Medio Rural se enfrenta a un juicio por la entrada en Galicia de un incendio de Portugal
Un empresario de agricultura ecológica acusa a la consellería de no hacer frente al fuego
Redacción
El juzgado Contencioso Administrativo 1 de Pontevedra acoge hoy una vista contra la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, acusada de negligencia al no impedir el avance de un incendio forestal procedente de Portugal y que penetró en la provincia de Pontevedra a causa del mal funcionamiento de los servicios públicos de extinción.
La demanda parte de un empresario de agricultura ecológica de As Neves, que perdió sus instalaciones debido al incendio, pero la demanda pretende demostrar el “anormal funcionamiento” del servicio público que debería haber hecho frente al siniestro.
Según la denuncia, en el momento de los hechos (octubre de 2017), no existía vigilancia ni seguimiento del incendio que avanzaba desde Portugal. “El incendio se encontraba en el otro lado del río desde el día anterior. Entre el inicio del fuego en Portugal y el cruce del río y su inicio en Galicia transcurren casi 18 horas, en las que no se toma ni una sola decisión o medida”, expone la demanda. Se apunta, además, la inexistencia de comunicación ni coordinación alguna con el país vecino, “pese a existir un marco de cooperación disponible” y a pesar de que la administración “recibió advertencia horas antes”.
El demandante defiende que no se tomaron medidas preventivas para hacer frente al fuego y que, incluso, “se decidió expresamente no tomarlas”. Para demostrarlo aporta el testimonio de un vecino y profesional de la extinción de incendios “con 20 años de experiencia y perteneciente al servicio de extinción de la propia Xunta”, quien aseguraría que alertó de la situación recibiendo “excusas” por parte de los responsables del servicio.
La denuncia expone además que existían medios disponibles y no destinados a otros incendios, a una distancia en tiempo de entre 5 y 20 minutos, para hacer frente al fuego procedente de Portugal, que no fueron empleados. El denunciante perdió una explotación de agricultura ecológica de casi 11.000 metros cuadrados.
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