El alza de precios arrastra a pesqueras a una crisis de tesorería: “Vienen tiempos difíciles”

La merma en márgenes se suma al cierre de Malvinas o el descenso de la cotización del gambón

Atunlo, principal operador en atún, negocia una reestructuración de su deuda

Empleado en una factoría pesquera gallega.

Empleado en una factoría pesquera gallega. / Iñaki Abella

Lara Graña

Lara Graña

La industria gallega es la principal compradora del langostino entero que aporta el fértil caladero de Argentina. Un país que ha atraído, en los últimos años, multimillonarias inversiones de las principales operadoras del sector, con apuestas claras de Grupo Iberconsa, Profand, Wofco o Videmar. Enredada en una hiperinflación astronómica –su Banco Central computó una subida interanual del 124% en agosto–, los costes operativos de la flota y las fábricas no dejan de aumentar y, por contra, la demanda no está respondiendo. En lo que va de año, la cotización media que se ha pagado por tonelada de langostino no alcanzó los 5.500 dólares, extraordinariamente baja para una especie de estas características.

“La alimentación está notando que el cliente se pasa a productos más baratos”, apunta un directivo de la industria. Y esta, la del langostino (o gambón), es una de las piedras en el camino del sector transformador de productos pesqueros. Pero sólo una de ellas. Han aflorado una conjunción de factores exógenos –como este de Argentina– e internos de las propias empresas que están arrastrando a múltiples operadoras a una severa crisis de tesorería. Mucho más allá del caso Fandicosta, que ayer desveló FARO. “Se avecinan tiempos complicados”, ratifican fuentes financieras.

El pasado ejercicio ya fue agitado. La escalada de costes operativos –la energía ya había dado sustos antes de la andanada bélica de Vladímir Putin– supuso un tijeretazo en los márgenes de las empresas. Así que para este 2022 había un objetivo claro: tratar de recuperarlos. “Hay mucha dificultad a la hora de trasladar el incremento de costes a precios finales”, abundan en la industria. Tanto Fandicosta como Pescanova reflejaron, por ejemplo, en sus últimas memorias anuales, una estrategia de renegociación con el retail (la distribución minorista, los súpers) para poder cobrar más por sus productos. La negativa del Gobierno a extender la reducción del IVA al pescado, coinciden en el sector, ha terminado por expulsar a una parte sustancial de los consumidores. “Ya no lo consideraban una proteína barata, pero ahora todavía menos”. Una percepción que se ha extendido al atún y que ha afectado a la viguesa Atunes y Lomos (Atunlo), la mayor operadora del país. Según pudo saber FARO, y confirmaron desde la dirección del grupo, “la importante subida de costes de todo tipo y la reducción de consumo ha tensionando la situación de tesorería”.

Atunlo está participada íntegramente por Comercial Pernas (Coper) y la vasca Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca), después de la salida de Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa) del accionariado a comienzos de este año. Las dificultades por las que atraviesa, como las del grupo que comanda Ángel Martínez Varela, también son ampliamente conocidas en el sector. “La solución –anticipa la compañía– llegará en los próximos días”. Ha iniciado un proceso de reestructuración de la deuda con las entidades financieras para revertir este cuello de botella. “El problema esta enfocado, el mapa de cobros y deuda y necesidades reales de caja definido por un asesor externo ya desde hace semanas”, apostillan desde la sede central de Atunlo, en Beiramar. En el último ejercicio fiscal, la pesquera facturó 218,6 millones de euros con 49.000 toneladas comercializadas. En España, cuenta con instalaciones productivas en O Grove, Cambados y Santoña; es socia de Central Lomera Portuguesa (con Marfrío) y también dispone de factoría y logística de frío en el puerto caboverdiano de Cabo Verde.

Contagio

Entidades financieras confirman a FARO que hay impagados entre algunas de las grandes referencias de la industria, en ocasiones por pagarés cruzados –entre proveedoras y clientes–, y un consiguiente riesgo de falta de abastecimiento. “Muchas de las operadoras dependen casi en exclusiva de la importación, y para eso necesitas líneas de financiación sí o sí. Si resulta que te tumban los precios o no das salida al stock, el problema solo puede ir a más”, constata otro directivo consultado. Según pudo constatar este periódico en fuentes de toda solvencia, las dificultades de tesorería se extienden a día de hoy por al menos media docena de grupos industriales (uno de ellos, en la provincia de A Coruña): suman un volumen de ingresos próximo a los 770 millones de euros.

Esos vientos en contra también soplan desde el caladero malvino, desde Namibia y, cómo no, desde la sede en Frankfurt am Main del Banco Central Europeo (BCE).

Por partes.

