El “encaje de bolillos” de la nueva FP

En menos de cinco meses, todo el alumnado, incluido el de FP, regresará a las aulas. Los que empiecen un ciclo formativo, es decir, quienes cursen primero, estrenarán los cambios derivados de la nueva ley que regula estas enseñanzas y ahora mismo cada comunidad se las arregla como puede, contra reloj –en el caso de Galicia con grupos de trabajo con el profesorado–, para cumplir el calendario de implantación. En teoría, los centros deberían saber en junio qué les espera al regreso de vacaciones para planificar horarios, materias, contenidos y cupos de docentes, pero esta vez habrá que hacer, admitió esta semana la directora xeral de FP de la Xunta, Eugenia Pérez, “encaje de bolillos” porque la reforma trae consigo módulos nuevos –las asignaturas de los ciclos– que hasta ahora se impartían transversalmente en otros profesionales y a los que toca buscar acomodo.

Así lo advirtió esta semana en FP Innova la directora xeral de FP autonómica en la mesa redonda “Claves para a Formación Profesional do futuro”, compartida con sus homólogos de Cantabria, Cristina Montes Barrio; Castilla y León, Agustín Francisco Sigüenza; Extremadura, Pedro Antonio Pérez Durán; y Cataluña, Mercè Chacón. En relación a materias como Digitalización –que toca en 2º– y Sostenibilidad –que se estrena este año–, la responsable de FP gallega indicó que ya se abordaban de forma transversal en muchos módulos de cada familia profesional y el darles entidad propia “supone un nuevo reto que afrontar por el profesorado porque va a tener que dar más o menos lo mismo, pero dividido, y eso es un problema”. Además, a su juicio, “un módulo de Digitalización de 30 horas no va a suponer un avance importante en la digitalización de un alumno”, si bien reconoció la demanda de estos conocimientos por parte de las empresas. Su homóloga cántabra, Cristina Montes, advirtió contra las prisas. “Los cambios necesitan madurez. Si les voy a pedir a los docentes que impartan nuevos módulos, necesitaré hacer formación”, alegó, porque, al tener entidad propia, hay que “darles contenido”.

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Críticas a la precipitación de la implantación de la ley

En el encuentro sobre el futuro de la FP no solo salieron a relucir las asignaturas nuevas, incluido el Inglés profesional, que en Galicia ya se imparte y cuya oportunidad defendió la representante de la Xunta por contar con un tejido productivo tan internacionalizado como el gallego, sino también una preocupación generalizada por la precipitación con la que se está implantando la ley. “Tenemos un buen sistema que había que mejorar, sobre todo adaptarlo a las nuevas circunstancias derivadas de la transformación verde y digital”, concedió Agustín Sigüenza, pero apeló a hacerlo con “sosiego y prudencia”.

Los altos cargos –cuatro de ellos de comunidades gobernadas por el PP– coincidieron en reprobar que esta carrera contra el calendario, en la que Cataluña aboga por introducir cambios con “racionalidad”, se produce sin la orientación del Gobierno. El Ejecutivo central, censuran, debería haber publicado el 1 de septiembre de 2023 la normativa que permite desarrollar la nueva ley de FP, pero aún no lo ha hecho. El resultado, advierten, compromete, por un lado, el éxito del modelo –al menos en comunidades como Galicia, si se considera la cifra de alumnado y su inserción, aduce la Xunta–, y, por otro, como avisaron los directores generales de FP de Castilla y León y de Cantabria, ese vacío legal puede dar origen a 17 sistemas de FP diferentes porque cada comunidad se afana por solventar la situación de “incertidumbre”, e incluso de “inseguridad jurídica”, para asegurarse de que los centros puedan funcionar en septiembre y para “no perjudicar al alumnado”.

Consenso y solidaridad

“Nos preocupa el consenso de los modelos porque sin tiempo va a haber 17 modelos autonómicos y eso no nos parece que trabaje en un sistema de éxito como es el que hay”, indicó Cristina Montes, quien abogó por un calendario “más flexible pensando sobre todo en las comunidades” con “menos recursos”. La demanda la compartió su colega extremeño, quien puso el acento en el “estrés” que generan en el sistema tantos cambios “en tan poco tiempo”. Pedro Pérez lamentó igualmente que, a la hora de impulsar la dualización, es decir, la apuesta por una mayor formación práctica y ya desde primer año si es posible, la ley “no” haya sido “solidaria con los territorios” al no contar con que existen “barreras” derivadas de los problemas de movilidad en comunidades como la extremeña, con una “importante” dispersión geográfica, que pueden complicar el acceso a las empresas para hacer prácticas.

La necesidad de contar con las empresas

El de contar con empresas suficientes para llegar a las horas de prácticas que marca la nueva ley y el cómo articular esa convivencia entre centro y empresa, además de la cotización del alumnado, también ha generado inquietud en centros de FP gallegos. No son los únicos: en Cantabria sucede lo mismo y en Castilla y León, advirtió Agustín Sigüenza, tienen 121.000 empresas y 84.000 son autónomos. “¿Cuál es la capacidad formativa del tejido productivo para que sea capaz de asumir la responsabilidad que la ley le otorga?”, se preguntó, para añadir que ese cambio puede ser “positivo, pero requiere mucho tiempo”. Mercè Chacón comparte que no está “bien resuelto” cómo se implica la empresa en el sistema.

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Por su parte, a la responsable de FP gallega le preocupa no solo encontrar problemas para desarrollar la filosofía dual que se generaliza en la nueva FP, sino también mantener la “confianza” de las empresas enviándoles alumnado preparado. “Sí a mayor contacto con la empresa, sí en primero, pero no obligatorio”, reivindica. Porque hasta ahora, alega, existía un “filtro”: era alumnado que había superado los módulos profesionales, pero ahora ese filtro, dice, “desaparece”.

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