Sandra Ortega reclama a la Xunta más personal para atender a adultos tutelados

La Fundación Paideia, a través de su presidenta, la empresaria Sandra Ortega Mera –hija de Amancio Ortega–, ha demandado a la Xunta más recursos humanos y mejora de la coordinación para la atención a adultos tutelados al considerar que la falta de personal está implicando “una desatención importante a personas muy vulnerables”. Según explicaron a Europa Press fuentes de la fundación, en noviembre de 2020 se mantuvo la primera reunión entre la fundación y la conselleira de Política Social, Fabiola García, para trasladar la “preocupación” desde la entidad por el funcionamiento de la Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga).

“Provocado principalmente por la falta de recursos humanos que implicaba una desatención importante a personas muy vulnerables”, especificaron sobre el contenido del encuentro.

Con posterioridad, en abril de 2021, Paideia promovió un grupo de trabajo con diferentes entidades sociales y Funga “con el objetivo de mejorar la atención de las personas tuteladas”. “Se buscaron modelos en otras comunidades para que pudieran aportar mejoras y otras maneras de hacer”, precisaron.

De este grupo de trabajo salieron propuestas que se presentaron en una nueva reunión mantenida en marzo de 2023 con la conselleira de Política Social en la que, añadieron, se solicitaba que Funga se adaptase a la nueva legislación y se planteó la posibilidad de crear delegaciones “para dar un mejor servicio a los y las tuteladas”.

También se propuso “incorporar el perfil de un economista para hacer una mejor gestión de los presupuestos, copiando el modelo de otras entidades públicas similares”, así como crear una comisión de profesionales de diferentes ámbitos “para poder trabajar cuestiones que están generando dificultades con la aplicación de la nueva Ley 8/21”.

Desde Paideia, indicaron que en la última carta enviada por Sandra Ortega, el 10 de octubre, a la conselleira se aludía a la “falta de solución” de los problemas planteados, entre ellos que los estatutos de la Fundación Pública Galega no estén adaptados a la nueva legislación, “cuando sí lo han hecho las entidades privadas”.

También aludía al hecho de que los protocolos de coordinación con otras entidades sociales acordados con la Funga “sigan sin ser aplicados” por la propia fundación pública pese a buscar, “facilitar y agilizar los trámites de las personas tuteladas que están en centros de otras entidades sociales en diferentes situaciones como ingresos médicos, salidas de los centros o fallecimientos”.