La jueza declara que hubo cesión ilegal de trabajadores de Faurecia a Madera Fiber

Hubo cesión ilegal de trabajadores de Faurecia a Madera Fiber. Así lo acaba de determinar en su sentencia el Juzgado de lo Social número 7 de Vigo, atendiendo a la demanda planteada por 32 empleados de la antigua filial de la multinacional francesa en O Porriño. La magistrada encarga del caso falla a favor de la plantilla denunciante, que pasa a ser personal fijo de su antigua compañía, y abre la puerta a que el resto de los profesionales afectados, 103 en total, también acaben siendo subrogados. Sobre el auto, no obstante, todavía cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

“Los 32 demandantes trabajadores, antes y desde el momento de la venta de Faurecia Interior Systems España a Madera Fiber, desarrollaron las mismas funciones y trabajan para los mismos clientes que ya trabajaban con anterioridad, entre ellos Faurecia. Así, desde que es vendida la planta de O Porriño a la nueva empresa Madera Fiber no ha habido ni nuevos proyectos ni tampoco nuevos clientes”, indica la jueza en su escrito, que se sustenta sobre las múltiples pruebas, declaraciones de testigos e incluso un informe de la Inspección de Trabajo avanzado hace meses por FARO en el que se advertía esta situación.

Faurecia urge liquidar Madera Fiber: en la fábrica hay piezas exclusivas que necesita

Madera Fiber, sociedad a la que Faurecia traspasó el 1 de enero de 2022 las instalaciones y los 103 trabajadores de su antigua filial en O Porriño, cayó en concurso voluntario menos de dos años después, a comienzos del pasado octubre. La unidad productiva de la multinacional francesa llevaba siendo deficitaria desde 2016, acumulando casi 13 millones de euros año a año hasta 2021, y decidió deshacerse de ella y de su plantilla. Faurecia entregó la carga social de su fábrica gallega a Madera Fiber, en manos del fondo buitre alemán Callista y que sirvió de vehículo para fraguar la operación, con la que evitó tener que cerrar y hacer frente a una millonaria indemnización por despidos. Pero antes de hacerse efectiva la venta, por un euro, el grupo galo se garantizó el suministro de las piezas que seguía necesitando a través de un contrato que asfixió a su planta, condenada a la quiebra desde su transmisión.

El Juzgado de lo Social número 7 de Vigo tumba cada una de las alegaciones presentadas por la representación legal de Faurecia Interior Systems España, que incluso trata de apuntar a la prescripción de los hechos. Asimismo, da la razón a los 32 empleados de la antigua filial de la multinacional francesa en O Porriño, representados por el bufete gallego Vento Abogados: “Tras la venta, los trabajadores siguen no solo utilizando las mismas ropas y etiquetas que utilizaban con Faurecia, si no la misma maquinaria específica que Faurecia aportaba para aplicar el modelado final de las puertas o consola central de tal o cual marca de vehículos”.

El control de Faurecia

Era, pues, todo igual. Lo único que cambió es que la fábrica gallega se fue a pique y con ella sus profesionales, como consecuencia de un entramado que acabó por descapitalizar la planta. Como recoge la sentencia, de la prueba practicada se desprende que concurre la figura de cesión ilegal porque no existe “diferenciación clara” de métodos de trabajo, de actividad productiva, de elementos de gestión de recursos humanos, e incluso de control del trabajo entre Faurecia y Madera Fiber.

“Es esencial destacar que las empresas codemandadas Madera Fiber —vehículo empleado para fraguar el traspaso de Faurecia a Callista–, Callista –el fondo buitre alemán que contribuyó a vaciar la empresa– y RW Future Tech –a la que posteriormente Callista vendió Madera Fiber, y que pidió el concurso voluntario de la sociedad– no acreditan que no hay control empresarial por parte de Faurecia”, concluye la jueza.

Inspección constata la cesión ilegal de los 103 exempleados de Faurecia en O Porriño

El auto sigue los pasos que en su día dio, como avanzó este periódico, la Inspección de Trabajo. En una visita realizada por una funcionaria el pasado verano, con el objetivo de conocer de primera mano la situación de la planta gallega, se determinó que las nuevas propietarias de las instalaciones de las que se deshizo Faurecia no pusieron en juego “una verdadera organización empresarial para el desarrollo de una actividad productiva con existencia autónoma e independiente de Faurecia”. De hecho, siguieron operando “con los mismos medios humanos y materiales, sin asumir una propia dirección y gestión, y conteniéndose el riesgo empresarial al que se ve asumido Madera Fiber por el respaldo económico de Faurecia”.

La sentencia, victoria innegable para los trabajadores, llega cuatro meses y medio después de que se celebrase su juicio en la Ciudad de la Justicia, el pasado noviembre. En el pleito, hasta el administrador concursal solicitó a la magistrada encargada del caso que estimase la demanda presentada por los empleados; decretando que sí se produjo una cesión ilegal y anulando así su traspaso para que el gigante francés de la automoción vuelva a hacerse cargo de su antiguo personal, ya sea reincorporándolo en otros centros operativos o abonando las indemnizaciones que en su momento consiguió eludir con la transferencia de su unidad productiva en O Porriño. Todo parece indicar que se decantará por la segunda opción, pero al menos no correrá a cargo del Fondo de Garantía Salarial.

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