de protección frente a la exposición al radón”. Esta norma también fue recogida por el recientemente aprobado Plan Nacional de Radón, que incluyó estudios del citado equipo de la USC.

Los edificios nuevos ya implementan estas medidas de seguridad e incluyen tanto láminas anti radón como sistemas de ventilación, asegura el presidente de la Federación Gallega de la Construcción, Diego Vázquez. Una carestía que se traslada ya a los proyectos constructivos y, aunque no es baladí, “tampoco es nada prohibitivo”. En aislar con láminas anticontaminación, por ejemplo, fuentes consultadas cifran en unos 4.000 euros una planta de 100 metros pegada al suelo; mientras que el Instituto Galego de Vivenda e Solo cifra en unos 2.000 euros –en caso de rehabilitaciones– el coste de una arqueta de succión del radón.

“En una vivienda unifamiliar el coste es mayor que en una vivienda en altura”, comenta el presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP), Miguel Caruncho. “Estamos aplicando todas las normativas vigentes”, insiste sobre las nuevas edificaciones, incluida la anti radón. ¿Se comprueba luego? “Depende del Plan de control de calidad de cada obra, de lo que esté marcado por el proyectista, pero no se ensayan todos los materiales que están ya garantizados”, expresan.

FARO también ha consultado al Colegio de Arquitectos de Galicia, a quien aseguran que ya se han dirigido previamente desde el Laboratorio del Radón gallego. El coordinador de la Oficina de Apoio á Rehabilitación del COAG, Eduardo Alonso, cree que “en la mayor parte de los casos sí se están haciendo mediciones a posteriori”. De hecho, Alonso asegura que ayer mismo vio a un compañero de Mugardos realizando los citados ensayos. “Es un control más de los que se tienen que acreditar por parte de la obra...”, indica conocedor del apartado HS6 del Código Técnico de Edificación.

Cien euros

“No nos llegan estas solicitudes de arquitectos. No sé qué está pasando, porque la norma fija que se realice con laboratorios acreditados; también puede ser que midan con dispositivos que se pueden comprar por internet”, comentaba antes Ruano. Esta cuestión tampoco parece esconder fines económicos, puesto que la medición del gas radón asciende –aseguran– a unos 100 euros. Un importe bastante bajo si se compara con los costes constructivos de las barreras de protección anti radón.

No es la única de las novedades que ha traído la nueva aplicación legal: a partir de junio los puestos de trabajo que se encuentren en planta baja o sótano deberán de contar con una medición –también– de la concentración de radón por metro cúbico. Es más, la normativa contempla que se podría incluso multar a las empresas donde las plantillas se encuentren trabajando expuestas a niveles altos de radón.

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En el año 2021 el Ministerio de Sanidad encargó a Ruano y su equipo estimar cuántas muertes podía provocar la exposición al radón en España. “Un 4% de todas los fallecimientos por cáncer de pulmón se debían al radón; pero en Galicia y Extremadura este porcentaje subía al 7%”, recuerda.

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Solo cuatro de cada diez personas han adoptado alguna medida para protegerse del gas radón. En Galicia, un 70% de la superficie es zona de alto riesgo. Es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón entre personas fumadoras y la primera entre no fumadoras.

Sin embargo, sus riesgos son escasamente conocidos y los esfuerzos de comunicación de riesgo para mitigar sus efectos no han demostrado la eficacia esperada.

La catedrática de Periodismo Berta García Orosa, investigadora del Grupo Novos de la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), encabeza una investigación financiada por el Consejo de Seguridad Nuclear que busca conocer la percepción del riesgo del radón.

A pesar de que los encuestados manifiestan un interés medio-alto por estar informados de lo que ocurre en su entorno y en el mundo (5,42 sobre 7), los ciudadanos que dicen haber recibido información sobre radón a través de los medios de comunicación son el 31%. Los resultados de la investigación alertan de que la población ha adoptado medidas escasas para protegerse de este gas (solo el 45% adoptó alguna).

La medida más común es mejorar la ventilación del edificio (30%), seguida del aumento de ventilación del forjado (21%), evitar que se filtre el gas desde el sótano (15%), sellar pisos y paredes (13%) e instalar un sistema de evacuación mecánica del radón en el sótano o bajo los pisos sólidos (10%). Los datos son todavía más llamativos porque la población tiene un conocimiento moderado sobre este gas. Saben que es un gas (83%), que es invisible a simple vista (67%) e inodoro (42,9%); que puede encontrarse en el suelo (54%) y en el agua (24,5%), pero no al aire libre (33%). No obstante, respecto a las medidas para reducir sus efectos, el desconocimiento es mayor, pues el 75,4% cree que se puede bajar evitando vivir cerca de fábricas contaminantes, mientras que las medidas efectivas son conocidas por menos de la mitad de la población. El conocimiento en las comunidades con alta incidencia de radón es mayor.

El 77% de los participantes en las comunidades más afectadas reconoce el radón como carcinógeno, mientras que en el resto de territorios solo lo reconoce el 68,8%. También se identifica que los hombres manifiestan mayor nivel de conocimiento sobre el radón, al igual que la ciudadanía con mayor nivel formativo.Para el estudio se realizaron 1.985 entrevistas. Y la muestra se complementó con respuestas adicionales en los territorios más afectados (Galicia, Extremadura y Madrid).

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