Entre las muchas patatas calientes en manos del comité de expertos del Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal de la que saldrá el esbozo de un sistema “más equitativo, progresivo, sostenible y justo” está el futuro del Impuesto sobre el Patrimonio. El Gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero suprimió el tributo en 2008 cuando la recesión financiera era todavía un nubarrón lejano en España y lo recuperó en septiembre de 2011 en medio del fortísimo golpe de la larga crisis a los ingresos públicos. Se iba a aplicar solo ese ejercicio y en 2012, pero todos los ejecutivos que vinieron después prorrogaron su vigencia año a año. ¿Seguirá o no? El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, propuso hace unos días meter el gravamen definitivamente en el cajón a cambio de “incrementar la tarifa de la Renta en algún porcentaje” para compensar la pérdida de recaudación y entre las medidas remitidas por UGT a los asesores de María Jesús Montero figura la integración en el IRPF también. De momento, su aportación sigue nutriendo la caja de las comunidades, que tienen el impuesto cedido. La cuota a ingresar en Galicia ascendió a más de 91 millones de euros en la declaración de 2019 –presentada el pasado 2020– tras un incremento anual del 12% en el patrimonio de los ricos residentes en la región.
¿Quién está sujeto al impuesto? Pues las personas que, una vez restadas las deudas, manejan un patrimonio neto, restadas las deudas, de más de 700.000 euros –quedan al margen hasta 300.000 euros por la vivienda principal– o un valor bruto superior a los dos millones. En esa situación estaban un total de 8.018 gallegos, 164 más que en la anterior campaña del impuesto, según el balance publicado ayer por la Agencia Tributaria. La buena racha que llevaba la economía española hasta la irrupción de la pandemia sentaba muy bien en este selecto grupo de contribuyentes. Desde su reactivación en 2011 –antes, los umbrales para la declaración eran mucho más bajos–, nunca el número de grandes fortunas fue tan alto en la comunidad, donde también se bate otro récord, el del patrimonio acumulado: 47.895 millones de euros. El importe se incrementó en casi 5.200 millones de euros en solo un año y en 22.500 millones (88%) desde la recuperación del tributo.
De media, cada declarante del Impuesto sobre el Patrimonio en Galicia roza los 6 millones, lo que supone una subida del 9,8% respecto a 2018. Ninguna otra autonomía llega a esa variación. La más cercana es Baleares, donde el patrimonio medio declarado aumentó un 5,2%. El alza en el conjunto del Estado –sin contar País Vasco y Navarra, con su propio sistema tributario– se situó en el 3,8%, hasta los 3,4 millones de euros.
¿Cuál es el territorio con los ricos más ricos? Madrid. Allí la media por contribuyente ronda los 10,1 millones, pero el tributo está bonificado al 100%, con lo que el gobierno de la comunidad dejó de ingresar alrededor de 990 millones de euros. Le sigue Galicia, con un tipo medio y efectivo –el que realmente se abona– del 0,88%.
De los más de 8.000 declarantes de Patrimonio en Galicia, la mayoría, 4.200, son mujeres, aunque los hombres (3.800) tienen más bienes en cartera (31.200 millones de euros frente a los 16.700 que manejan ellas). El principal activo en unas y otros es el capital mobiliario y, más concretamente, las acciones en empresas que no cotizan en ningún mercado de valores y están exentas: 30.184 millones de euros, un 16,6% más que en 2018. Los bienes inmuebles crecieron un 3,7% (4.257 millones) y un 13,2% los seguros y rentas (310 millones). Los bienes suntuarios suman 155 millones después de un incremento del 79% en el capítulo de vehículos, joyas y pieles (79 millones) y de cerca del 20% en objetos de arte y antigüedades (76 millones). El valor de otros bienes y derechos alcanza los 763 millones.