El PP solicita al Gobierno de España que mude el decreto del registro de gallineros

El PPdeG debatirá tanto en el Parlamento como en los plenos de las diputaciones y de los municipios una iniciativa en la que solicita al gobierno estatal que mude el Real Decreto que obliga a que estén registradas las explotaciones avícolas para autoconsumo. Este trámite está causando numerosas colas en las oficinas agrarias de las comarcas, por ejemplo, ante la avalancha de peticiones.

El coordinador de Medio Rural del PPdeG, el lalinense Avelino Souto, recuerda que el ejecutivo estatal socialista aprobó el Real Decreto 637/2021 en julio de ese año. La norma regula las pautas básicas de ordenación de las granjas avícolas, y establece que aquellas explotaciones familiares que crían aves para consumo propio (es decir, que no las venden ni tampoco sus productos) tienen que estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas.

Aumento de carga burocrática

“Estamos hablando de una nueva medida que incrementa la excesiva carga burocrática que ya soporta el sector agroganadero, tanto el profesional como el destinado al autoconsumo”, expone Souto, que añade que todo el papeleo que debe cubrir el sector, y al que se suma este trámite más, “está provocando tanto un abandono y desaparición de explotaciones como el fomento del abandono del propio rural”.

Los populares calculan que por esta norma están afectadas más de 50.000 explotaciones de autoconsumo en la comunidad gallega, “lo que supone más carga burocrática y trabas para aquellos propietarios que no sacan ningún beneficio económico de estas explotaciones, al no comercializar su producción”.

Avelino Souto añade que el partido al que pertenece “comparte el malestar de estos propietarios de gallineros de autoconsumo frente a la decisión que tomó el gobierno central, sin contar para nada, una vez más, con la opinión de las comunidades autónomas y legislando de espaldas al territorio, sin atender las peculiaridades de cada zona”. Ocurrió algo similar, hay que recordarlo, con la norma de aplicación de purines para reducir su impacto ambiental: tras meses de tramitaciones, se atendieron las peculiaridades del terreno gallego para que fincas de menos de dos hectáreas o con pendiente del 10% queden exentas de la obligación de usar inyectores, y además podrá usarse plato invertido como alternativa al plato tradicional.

La Xunta había alegado contra la normativa de los purines, igual que hizo contra el decreto de registro de gallineros. Pero “lamentablemente, no fueron atendidas las alegaciones”, indica Souto, que lamenta que “una vez más, el gobierno de Pedro Sánchez impuso a la sociedad una normativa que no atiende las especificidades de nuestro territorio, y se negó a que estas granjas de autoconsumo quedasen fuera de ámbito de aplicación”.