El Congreso debatía sobre el proyecto de la Ley de Costas después de que el Gobierno omitiese un apartado sobre la subida de los mares provocada por el cambio climático. El diputado popular Rafael Hernando, todavía sin el cargo de portavoz del grupo parlamentario, se subía a la tribuna para desafiar los reproches de la oposición: "A mi me gustaría que alguien me hablara y predijera los efectos del cambio climático alguna vez".

Aquello sucedía en 2012 y Hernando acabó comparando las predicciones "eco-comunistas" del calentamiento global con la predicción maya del fin del mundo, que coincidía con ese año. Pese a las palabras del diputado, la Unión Europea había aprobado cuatro años antes el Paquete de Energía y Cambio Climático. El objetivo para 2020 era, entre otras cosas, lograr una reducción del 20% en los gases de efecto invernadero respecto a 1990.

"La Ley de Cambio Climático y Transición Energética garantizará y facilitará que se alcancen los compromisos internacionales ya asumidos por España", avanzaba la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, hace solo una semana. La normativa se encuentra aún en fase de redacción y se ha ido construyendo a partir de un innovador proceso participativo, con página web incluida. Sin embargo, a solo dos años de 2020, España está lejos de alcanzar el objetivo europeo.

En el último año con datos disponibles (2015), España no solo no logró reducir las emisiones de CO2 -principal gas con efecto invernadero- en un 20%, sino que las aumentó en un 17%. Galicia es una de las cuatro comunidades autónomas que consiguió bajar la expulsión de dióxido de carbono a la atmósfera, si bien lo hizo en solo un 1%, según recoge el Observatorio Sostenibilidad a partir de datos del Ministerio.

Extremadura, Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía han aumentado sus niveles de contaminación en más de un 40% desde 1990. Esta última y Cataluña lideran las emisiones, con un 14% cada una, seguidas por Castilla y León y Galicia, con un 10% y un 9%, respectivamente. "Las comunidades que más gases emiten son las que tienen mayor presencia de centrales eléctricas basadas en el carbón y de industrias pesadas", explica el informe del Observatorio.

Frente a las emisiones fijas se encuentran las difusas, que corresponden a los transportes o al consumo de los hogares, como la calefacción. En Galicia son minoría respecto a las de las industrias, representando un 46% del total emitido, al contrario que en el conjunto estatal, donde seis de cada diez toneladas expulsadas proceden de los coches y hogares.

Las recomendaciones del Observatorio Sostenibilidad para alcanzar los objetivos se basan en una descentralización de la gestión. "Las comunidades autónomas deben asumir sus responsabilidades para poner en marcha una agenda propia hacia la descarbonización. Tienen una responsabilidad más directa sobre las emisiones de los sectores difusos", explican.

"Los esfuerzos de las comunidades y ciudades pueden ayudar a marcar el comienzo de un movimiento de reducción de emisiones", continúa el Observatorio, que entiende que la política energética descentralizada tendrá consecuencias "a escala global y podrán ayudar a evitar un colapso completo en los sistemas climáticos de la Tierra".