Facenda sube un 48% el valor de los bienes que se declaran para pagar sus impuestos

La Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) realizó una prueba piloto de teletrabajo el 13 de marzo de 2020, un día antes de la declaración del primer estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus. En el servicio están más de 400 personas, aunque el 25% pertenece a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario a cargo de los registradores de la propiedad y con menos funciones. Los que tenían escritorio virtual entraron en la primera fase del ensayo y al resto se le habilitó la conexión durante la semana siguiente. “Por ello, durante toda la pandemia se pudo ya trabajar con el escritorio virtual y no fue necesario en un principio inversiones adicionales en ordenadores portátiles u otros medios de comunicación. Solo había que asegurarse de que el ancho de banda fuera suficiente”, explica la Inspección General del Ministerio de Hacienda en el informe de supervisión del pasado año a la Atriga, que, aún así, “por las dificultades planteadas” durante la crisis sanitaria, cambió las previsiones iniciales de su plan de objetivos. La recaudación de los tributos cedidos mermó un 3,4%, hasta los 503,4 millones de euros; y bajaron un 2,9% las comprobaciones en los bienes declarados. Lo que no cambia es la enorme diferencia entre el valor que el contribuyente da a sus propiedades y el que el organismo dependiente de la Consellería de Facenda considera real.

En total, la Atriga hizo 309.153 retasaciones en 2020. ¿Cuánto tiempo pasa entre que la declaración entra en la administración regional y se pone la lupa a los bienes? Unos 8,8 meses. El índice de demora en 2019 superaba los 13. “Destacan negativamente los servicios de valoración de Pontevedra (22,2 meses), mientras que el más positivo es A Coruña (5,2)”, indican los inspectores del Ministerio de Hacienda en el análisis incorporado al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

En esas más de 300.000 revisiones, la Atriga elevó el valor de las propiedades presentadas por los ciudadanos –al que luego se aplica el tipo de cada tributo para cobrarlo– un 47,6%, en casi 3.900 millones. Lo que para los contribuyentes valía 8.142 millones de euros, para la administración llega a los 12.018 millones. Tras años y años de gran conflictividad –como la propia Inspección de Hacienda resaltó– y sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el Supremo contra los métodos usados por la Xunta para sus comprobaciones, la diferencia entre los dos valores se ha reducido considerablemente. Hasta 2018 rondaba el 60%. Un porcentaje que todavía se mantiene e incluso es más elevado en algunas zonas y en determinadas propiedades.

La recaudación de los tributos cedidos en Galicia bajó un 3,4% el año pasado

En el caso de los bienes urbanos, la Atriga incrementó el valor un 49,6%, mientras que el ejercicio anterior lo hizo un 54,4%. Pero en dinero apenas hay variación: 2.329 millones en 2020 y 2.331 millones en 2019. Pontevedra y Lugo están a la cabeza de las subidas, el 75,1% y el 63,7%, respectivamente, mientras que en Vigo alcanzó el 51%, el 49% en Ourense y el 44% en A Coruña. “Más que al valor comprobado”, detalla el informe, las causas de estas diferencias se deben a “los menores precios declarados precisamente en aquellas zonas en las que el mercado inmobiliario es más activo y con precios relativamente más altos”.

La Atriga efectuó casi 220.600 comprobaciones en bienes rústicos el año pasado, con un alza del 34% (42,5% en 2019) respecto a los precios declarados por sus propietarios. Por encima de ese porcentaje están Lugo (43,9%) y Pontevedra (37,7%). “En zonas minifundistas con explotaciones no rentables desde el punto de vista agrícola o pecuario, no existen diferencias entre el valor comprobado y el declarado –señala la Inspección del Ministerio de Hacienda–, a diferencia de lo que sucede en aquellas zonas con fincas que pueden ser explotadas de forma rentable”.

La variación más fuerte se da en el resto de bienes y derechos, como las acciones en empresas: el 57%, unos 927 millones de euros. La mayoría de esa cantidad procede de los servicios territoriales de A Coruña, donde la diferencia entre el valor declarado y el comprobado escala al 79% (522 millones).