Juzgan a los acusados de integrar un grupo criminal que escondía droga en zulos

Un matrimonio acusado de formar parte de una red criminal que traficaba con drogas en su domicilio de la localidad coruñesa de Carballo, dentro de una organización criminal que se dispersaba por distintos puntos de Pontevedra y Arousa, negó los hechos de los que se les acusa ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Los dos acusados formaban parte –según el fiscal– de una organización criminal con otras cinco personas de nacionalidad albanesa.

Se enjuiciaba a una pareja integrante de esta supuesta agrupación criminal, ya que los restantes se conformaron con diferentes penas en el juicio que se celebró el pasado 15 de diciembre de 2022. Los dos acusados juzgados ayer no pudieron acudir a la vista entonces por haber sufrido un accidente de tráfico.

El acuerdo de conformidad de los integrantes del grupo delictivo les llevó a reconocer que ocultaban diferentes fardos de heroína en zulos abiertos bajo tierra. Estos zulos se encontraban en zonas forestales de Campo Lameiro y Cutián, en Cerdedo-Cotobade. Los anteriormente juzgados fueron condenados a multas de 16.000 euros y penas entre los tres años y medio, y los cinco años y medio, como culpables de delitos contra la salud pública e integración en grupo criminal.

La Fiscalía pide para la pareja juzgada, por el delito contra la salud pública, 9 años de prisión y multa de tres millones de euros; y por un delito de tenencia de armas prohibidas, tres años de prisión, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de seis años.

En todo caso el tribunal admitió ayer nuevas pruebas aportadas por la defensa, que vendrían a cuestionar la validez de las escuchas telefónicas y de las cámaras de vigilancia. La defensa alegó que si la casa de los acusados tenía una cámara era por un problema familiar sobre un hermano de la mujer, que en anteriores ocasiones acudió al domicilio con un arma, que fue la localizada en el registro de la vivienda. La defensa solicitó también la nulidad de la intervención telefónica e hizo constar que las vigilancias a la casa y a los supuestos toxicómanos que acudían a ella se hicieron muchos meses antes del registro en el domicilio y de la detención de estos investigados.

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