La lacra de la violencia de género: sube un 38% en un año en Pontevedra y llega a 352 delitos en 2023

La lacra de la violencia de género en el partido judicial de Pontevedra, así como en los de Marín y Caldas, cerró el año 2023 con un balance muy preocupante. En el territorio pontevedrés los juzgados de la ciudad ingresaron el pasado año 352 delitos relacionados con el machismo, es decir, casi treinta al mes, lo que supone la cifra más alta de la década y un aumento del 38% con respecto a 2022, que concluyó con 254 casos de este tipo. En Marín fueron 117 expedientes, frente a los 105 del ejercicio anterior, y los juzgados de Caldas ingresaron 92, por encima de los 54 de los doce meses previos. En este caso el aumento ha sido mucho más acusado, del 70%.

Así se pone de manifiesto en las estadísticas anuales del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, que divulgó esta semana el Poder Judicial en casos de agresiones, lesiones, malos tratos, quebrantamientos de condena o medidas, homicidio o delitos contra el honor o la intimidad causados por los hombres a sus parejas o exparejas. Para hallar una cifra parecida habría que acudir al año 2014, cuando hubo 210 delitos ingresados en el partido judicial pontevedrés

Respecto a la tipología de delitos que instruyeron los juzgados de la ciudad, destacan los ilícitos de lesiones y malos tratos (artículos 153, 173 y 148 del Código Penal) con un total de 209 denuncias solo en la capital. A ellos se deben unir los 89 de Caldas y los 93 de Marín, es decir, un total de 391 entre los tres partidos, un centenar más que en el ejercicio anterior, cuando hubo 195 casos de este tipo. Le siguen los delitos de quebrantamiento de penas (60 en Pontevedra, diez en Marín y ninguno en Caldas), contra la libertad (46 en la capital y tres en los juzgados marinenses) y contra la integridad moral, con 23 delitos, quince de ellos en el partido judicial de Pontevedra.

En cuanto al más gravoso, el homicidio, el año pasado se cursó un procedimiento: aunque el pasado año se produjo la muerte de una mujer en Estribela a manos de un hombre, en principio no se consideró como un crimen machista al no haber relación entre ambos, por lo que todo apunta a un intento de homicidio que se produjo en abril en Monte Porreiro, cuando el juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de un pontevedrés que acuchilló a su exmujer, de 33 años. Está acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Además, se activó una orden de protección en favor de la mujer y de sus hijos, ambos menores de edad, con la prohibición de comunicarse con ellos. La orden incluía la suspensión de la patria potestad de sus dos hijos y la suspensión del régimen de visitas y comunicaciones acordados en su día.

De todas las denuncias recibidas en los juzgados de estos tres partidos judiciales, en 114 casos se requirió alguna medida de protección, tal como orden de alejamiento o comunicación. Del total, los juzgados aceptaron algo del 60%, hasta los 71 casos frente a 43 peticiones que fueron denegadas. En concreto, huno 88 solicitudes en Pontevedra, de las que se aceptaron 59; de las siete en Caldas prosperaron tres y de las 19 de Marín, salieron adelante nueve.

Al producirse buena parte de estos episodios de malos tratos en el entorno íntimo y familiar, lograr las pruebas o acumulación de indicios que corroboren las afirmaciones de la víctimas es el principal handicap de estos procedimientos.

El aumento registrado en Pontevedra y su entorno en materia de violencia machista es bastante superior al certificado por el Consejo General del Poder Judicial en toda Galicia. Según sus datos, tanto el número de denuncias como el de mujeres víctimas de violencia de género registrados el año pasado en Galicia aumentaron con respecto a 2022. Entre enero y diciembre se contabilizaron 7.438 víctimas, es decir, más de 20 al día, lo que supuso un incremento interanual de casi el 8%. La tasa de violencia de género (mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres) en Galicia fue de 53,1, la segunda más baja del Estado, cuya media se situó en 79,4. Además, en 2023 se registraron 78 menores tutelados víctimas de violencia de género, uno menos que en 2022. En este último dato se contabilizan a los hijos/as de víctimas sobre los que el maltratador ejerció violencia de forma directa.

Durante el periodo estudiado, los juzgados de la comunidad registraron 7.483 denuncias por violencia de género, frente a las 6.995 de 2022, lo que supone un incremento del 7 %. La gran mayoría (5.743), el 76,7%, fueron presentadas por las propias víctimas, bien en los juzgados o en dependencias policiales, cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, apenas un 1,9% del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 14,8%; las originadas por partes de lesiones, el 5,2% y las interpuestas por terceras personas ajenas al entorno de la víctima, el 1,2%.

Más de 1.400 mujeres en el plan VioGén en la provincia

En la actualidad hay 1.466 casos de protección en el plan VioGén (Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género) y durante el pasado año 2023, el teléfono de atención a las víctimas, 016, recibió un total de 1.812 llamadas. Por su parte, al menos 284 mujeres extranjeras son atendidas en la provincia de Pontevedra como víctimas de violencia de género, según los datos que maneja la Subdelegación del Gobierno y dados a conocer con motivo del reciente 8M. Esa cifra corresponde al balance del sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior) y que supone tener activos 286 casos. Se subraya que “a su condición de víctimas se añade su condición de migrantes. Son mujeres que están por tanto doblemente discriminadas y victimizadas, como mujeres y como migrantes”, siendo así “crucial reconocer y visibilizar su especial vulnerabilidad”.

El Supremo confirma la “separación del servicio” de un guardia civil en la ciudad

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado una resolución de la ministra de Defensa, del pasado 4 de octubre, por la que se acordaba la “sanción de separación del servicio” a un guardia civil “como autor de una falta muy grave consistente en cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica” . Este agente había sido condenado en agosto de 2021 por el Juzgado de lo Penal número 4 de Pontevedra “por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar en el ámbito de la violencia contra la mujer, y de otro de amenazas menos graves continuadas y no condicionales”. El asunto acabó en el Supremo, que confirma la sanción y la considera “totalmente justificada dada la naturaleza de los hechos depurados en sede penal ordinaria. Y conviene agregar, finalmente, que las conductas desarrolladas por un miembro de la Benemérita eran radicalmente incompatibles con la probidad que ha de presidir el comportamiento de cuantos la integran”. “Por todo ello –concluye el alto tribunal–, la sanción cuestionada no puede tacharse de desproporcionada, dado, conviene insistir, que nos encontramos ante unos hechos objetivamente relevantes y graves”.

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