La Sareb tiene a la venta en toda la comarca más de 240 inmuebles, 70 de ellos viviendas

Afectados por el desahucio de Barro, ante la Subdelegación del Gobierno.

Afectados por el desahucio de Barro, ante la Subdelegación del Gobierno. / Rafa Vázquez

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se ha convertido con el paso de los años en uno de los mayores propietarios de activos inmobiliarios de la comarca, al hacerse con viviendas, locales y otras propiedades procedentes de los bancos. Esta entidad, ahora de plena titularidad estatal, se ha convertido en el blanco de las quejas de un colectivo de afectados en Barro, que se ven abocados a un desahucio de las casas y comercios que tienen alquilados si no compran esos inmuebles a la propia Sareb.

Sin embargo, el precio que establece la sociedad es “muy elevado” para los afectados, según se quejan ellos mismos. Fuentes oficiales de la Sareb han dejado claro que “no está previsto rebajar esos precios", sobre los que existe una cláusula de confidencialidad que impide desvelar la cantidad exacta. En todo caso, la situación que atraviesan estos vecinos de Barro no es única en Galicia, según indica el colectivo.

En la comarca de Pontevedra, la citada sociedad tiene en venta al menos 244 activos inmobiliarios, (setenta de ellos viviendas) según se indica en su página web, portal que incluye además otros 108 bienes denominados “obras en curso”. De ellas, 106 estarían en Poio, otra en Vilaboa y una más en Sanxenxo. Al margen de esas “obras en curso”, es este último municipio el que concentra mayor número de inmuebles a la venta en la web de la Sareb. Son 85 activos, de los que 36 son viviendas, 27 son solares, 16 son anexos (plazas de garaje y trasteros habitualmente) y seis de uso terciario, es decir, locales comerciales.

A continuación aparece la ciudad de Pontevedra, con 66. Entre ambos territorios concentran el 62% de las ofertas de la sociedad en la comarca. A orillas del Lérez se ofrecen ocho viviendas, 25 suelos, cinco trasteros y plazas de garaje y 28 locales comerciales. Marín, con 22 inmuebles, figura en tercer lugar (siete pisos, seis anexos y 9 terciarios) y Poio en cuarto, con 19 (al margen de las obras en curso hay tres viviendas, un solar y 15 locales). La lista se completa con Barro y Moraña, con seis activos en cada caso, y A Lama, Caldas, Ponte Caldelas y Portas, con una propiedad cada uno. En toda la provincia son 1.216 los inmuebles en oferta en la citada página web, a los que se deben añadir 296 “obras en curso”.

La Xunta adquiere a la sociedad un piso social en Poio

La Sareb y la Xunta han formalizado la compraventa de 40 viviendas repartidas en 16 municipios gallegos para incrementar el parque de vivienda social en la comunidad y que se destinará a alquiler social. Uno de ellos se ubica en Poio, que al igual que las demás, lleva años destinada al alquiler social bajo el paraguas de un Convenio firmado entre la Sareb y la Xunta de Galicia que vencía en 2023. Así, los inquilinos que ocupan estos inmuebles, en su mayor parte personas en situación de vulnerabilidad, podrán seguir viviendo en ellos en las condiciones establecidas.

Las otras están en Vigo (10), A Coruña (1), en las localidades coruñesas de Arteixo (1), de Cedeira (2), de Cee (2), de Culleredo (3), de Miño (2) y de Narón (2), además de en los municipios pontevedreses de Lalín (1), de Ponteareas (1), de O Porriño (3), de Salceda de Caselas (2), de Salvaterra de Miño (3), de Silleda (2) y de Vilagarcía de Arousa (4). Uno de los objetivos con los que el IGVS compra estas viviendas es facilitar la permanencia en sus hogares de personas vulnerables o que se vieron afectadas por desahucios o ejecuciones hipotecarias en su día y que, por consiguiente, necesitan un alquiler social”, según indica la Xunta en un comunicado.

La oferta de compra en Barro se amplía hasta el 30 de junio

Los afectados de Barro cuentan con la posibilidad de adquirir los locales que tienen alquilados en San Antoniño, según la oferta realizada por la Sareb, “que no es habitual” señalan fuentes de la sociedad. Se trata de personas que alquilaron esos inmuebles a una empresa que supuestamente no les avisó de que había una amenaza de desahucio, que ahora está en vías de ejecución. Como fórmula para evitarlo, la Sareb otorga a los vecinos una preferencia en la compra de los inmuebles, pero a unos precios que los afectados consideran muy elevados. Además, debían responder antes de abril.

No obstante, ahora disponen de algo más de plazo para dar esa respuesta. Se ha ampliado hasta el 30 de junio “para que dispongan de más tiempo en el que solicitar una hipoteca o realizar gestiones”, apuntan las fuentes consultadas. La Sareb insiste en que “no se rebajará el precio” con el argumento de que gestiona fondos públicos, pero plantea posibles facilidades. Así, se estudia si alguna de las familias de Barro puede presentar signos de vulnerabilidad, en cuyo caso se ofrecería un alquiler social para disponer de otra casa, así como medidas de acompañamiento y de ayuda en la búsqueda de empleo.

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