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Galicia se suma a la exigencia de ampliar el estado de alarma si no hay ley antiCOVID

Dos policías controlan el toque de queda en el centro de Vigo

El tsunami de la cuarta ola de la pandemia de COVID-19 no ha llegado, pero los casos siguen aumentando, con comunidades sometidas ya a una gran presión hospitalaria, como el País Vasco. Todas las autonomías se preguntan qué margen de actuación tendrán a partir del día 9 de mayo, cuando decaiga un estado de alarma que el Gobierno central rechaza prorrogar. Galicia se unió ayer a Euskadi (PNV y PSOE), Castilla y León (PP-Cs) y Castilla-La Mancha (PSOE) para solicitar una ampliación de esa excepcionalidad si no se dispone de una ley estatal antiCOVID o se paraliza alguna norma autonómica, caso de la gallega. “No podemos pasar de cero a cien en un segundo”, advirtió ayer Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, en rueda de prensa.

El primero en abrir fuego con claridad fue su homólogo vasco, Íñigo Urkullu, que reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez una ampliación de dos meses del estado de alarma para blindar las restricciones impuestas en movilidad, aforos de locales y negocios o confinamientos, habida cuenta de la suspensión de algunas de esas medidas por parte de algunos tribunos superiores autonómicos, lo que abre un interrogante en las comunidades. ¿Qué medidas podrán tomar a partir del día 9?

El Tribunal Superior de la Justicia de La Rioja, por ejemplo, suspendió el miércoles el horario de cierre de comercios a las cinco de la tarde y elevó el aforo permitido del 33% al 50%.

Algunas autonomías ya barruntan opciones, como Cataluña o Aragón, que cuentan con leyes de salud reformadas recientemente. También Galicia, pero el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional el apartado que ampara una posible vacunación obligatoria y restricciones como los confinamientos domiciliarios, que está paralizado de forma cautelar.

“El Gobierno persiste, parece negacionista en lo que a legislar se refiere, en no gobernar ni en legislar, y no podemos seguir combatiendo la pandemia sin una legislación específica”

Alberto Núñez Feijóo - Presidente de la Xunta de Galicia

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Feijóo, al que le pareció “absolutamente razonable y sensato” el planteamiento Urkullu, reconoció que el estado de alarma es una “figura excesiva, antigua y desproporcionada”, pero de momento es el único “paraguas” legal disponible para las comunidades. “El Gobierno persiste, parece negacionista en lo que a legislar se refiere, en no gobernar ni en legislar, y no podemos seguir combatiendo la pandemia sin una legislación específica”, respondió a preguntas de la prensa. “Estamos en un callejón sin salida”, resumió.

En su opinión, sin una ley orgánica y con la gallega paralizada, la opción necesaria “puede ser un estado de alarma” con la intensidad que cada autonomía decida, si bien Castilla y León (gobierno de coalición PP-Cs) descarta un marco “a la carta”. “Las comunidades necesitan una red para gestionar [la pandemia] hasta tener un porcentaje de inmunización de rebaño”, terció el dirigente gallego en un argumento casi calcado al de su homólogo andaluz y compañero en el Partido Popular, Juan Manuel Moreno.

Vacunación

Por otro lado, la vacunación constituye la primera herramienta para frenar el virus. Galicia prevé administrar la próxima semana 240.000 dosis de las diferentes fórmulas disponibles y abrir por fin la inmunización a los gallegos de entre 65 y 69 años. La planificación, añadió Feijóo, depende de que llegue el material comprometido por las farmacéuticas al Gobierno central. Esta semana, por ejemplo, no llegaron 10.000 dosis del laboratorio Jansen, por lo que el balance será de 170.000.

“El ritmo se está acelerando, vamos divisando más optimismo”, reconoció el titular de la Xunta.

La cifra oficial de fallecidos supera los 78.000

La pandemia de COVID ha causado la muerte a 78.080 personas en España, de las que el 34,5% (27.002) han perdido la vida en lo que va de 2021, según el Ministerio de Sanidad, que ayer notificó 137 fallecimientos en las últimas 24 horas. Las comunidades reportaron ayer 10.143 contagios, con lo que la cifra total de infecciones se eleva a 3.514.942, de las que casi la mitad (1.556.098) fueron diagnosticadas en los últimos cuatro meses. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días se sitúa en 230 casos, dos décimas menos que el miércoles, mientras que la ocupación de las ucis sube medio punto, hasta el 23,4%, y la hospitalaria se reduce en dos décimas, con un 7,7%. Con una incidencia superior a 250 casos, son ocho los territorios que se encuentran en riesgo extremo de transmisión: Aragón (283), Cantabria (256,1), Cataluña (289,3) Madrid (388,1), Navarra (352,5), País Vasco (516,6) y La Rioja (281,6). Melilla registra 393 casos cada 100.000 habitantes en 14 días.

Aumentan los contagios y los críticos en las UCI gallegas

Galicia registró en las últimas horas un incremento del número de contagios y casos activos por COVID-19, a la vez que amentó ligeramente la presión en los centros sanitarios en el número de pacientes hospitalizados. Los últimos los datos del Sergas indican que en los hospitales gallegos hay 211 pacientes COVID, con 47 en las unidades de críticos, tres más que el día anterior. El número de pacientes con infección activa también creció hasta los 3.122, lo que supone 74 más que en la jornada anterior. Además, se notificaron dos fallecimientos, dos mujeres, de 88 y 89 años, que estaban ingresadas en el CHOP. Ambas presentaban patologías previas. Con estos decesos, desde el inicio de la epidemia han fallecido en Galicia 2.388 personas.

El Sergas rastreará secuelas persistentes entre 100.000 gallegos

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) remitirá cuestionarios a un total de 100.000 gallegos que han superado el COVID-19 hace más de tres meses para determinar si continúan con secuelas persistentes, de forma que su situación pueda ser “monitorizada” y ajustar el tratamiento. Según el presidente de la Xunta, el objetivo de estos cuestionarios es detectar los casos en los que, aunque se ha superado el virus, continúan secuelas como pérdida de olfato, fiebre, mareos, cambios en la voz o ansiedad, entre otros. La idea, explicó, es mejorar la asistencia a través de la “monitorización” del estado de salud de quienes contrajeron el coronavirus, al tiempo que permitirá conocer mejor la enfermedad.

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