En septiembre de 2010, hace ahora doce años, Pilar y José Luis Granja Negro, por un lado, y Amalia Pérez Donsión y Eudosia Donsión Nogueira, por otro, cedieron al Concello de Lalín 441 y 728 metros cuadrados, respectivamente, para construir el local social de Filgueira, dentro de la cuarta fase del polígono industrial Lalín 2000. Fue una cesión anticipada para poder levantar el inmueble con una ayuda de la Diputación. En sendos convenios se indicaba que, si finalmente el plan de sectorización no se materializaba, se entendía que el Concello adquiría “por accesión” la porción de finca cedida y que se consensuaría su precio. Si no había acuerdo, se acudiría al justiprecio.

El local social quedó rematado en 2011, y los dueños aún no han percibido su dinero, no porque la cuarta fase aún esté en ciernes, sino por un sinsentido: el inmueble no fue construido en la zona cedida, clasificada como suelo de equipamiento, sino en terreno que figura como “espacio libre”. A día de hoy, más de una década después, el Concello no ha recepcionado las obras (porque no puede construirse en espacio libre) y hace caso omiso de los escritos que presentan los dueños de las dos parcelas para reponer la legalidad en estas fincas.

Es cierto que la administración local paga el agua y la luz del local social. Pero el recibo del IBI viene a nombre de la familia Granja Otero. Son 500 euros desde 2018, por obra y gracia de la regularización catastral que desde 2016 se aplica a diversas construcciones agrícolas, ampliaciones de viviendas o piscinas. En el caso del local social de Filgueira, Catastro entiende que es una segunda vivienda de dicha familia. “Intenté ante Catastro que pasase el recibo del IBI al Concello, pero Catastro no acredita la titularidad del inmueble” a nombre de la administración local, dado que, como dijimos, las obras están sin recepcionar. La familia afectada podría optar por no pagar el IBI, pero entonces correría el riesgo de un embargo por no satisfacer el recibo.

Tanto la familia de Pilar Granja como la de Amalia Donsión intentaron solventar este problema con el anterior gobierno popular, con el de coalición y, de nuevo, con el que encabeza José Crespo. Y, de momento, siguen sin avances. Eso sí, el concello desbroza en los terrenos inmediatos al local social.

Botellones y ralis

La cuestión es que en ese espacio libre que, recordemos, sigue siendo propiedad de estas dos familias, “no podemos hacer ni plantar nada, porque es frecuente que tengan lugar botellones y ralis”, indican las dos afectadas. Y esto ocurre a pesar de que los convenios firmados en su día recalcan que los dueños mantienen “todos los derechos y acciones que les puedan corresponder en relación con la totalidad de su propiedad”.

Lo que piden es llegar a un acuerdo para no solo solventar la titularidad del local social, sino para “que nos paguen las fincas” o que se les cedan otros terrenos como compensación. La última propuesta entró por registro el día 2 de este mes. En ella, recuerdan que desde la denuncia por la construcción del local, formulada el 29 de julio, aún no tienen constancia de la apertura del expediente de infracción urbanística que supone la edificación de ese local social.

Por ello, solicitan que se les informe de todas las actuaciones realizadas al amparo de esa denuncia y que a partir de ahora se les mantenga al tanto de todos los pasos que dé el Concello, para evitar tener que estar solicitando de forma periódica esta información.

En uno de los convenios firmados en 2010, se indica que “la propiedad se reserva el derecho sobre el arbolado existente en la finca, salvo que una vez conocido el concreto emplazamiento de la edificación a construir, se estime conveniente la conservación de algún ejemplar de los existentes, en cuyo caso las partes llegarán a un acuerdo para su adquisición y abono por parte del Concello o por quien corresponda”. Pilar Granja y su hermano sí pueden disponer de los árboles, pero Amalia Donsión no, ya que esta cláusula no figura en su acuerdo. En este caso, se recalca que en los lindes norte y este de la finca hay varios árboles adultos “que deben ser conservados, sin que se vean afectados por la construcción del local social de Filgueira”.

Actuaciones de la APLU

El terreno objeto de la discordia son 1.386,92 metros cuadrados. Los propietarios tienen claro que buscan un arreglo con el Concello, y desde hace años por un edificio construido casi en la zona opuesta a la que había sido cedida. No es el caso de Lalín, pero hay infracciones urbanísticas en las comarcas en las que tuvo que intervenir la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Durante el año pasado, en Toedo (A Estrada), hubo que demoler en mayo una construcción residencial porque había sido levantada sobre suelo rústico de protección agropecuaria. En Reboredo (Merza, Vila de Cruces) también se ordenó retirar una terraza destinada a hostelería, que había sido levantada sobre núcleo rural tradicional. También en Cruces, pero en Pousada (Piloño), hubo que demoler en agosto del año pasado un garaje construido en suelo no urbanizable de protección de parques forestales.