La concejala de Urbanismo Áurea Soto y su abogado Carlos Hernández -por asistencia técnica- ambos imputados en el denominado caso de la plaza de San Antonio por la concesión de licencias e indemnización a una particular, arremetieron hoy en la presentación de un escrito solicitando el archivo de las diligencias, contra el titular del juzgado de instrucción número 1, Leonardo Álvarez, "porque no está actuando de forma correcta" además de asegurar en tono de amenaza que "va a tener muy difícil explicar que con una sentencia del TSXG que avala las licencias siga con esta causa abierta"

Por otra parte, Carlos Hernández también criticó la actitud de la Fiscalía, en concreto con la de su responsable, Florentino Delgado, al denunciar la "desidia y burocratización" al no tener una actuación activa en este asunto, y le reclamó que "debería tomarse muy en serio y tener más actividad para detectar acciones espúreas por lo penal" en alusión a las denunicas y querellas que están recibiendo Áurea Soto y otros miembros del gobierno socialista.