Galicia solo instaló el 7% de la nueva eólica desde la resurrección del sector en 2018

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió su, de momento, última suspensión de un proyecto eólico el pasado 22 de noviembre. Afecta al parque Campo das Rosas, de 25,56 megavatios (MW), promovido por Naturgy Renovables en los concellos de A Estrada, Campo Lameiro y Cerdedo-Cotobade. Los magistrados de la sección tercera de la Sala del Contencioso-administrativo evocan las mismas razones que dieron en “otras ocasiones” desde su primer fallo en enero de 2022 para la anulación del permiso de la Xunta a la repotenciación de EDP al parque Corme, revocada ahora por el Tribunal Supremo. La transcendental sentencia publicada la pasada semana avala la tramitación tal y como se venía haciendo, sin la obligación de exponer a la vez el análisis de impacto ambiental y los informes sectoriales que elaboran otros organismos públicos para el examen de los proyectos –el alto tribunal niega, como sostiene el TSXG, que las normativas europea y española de evaluación obliguen a hacerlo así–; y, además, tampoco ve problema en este caso concreto a la reducción de 30 a 15 días en el plazo de consultas.

Hay miles de recursos administrativos y un centenar de contenciosos abiertos contra más de la mitad de los parques autorizados por la administración autonómica, a la espera de ver cómo actuará el TSXG tras la jurisprudencia fijada por el Supremo y la decisión también del Ejecutivo gallego de considerar a las instalaciones renovables de “interés público superior”, siguiendo el dictado de las autoridades comunitarias.

El Supremo avala la tramitación eólica en Galicia y evita el shock renovable en España

Tanto la Xunta como la Asociación Eólica de Galicia (EGA) ven en el posicionamiento del alto tribunal la puerta abierta por fin al despegue del sector para cumplir con la descarbonización de la economía y alimentar a todas las iniciativas industriales que aspiran a implantarse en la comunidad. La creciente oposición de plataformas sociales, evidenciada en el aluvión de recursos, y el bloqueo judicial son la enésima piedra en el camino para un sector que no acaba de levantar cabeza desde la polémica reforma energética impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 que aniquiló las primas a las tecnologías renovables y por el atasco administrativo que llevó a la Consellería de Economía a decretar una inédita moratoria de año y medio a la presentación en ventanilla de nuevos proyectos.

Galicia acaba el año con 3.887,3 MW de eólica operativos, la misma potencia que tenía hace un año. Van dos seguidos sin ninguna nueva instalación y cuatro de variación anecdótica, a pesar de la resurrección del viento como fuente de energía limpia en otros territorios. Fue a partir de 2017, con el lanzamiento de las subastas de potencia desde el Gobierno central. Con esas pujas el volumen de la eólica en la comunidad creció en 486 MW a lo largo de 2018 y 2019. Desde entonces se engancharon otros 82 MW. Un incremento total de 568, tan solo el 7% de la potencia incorporada en el conjunto del país: 7.623 MW.

El músculo eólico en España creció un 33% desde 2018, hasta rozar los 30.700 MW en la actualidad, según los últimos datos publicados por Red Eléctrica, el operador del sistema. En Galicia aumentó la mitad, el 17%, y bajó al cuarto lugar entre las principales regiones eólicas del país. Castilla y León superó los 6.600 tras enganchar casi 1.100 MW nuevos en los últimos seis años; Aragón asumió casi 3.300 MW y tiene encendidos en estos momentos 5.230; Castilla-La Mancha llega a cerca de 4.900 MW después de añadir 1.077.

¿Cómo está la cartera del sector en Galicia a día de hoy? Además de los 3.800 MW en operación, hay otros 7.475 con acceso a la red aprobado –incluidos los 75 parques con una potencia conjunta de 1.961 MW autorizados por la Xunta en la última criba de abril para evitar que perdieran el enchufe a la red eléctrica– y 4.200 MW más en trámites para conseguirlo.

El Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España que acaba de publicar la patronal del sector, AEE, con el balance de 2022 reafirma la parálisis vivida en Galicia, fuera de los territorios de expansión. En ese ejercicio se instalaron 1.640 MW en todo el Estado, “cifra que se encuentra entre las tres mejores de los últimos 10 años”. Castilla-La Mancha concentró la mitad de toda esa nueva potencia, seguida de Aragón (29,4%), Castilla y León (6,3%), Cataluña (4,3%), Canarias (3,2%), Navarra (3%), Asturias (2,4%) y Andalucía (1,2%).

A finales del pasado año existían en España 1.345 parques, 48 más que en 2021, ubicados en 1.053 municipios. Galicia reunía 183 complejos de aerogeneradores, la tercera región con más instalaciones por detrás de Castilla y León (276) y Aragón (187).

Suscríbete para seguir leyendo