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La inspección fiscal de la Xunta duplica sus multas hasta los 12 millones de euros

Facenda buscará en redes sociales e internet "información que pueda tener relevancia tributaria" FdV

El Plan general de control tributario de la Xunta priorizó el pasado año “la calidad de la información como herramienta de control”. “Lo que exige la evolución, continua mejora y ampliación de las herramientas y aplicaciones informáticas propias”, según la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), para supervisar las obligaciones fiscales “de manera más eficaz y eficiente”. Las directrices se publicaron esta vez a finales de julio por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus.

En 2020 se detectaron menos infracciones, 349, pero más cuantiosas | La Atriga emplea “big data” para rastrear contribuyentes que tratan de no pagar Patrimonio y Sucesiones

Lo habitual es que la resolución salga en marzo. El organismo apostaba esta vez por engordar las fuentes de donde vienen todos los datos de los contribuyentes, mejorando las que ya tiene y con la búsqueda de otras nuevas, “en especial, la información disponible en internet y redes sociales que pueda tener relevancia tributaria”.

Hacienda utilizará las redes sociales para investigar a los contribuyentes Agencia Atlas

De su análisis surgen las “áreas de riesgo fiscal”, donde hay más posibilidades de que se esté cometiendo un delito. Los objetivos marcados en la planificación se cubrieron de largo: 119,65% de cumplimiento en las tareas realizadas y 224,20% en el objetivo recaudatorio, como consta en la memoria de la Inspección del Ministerio de Hacienda sobre la gestión de Galicia en los impuestos cedidos. Solo en ese tipo de tributos se instruyeron 349 expedientes sancionadores por un importe de casi 12 millones de euros, el doble que en 2019 (5,214 millones).

La labor de control de la Atriga se basa “cada vez más en filtros y cruces informático, cuyos resultados se traspasan a las áreas de gestión e inspección para la realización de las actuaciones correspondientes”, explica la Inspección del Ministerio de Hacienda. Además del Catastro, los archivos notariales o el intercambio “puntual” de información con otras administraciones, la Atriga echó mano de dos herramientas de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) para sus inspecciones. Una es Zújar, que la propia AEAT define como “herramienta informática, instalada tanto en el entorno tradicional como en el de Intranet, que permite el tratamiento de información existente en las bases de datos para la selección de contribuyentes”. Está considerado el cerebro del big data del sistema, el censo fiscal, una inmensa y sofisticada base de datos.

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Con las búsquedas en el Zújar, “complementadas con peticiones específicas a la AEAT a través de correo eléctrico”, se llevan a cabo los planes de inspección específicos en el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones. En el caso del gravamen aplicado a las grandes fortunas, la Atriga también lleva a cabo “análisis de la contabilidad” para comprobar que los que se apuntan la exención prevista para los bienes y derechos “necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional” de su titular realmente pueden hacerlo. De hecho, de las 101 actas levantadas en 2020 por los servicios de inspección de la Atriga en el Impuesto sobre el Patrimonio, 39 se debieron a esta razón.

El control sobre los contribuyentes que tampoco declaran el Impuesto de Sucesiones impulsó 61 de las 144 actas que se formalizaron en el tributo. Para Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el principal medio de investigación es el cruce de fichas notariales con declaraciones presentadas. De sus 185 actas, 135 fueron por hechos imponibles no declarados.

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El número de recursos ante las oficinas técnicas de la Atriga por el resultado de las inspecciones bajó a la mitad el pasado año, de 61 a 31. Las causas fundamentales, según la Inspección del Ministerio de Hacienda, son las valoraciones tanto de inmuebles con de participaciones en empresas –como publicó FARO la pasada semana, arrojaron un incremento del 47% sobre la tasación presentada por los contribuyentes–, que no se admitan algunos beneficios fiscales, la caducidad o prescripción del derecho de la administración a liquidar o sancionar “y la consideración de culpabilidad del obligado en los expedientes sancionadores cuando alegan actuar en base a una interpretación razonable de la norma”.

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En Patrimonio se instruyeron 95 actas de inspección con un importe de 6,7 millones de euros, casi el triple que en 2019 (2,8 millones). En Sucesiones se superaron los 25 millones, el doble que el ejercicio anterior, y 163 actas. Transmisiones Patrimoniales acumuló el mayor número de procesos, 185, pero la cuantía no llegó al millón de euros. ¿Y cuántos expedientes sancionadores abrió la Atriga en 2020? Pues 349, casi un 25% menos que el año anterior, aunque el importe se incrementó un 128%: 11,9 millones de euros.

Además de los recursos iniciales en la ventanilla pública, los contribuyentes tienen la opción de reclamar ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR). A comienzos de 2020 había 10.400 quejas pendientes de ejercicios anteriores y se sumaron 2.551 a lo largo del año. De las 4.300 resueltas, el 84% dio la razón total o parcialmente al ciudadano. Ese porcentaje roza el 90% en el caso de Sucesiones.

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