La Xunta declara once concellos de “alto riesgo de incendios”

Prácticamente toda la comarca afronta la temporada de fuegos forestales como “zona de alto riesgo de incendios”. El Pladiga 2023, el plan de la Xunta contra esta lacra en los montes, declara con esta categoría a once de los catorce municipios y recupera a dos parroquias como de “alta actividad incendiaria”. Se trata de Saiar, en Caldas, y San Xoán, en Poio, que no figuraban en el plan del pasado año. En el caso de Saiar, regresa al listado por la virulencia de sus últimos incendios, ya que fue una zona muy castigada tanto el pasado año como el actual, y San Xoán lo hace por el elevado número de focos, aunque ninguno de ellos especialmente extenso. En la provincia hay otras cuatro parroquias de especial vigilancia, en Arbo, Dozón, Porriño y Salceda de Caselas.

Después de un año 2022 con fuegos devastadores en buena parte de la comarca, con dos incendios de grandes dimensiones en Caldas y A Fracha, entre Pontevedra y Ponte Caldelas, la Consellería de Medio Rural extrema la vigilancia este año en estas zonas. Así, los once municipios que forman parte del mapa de “zonas de alto riesgo” son Pontevedra, Cerdedo-Cotobade, Caldas, Ponte Caldelas, Barro, A Lama, Marín, Poio, Portas, Sanxenxo y Vilaboa. Tan solo Cuntis, Moraña y Campo Lameiro quedan al margen de este nivel máximo de protección. Tampoco aparecen Ribadumia y Pontecesures. Estos cinco municipios son los únicos que no están declarados “de alto riesgo” en toda la provincia. Según la normativa de la Xunta, en estas áreas de máximo riesgo se llevan a cabo “acciones más intensas de vigilancia, disuasión e investigación que en el resto del territorio”.

En la década 2013-2022 la provincia registró más de 4.600 incendios, que calcinaron casi 450.000 hectáreas, según se pone de manifiesto en el documento recién aprobado por la Consellería de Medio Rural. El Pladiga 2023 acaba de entrar en vigor con un periodo de actividad que se aplica todo el verano con medios y protocolos de actuación para una comarca integrada en el distrito XIX junto con otros territorios de las demarcaciones de Caldas-O Salnés y Morrazo.

El documento mantiene en este territorio una de las tres bases aéreas de helicópteros de la provincia. Ubicada en O Campiño (Marcón), forma parte, con las de Silleda y Mondariz, de una red de veinte bases de este tipo en Galicia. Además, estarán operativos 44 puntos fijos de vigilancia, cuatro de ellos en la comarca: Xiabre (en Saiar, Caldas), Coirego (en Carballedo, Cerdedo-Cotobade), Morrazo (en Cobres, Vilaboa) y Espiño, en Soutomaior. El parque de cámaras se mantiene en seis (de un total de 153 en 76 localizaciones de toda Galicia) en las estaciones de Barbudo (Ponte Caldelas), Domaio (Moaña) y Xiabre (entre Caldas y Vilagarcía). En el resto de la provincia hay otras 22 en Forcarei, Lalín, Covelo, A Cañiza, Crecente, Arbo, Nigrán, Tomiño. Tui o A Guarda.

En materia de personal, el Pladiga cita para la provincia un posible despliegue de más de mil trabajadores, en etapas de riesgo alto, entre las brigadas propias de la Consellería de Medio Rural, de los concellos o de otras instituciones. Además, se establece la actuación de cuatro helicópteros y cerca de un centenar de motobombas. Las cámaras, con zoom remoto y 360 grados de rotación, se ubican en lugares “que proporcionen cobertura visual de las zonas en las que se registra una mayor actividad incendiaria”.

El despliegue de la Brilat, desde el 15 de agosto

Como cada verano, se pondrá en marcha la operación “Centinela Gallego” con el despliegue por los montes de efectivos militares, en especial de la Brilat, “con patrullas terrestres, con misión de vigilancia y disuasión”. Esta actividad se desarrollará del 15 de agosto al 30 de septiembre. Se explica que en etapas de riesgo medio, “se desplegarán 30 patrullas terrestres y dos equipos de mantenimiento móvil”, mientras que el riesgo alto o muy alto “se activará cuando la valoración de los parámetros así lo aconsejen”. En los días de riesgo alto habrá “hasta un máximo de 50 patrullas y un helicóptero de vigilancia en el conjunto de Galicia”, mientras que si se eleva el nivel al grado más grave habría hasta 75 patrullas y dos helicópteros en toda la comunidad. El pasado año, la campaña de la Brilat y el Tercio Norte de la Armada se saldó con más de 80 avistamientos de incidentes notificados a la Xunta. Las Fuerzas Armadas desplegaron un operativo integrado por 30 patrullas terrestres y medios aéreos no tripulados del Ejército de Tierra. El objetivo ha sido realizar labores de vigilancia, disuasión y prevención de los fuegos en 33 ayuntamientos gallegos, repartidos en siete distritos forestales.

Más de la mitad de las 89.000 hectáreas del distrito forestal es de propiedad comunal

El territorio forestal que corresponde al distrito XIX incluye un total de 88.838 hectáreas, un terreno en el que es mayoría el monte comunal con un 56% de superficie (más de 50.100 hectáreas) y una cifra algo más baja (37.900 hectáreas, el 43%) en manos de propiedad privada. Es escasa la presencia de monte de utilidad pública o de titularidad pública con apenas 808 hectáreas, menos del 1% del total del terreno que se debe vigilar: 366 de utilidad pública y 442 de otro tipo. El distrito pontevedrés es el que menor porcentaje de estos montes públicos posee. El Pladiga 2022 hace referencia también a los programas en marcha de Medio Rural como las aldeas modelo, los polígonos agroforestales y el plan de pastos, actuaciones que en la comarca de Pontevedra se centran en Cerdedo-Cotobade. La aldea modelo en un instrumento de recuperación de tierra agraria, atendiendo parcelas abandonadas cerca de núcleos de población. Entre las 19 iniciativas ya aprobadas figura la de Mouteira-Parada, con cerca de veinte hectáreas. Los polígonos agroforestales tienen un objetivo parecido y se trabaja con uno en Vilalén-Tomonde, también en Cerdedo-Cotobade, municipio que aparece asimismo en el plan de pastos, con un total de 31 hectáreas. Este programa también está en marcha en Campo Lameiro. Su objetivo es lograr “un mejor aprovechamiento de los recursos naturales para trabajar en la anticipación de los incendios y garantizar la rentabilidad de las explotaciones”.

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