Cuíña afirma que el Concello desea cerrar en falso el conflicto del teleclub de Filgueira

Desvela el pago de 3.819 euros de IBI a los afectados por una propiedad cuya titularidad no está acreditada | El centro social fue levantado en una finca distinta a la acordada

Cuíña muestra documentación de la junta de gobierno.

Cuíña muestra documentación de la junta de gobierno.

El líder de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, asegura que el grupo de gobierno pretende cerrar en falso el histórico conflicto por el centro social de Filgueira. Con las dos familias afectadas en pide de guerra contra el ayuntamiento, el ejecutivo de José Crespo aprobó el pasado día 7 en junta de gobierno un acuerdo mediante el que se asumen con recursos públicos 3.819,56 euros correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por una propiedad cuya titularidad no está acreditada. El expediente estaría acompañado de un informe de Intervención que aprueba el abono, pero que a su vez se escuda en otro de la asesoría jurídica municipal, que es donde surge el problema.

Cuíña explicó que en 2010 Concello y vecinos firmaron un convenio para la construcción del centro social, que finalmente fue levantado en una finca distinta de la acordada. Entonces, aduce, esta cuestión se pasó por alto por incompetencia o incapacidad, pero a su entender estamos ante un convenio que no respeta sus principios pues la propiedad cedida es la anexa a la acordada. “Por lo que me dicen, hay acuerdos en esta junta de gobierno del pasado día 7 que podrían tener consecuencias penales”, advirtió. Asegura que las dos familias afectadas no están de acuerdo con que el problema se ventile con el pago de la contribución y recurrirán la decisión del grupo de gobierno. “Es como si el ayuntamiento decidiese pagarle el IBI a cualquier vecino por una propiedad privada; es de una gravedad alucinante”, insiste.

En aras de frenar a las familias damnificadas en sus comunicaciones públicas contra el gobierno, Cuíña asegura que hubo dos concejales del gobierno que se personaron en sus casas para pedirles “que parasen de hacer público este asunto”. Señala a los ediles Paz Pérez y Avelino Souto. Pero lo que para el representante de Compromiso entraña mayor gravedad es que exista un informe jurídico de hace una década que no objete el convenio pues la propiedad sobre la que se construyó el edificio vecinal es, todavía, privada y no pública a efectos legales. También insta al mandatario local, José Crespo, a aclarar si es cierto que se planteó a los afectados que cobrasen el importe de los recibos de la contribución “y luego ya se negociaría con Xestur en el plan de sectorización de la zona”. El teleclub se construyó en el área reservada ya entonces para la ampliación del polígono Lalín 2000.

La finca mostraba ayer un vallado delante del centro social

La finca mostraba ayer un vallado delante del centro social / BERNABE/JAVIER LALIN

Finca vallada

Semanas atrás los vecinos pidieron licencia para colocar un cierre en su parcela, con la que se impide el acceso al centro social. La estructura apareció reventada poco después, pero a tenor de las imágenes que mostraba el predio ayer, la valla metálica fue levantada de nuevo por los que se consideran legítimos dueños de la finca.

Uso partidista

En otro orden de cosas, Cuíña pide al PP un poco de mesura y, aunque las próximas municipales estén a la vuelta de la esquina, que no utilice el vídeo promocional de las obras de la Fraga do Alén para difundirlo en las redes sociales del partido. Entiende que el lugar apropiado es el portal de Internet o las redes sociales del ayuntamiento, pero nunca valerse de recursos que deberían ser públicos para difundirlos a través de canales de comunicación del Partido Popular.