La Audiencia fija por tercera vez fechas para juzgar por contrabando a Barral

La Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sección cuarta, ha fijado para el próximo jueves y viernes (días 22 y 23 de junio) el juicio contra el que fuera alcalde de Ribadumia, José Ramón “Nené” Barral, acusado de liderar una organización de contrabando de tabaco entre 1996 y 2001. La vista ya fue aplazada en dos ocasiones, la última de ellas en abril pasado.

El juicio, por unos hechos que se iniciaron hace casi 30 años, se fijó inicialmente en septiembre de 2022. En aquella ocasión, Nené Barral y los otros 11 acusados llegaron a sentarse en el banquillo, pero la sesión se suspendió tras las cuestiones previas para resolver las peticiones de los letrados defensores.

Como consecuencia, en febrero de este año la Audiencia Provincial declaró nulas las escuchas telefónicas al exalcalde de Ribadumia, llevadas a cabo a partir de febrero de 1999, dejando sin efecto una de las principales pruebas contra él. Asimismo, también declaró nulos los “datos, hallazgos y pruebas” obtenidos a través de las escuchas.

El juicio volvió a fijarse para el mes de abril. Sin embargo, en esta ocasión tampoco llegó a celebrarse debido a que coincidía con señalamientos preferentes de algunos de los abogados personados, pues implicaban a personas que estaban en prisión.

Así las cosas, la Audiencia tratará de juzgar ahora uno de los casos que pasan por ser de los más antiguos de España, pues la instrucción se inició hace casi 25 años.

El escrito fiscal considera a Nené Barral cabecilla de una organización compuesta por otros 9 acusados que, entre 1996 y 2001, se habrían dedicado a introducir tabaco de contrabando en territorio europeo. En 2001, el hasta entonces alcalde de Ribadumia fue detenido por su presunta vinculación con un alijo de 432.000 cajetillas de tabaco.

El Ministerio Fiscal considera que Barral y otros 9 acusados eran integrantes de un grupo organizado “estable” con la finalidad de introducir en España y en territorio europeo “importantes partidas” de tabaco de procedencia extracomunitaria, por vía marítima y terrestre, o a través de contenedores. Los otros dos acusados estarían implicados solo en la última operación.

Así, Fiscalía considera que disponían de medios materiales, como dos buques pesqueros y un buque mercante y se les acusa de causar perjuicio económico tanto a la Hacienda española como a los presupuestos de la Unión Europea, con cuantías que rondarían los 5 millones de euros. El fiscal pide 10 años y medio de prisión para Barral y una multa de 15 millones de euros.

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