La deuda de Agolada supera el millón de euros, indica Seijas

La corporación de Agolada celebra este viernes un pleno ordinario, a las 10.00 horas. Su orden del día incluye la dación de cuenta del período medio de pago a proveedores del tercer trimestre, que ya rebasa los tres meses. Pero también hay un decreto de Alcaldía mediante el que se contrata un crédito con Abanca por 497.389 euros. Así las cosas, la deuda del Concello rebasa ya el millón de euros, como explica el PP: los datos que remitió el secretario al Ministerio de Hacienda indican que hay, a 30 de septiembre, 640.349 euros de pagos pendientes, a los que se suma una deuda viva crediticia de 425.157, lo que da una deuda total de 1.065.597 euros.

“Ahora entendemos por qué en el pleno extraordinario el alcalde dijo con orgullo que en las cuentas del Concello había medio millón de euros: acaba de ingresar precisamente esa cuantía de crédito, con lo que debemos entender que si no fuese por esta operación, no tendría ni para las nóminas de los trabajadores municipales”, esgrime la portavoz de los populares, Carmen Seijas. El decreto, por otra parte, fue firmado por el teniente de alcalde, Pedro García, durante la ausencia del regidor, Luis Calvo, por lo que le recomiendan a aquel “que se ande con ojo, Calvo es capaz de echarle la culpa y decir que él no sabía nada”.

A decir verdad, es este partido el que aportará debate al pleno del viernes, porque lleva cuatro mociones. En una de ellas demanda que vuelvan a colocarse las protecciones de la Praza do Concello (se retiraron hace cuatro meses) para impedir la entrada de tráfico rodado. El Concello, además, tiene que promover la movilidad inclusiva y los espacios seguros, puesto que pertenece al Programa Ágora de la Diputación.

Otra de las mociones propone habilitar en el consistorio un puesto auxiliar de la Guardia Civil, más factible que el cuartel que reclamó el regidor, debido al volumen de población. Las dos restantes tienen que ver con el sector forestal: una de las mociones demanda una ordenanza que regule las actividades extractivas de madera, para responsabilizar a las empresas de los daños que puedan causar en los viales. La otra insta al gobierno de PAyJ a trasladar a la Consellería de Medio Ambiente y a la Guardia Civil la extracción de corcho en varias sobreiras sin previo aviso a lo dueños de los árboles. El PP propone presentar una denuncia conjunta entre el Concello y los afectados.