En las Falkland (Malvinas, para los argentinos) faenan 16 buques de capital gallego, con una flota parcialmente renovada. Pagan licencias –este año subieron un 12%, precisamente– para faenar el siempre codiciado calamar loligo. La segunda de las dos campañas del año arrancó de manera tan desastrosa que, como incluso defendían las propias pesqueras, la administración de Port Stanley decretó el cierre del caladero. En la primera marea, el arrastrero Sil obtuvo unas 4.000 toneladas y fue el más prolífico en capturas; repitió posición en el ranking en la segunda, con apenas unas 1.200. Son cifras que dan una idea del descalabro.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Empresas Pesqueras de las Islas Falkland (Fifca, por sus siglas en inglés), James Bates, ha avanzado que intentarán obtener un reembolso por el coste de las licencias, que entre toda la flota superó los 13 millones de euros. No hay buenos precedentes que hagan pensar que el Gobierno malvino aceptará esta petición. El reembolso sería, en todo caso, paliativo, en comparación con la merma en la facturación de las armadoras que operan en el caladero y que han promovido construcciones de última generación como el Falcon, Monteferro o Argos Cíes. Hay tres arrastreros más en fase actual de construcción. En las Falkland operan compañías participadas por las viguesas Chymar, Copemar, Pescapuerta, Pereira, Lafonia y Marfrío. En Namibia, la nómina de players de capital gallego no es más pequeña, y la errática política gubernamental de asignación de cuotas también ha puesto en aprietos al sector. Grupo Iberconsa, Nueva Pescanova, Pereira o Copemar son algunos de los referentes en el caladero, básico para el aprovisionamiento de las líneas de elaboración –profusamente modernizadas para dotar a la materia prima de mayor valor añadido–, con buques tanto congeladores como fresqueros.

El caso Fandicosta

Fandicosta es un grupo que engloba, además de la matriz con sede en Domaio –con salas de elaboración y logística de frío–, las sociedades Casa Botas, Peixemar y Bonfrig, con instalaciones en Vigo y Vilagarcía. También participa, en un 50% con la canguesa Gandón SA, en la argentina Pesquera Cruz del Sur, con dos buques poteros. Como expuso FARO, el equipo del experimentado Martínez Varela trabaja a marchas forzadas para cerrar una reestructuración de todo el holding, también con problemas de tesorería. En su caso, desencadenados por la reducción de márgenes y una elevada deuda. El suyo no es un trabajo quirúrgico, ya que la solución pasa por una actuación de amplio espectro, incluida la venta de sus activos. El despacho Garrigues y la auditora Deloitte dirigen el proceso, en el que participan también las entidades financieras y la Xunta.

El Gobierno gallego posee, a través de Sodiga, el 12,15% de la cabecera del conglomerado. “Se está trabajando con la propiedad para buscar una solución, con el doble objetivo prioritario de garantizar la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo”, apuntaron fuentes de la Consellería de Industria, que dirige María Jesús Lorenzana. “El interés es máximo, por la relevancia de la compañía y por la participación pública”. El capital de inversión de Sodiga en Fandicosta asciende a tres millones de euros.

Para su grupo trabajan en Galicia, sin contar con los picos de producción y la demanda asociada de empresas de trabajo temporal, unas 350 personas. Cerró el pasado ejercicio fiscal con ventas por 290 millones de euros y 55.193 toneladas comercializadas. Es la quinta firma de España por volumen de ingresos.

Una industria líder con récords en ventas y centrada en aportar valor

Con los resultados consolidados del ejercicio 2022 –Nueva Pescanova cierra su año fiscal en marzo–, la industria pesquera de Vigo y área copó, por primera vez, los diez primeros puestos del ranking nacional por volumen de ingresos. Y las veinte mayores operadoras gallegas batieron también su récord con ventas por 5.100 millones de euros, como analizó FARO en el listado que elabora cada año.

De modo que fue un periodo fructífero, en el que se recogió un ingente esfuerzo inversor y se constató que los objetivos se están cumpliendo: reforzar su presencia en origen, verticalizar procesos, apertura a nuevos mercados, producción con valor añadido y cristalización de proyectos en marcha, de crecimiento orgánico e inorgánico. En cuanto al top 10, la nómina la volvió a encabezar Nueva Pescanova y la cerró la Interatlantic de Luis Cabaleiro, con segmentos de negocio radicalmente diversos que ejemplifican la realidad de un sector también heterogéneo. La extrema inflación del mercado permitió a las principales operadoras gallegas rebasar esos 5.100 millones a pesar de una caída generalizada en los volúmenes. Esto es, la mayoría de las empresas movió menos mercancía, pero a un mayor precio. El orden por ventas del top 20 –está elaborado con datos aportados por las propias empresas– fue el siguiente: Pescanova, Profand, Iberconsa, Wofco, Grupo Fandicosta, Pescapuerta, Atunlo, Mascato, Pereira, Lanzal, Comercial Pernas, Interatlantic, Frioantartic, Cabomar, Marfrío, Alfrío, Videmar, Pesciro, Congelados Maravilla y Vieira.

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