Los trabajadores mayores de 65 años que decidan prolongar su vida laboral dejarán de tener reducciones fiscales complementarias en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a partir del uno de enero de 2015, fecha en la que entrará en vigor la reforma de este gravamen que el Consejo de Ministros aprobó el 1 de agosto. Los afectados por esta medida serán unos 53.000 contribuyentes en todo el país, aunque Hacienda no precisó ayer datos por comunidades autónomas.

El proyecto de ley, que aún tiene que seguir su tramitación parlamentaria antes de ser aprobada, sustituye también algunas de las actuales reducciones por gastos generados por los denominados rendimientos del trabajo. Uno de los objetivos del Gobierno con esta medida para los mayores de 65 años es desincentivar que los empleados decidan prolongar su vida laboral ya que, si lo hacen, deberán de pagar más en impuestos. En concreto, un trabajador de unos 67 años que tenga un sueldo bruto de unos 35.000 euros anuales pasaría a abonar casi 600 más al año por el IRPF. En el año 2012 se beneficiaron de esta deducción unos 53.000 contribuyentes por valor de 143 millones (es decir, 2.700 euros de media por trabajador). Hacienda aclara que estos beneficios fiscales se suprimen "sin que se remplacen por cantidad alguna en concepto de gastos deducibles", tal y como consta en la memoria del proyecto de ley.

Fuentes del ministerio precisaron que se trata de una propuesta, que puede ser sujeta a modificaciones durante su tramitación parlamentaria, y, señalaron, además, que se trataba de una iniciativa que estaba incluida dentro del denominado "informe Lagares", un documento firmado por el profesor de economía Manuel Lagares, y que ha servido de base al Gobierno para llevar a cabo la reforma fiscal.

Lo que también cambiará serán los incentivos por movilidad geográfica para desempleados. En concreto, las reducciones complementarias que se aplican hasta ahora a parados que acepten un puesto de trabajo que exija su traslado de residencia serán sustituidas por 2.000 euros anuales adicionales a las deducciones generales repartidos en dos ejercicios, mientras que los trabajadores activos con discapacidad incrementarán la cuantía deducible en 3.500 euros anuales, o hasta 7.750 euros si acreditan necesitar la ayuda de terceras personas.

Por su parte, el proyecto de ley del Impuesto de Sociedades, que entrará en vigor a principios del próximo ejercicio, mantiene varias de las deducciones que las empresas se pueden aplicar por creación de empleo y por contratación de trabajadores con discapacidad. Sin embargo, suprime otras deducciones, entre las que se cuentan las de adaptación de vehículos para discapacitados o guarderías para los hijos de sus trabajadores, así como las de los gastos de formación profesional.

El Gobierno está convencido de que la reforma fiscal que está preparando supondrá un impulso para la actividad económica del país, y traerá consigo también una reducción del desempleo.