La Xunta planifica para abril la puesta en servicio del emisario submarino tras dos años de trabajos

“Principios de la primavera”, previsiblemente en abril. Es el nuevo horizonte con el que trabaja Augas de Galicia para poner en servicio el nuevo emisario submarino de la ría de Pontevedra. Así lo desveló ayer la Consellería de Infraestruturas, que retrasa así unos tres meses los plazos iniciales previstos. El montaje en el mar de toda la canalización, tanto en el tramo enterrado como en túnel, ya se concluyó hace unas semanas, junto con la instalación de los difusores en la bota del emisario. Ahora se acometen los últimos trabajos en tierra, para conectar la tubería con la depuradora de Praceres.

El emisario comienza en esta planta y se adentra en la ría unos tres kilómetros, más allá de la Illa de Tambo. Es el más largo de Galicia y su ejecución presupuestada en unos doce millones de euros, entra en su recta final tras dos años de obras. Oficialmente comenzaron estas labores en abril de 2021.

Se trata de la segunda canalización conectada a esa planta, de modo que sirva para los vertidos urbanos, mientras que el emisario primitivo se destinará solo a aguas industriales, con la intención de cederlo después a Ence, que será su principal usuario. Este emisario submarino se ejecutó en una primera fase desde Praceres, con una tuneladora especialmente diseñada para ese fin en Alemania, pero después se montó e instaló desde Combarro con la tubería posada sobre el fondo.

Augas de Galicia destaca que “se trata de una obra singular, por su complejidad técnica y por el compromiso con el sector de desarrollar los trabajos sin afectar a la producción marisquera”. El tramo en túnel del emisario tiene una longitud final de 690 metros.

Reforma en Praceres

Este emisario completa los trabajos ejecutados durante meses en la propia depuradora de Praceres, donde se emplearon 16 millones de euros en mejorar sus sistemas de tratamiento, a la espera de una futura ampliación hacia los terrenos de Ence. La fase de pruebas de un año en esta mejorada planta finalizaron el pasado verano con unos “rendimientos importantes”, según la Xunta, que destaca que “se ha eliminado el 90% de los contaminantes. También cumplimos parámetros medioambientales en la eliminación de nutrientes: nitrógeno y fósforo”.

La actuación acometida supuso la remodelación del tratamiento secundario para garantizar la correcta depuración de un caudal de 900 litros por segundo de agua. También se amplió la línea de lodos para tener en cuenta las nuevas aportaciones y se realizaron acciones previas que permitieron mantener activa la depuradora durante las obras. Tras ejecutarse las actuaciones se inició la fase de pruebas en julio de 2021 con un plazo de doce meses. Durante ese año se realizó un estricto seguimiento de los parámetros de agua depurada.

Con respecto a la depuradora, Augas de Galicia no renuncia a su ampliación, si bien sin un calendario concreto. La Xunta ya cuenta con un proyecto, con permiso ambiental desde hace un año. El objetivo es triplicar la superficie actual del complejo, al pasar de 13.750 a 40.950 metros cuadrados, en su mayor parte ocupando terrenos de la actual concesión de Ence.

Después de analizar hasta cinco alternativas (una de ellas en otra ubicación y las otras cuatro en la zona actual) el documento ambiental concluye que la extensión de la planta hacia Ence “es la más adecuada desde el punto de vista ambiental” precisamente por ocupar parte de la concesión industrial, “donde se prevé la eliminación inmediata de sus balsas de decantación” y “supone la regeneración de un espacio de aproximadamente 20.000 m2, entre el núcleo de Praceres y la Edar, para uso público de zona verde y/o deportiva”.

Esa regeneración para uso público corresponde al antiguo campo de fútbol, donde el Concello pretende crear el “Parque da Dignidade” y para el que ya dispone de una autorización temporal de Costas, ya que se trata de suelo marítimo-terrestre.

Esta ocupación de más de 23.000 m2 de Ence generó un informe negativo de la propia empresa, si bien Augas de Galicia replica que la depuradora tiene prioridad sobre los intereses privados. En concreto, la compañía “cuestiona la ejecución de un proyecto sobre un terreno cuya concesión en vigor corresponde a un tercero, indica que esta ocupación afectará, además de a las balsas de decantación, a una superficie del parque de almacenamiento de madera y no comparte la valoración de la ocupación de un terreno ya ocupado por otra actividad, en concreto la de Ence, como impacto positivo”. Además, “consideran que las actuaciones de integración paisajística propuestas son una actuación ajena al proyecto”, además de otras alegaciones.

Augas de Galicia respondió que la ampliación de la planta “es prioritaria desde el punto de vista ambiental y además imprescindible por exigencias legales. Se trata de una infraestructura de interés público declarada de interés para la Comunidad Autónoma, tal y como se recoge expresamente en el Plan Hidrológico de Galicia Costa 2015-2021 y durante años se trató de buscar una solución para su implantación. Se concluye que la única realmente viable es la que se recoge en este documento ambiental, en la localización de las instalaciones de la actual planta y ampliando su superficie a los terrenos de la concesión de Ence, que lógicamente se ve afectada pero que prioriza los intereses generales al llevar a cabo la ejecución de una infraestructura imprescindible”. El documento ambiental detalla que la duración estimada de las obras es de 30 meses.

Ence ya consignó 200 millones en 2021 para hacer frente a un posible cierre

Ence formulará en febrero los estados financieros semestrales pero aplazó a marzo las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2022 con el fin de recoger “adecuadamente” en dichas cuentas el resultado del fallo de la sentencia del Tribunal Supremo tras los recursos de casación sobre la nulidad de la prórroga de la concesión de la planta de Lourizán, recursos que se analizarán el próximo 7 de febrero.

El alto tribunal le comunicó a la fecha a la compañía en la segunda semana de enero con el fin de analizar los procedimientos seguidos a instancia de Greenpeace España y el Concello de Pontevedra, tras los que se declaró la nulidad de la prórroga de la concesión de dominio público marítimo terrestre en la que se asienta la fábrica de Ence. Previsiblemente, la decisión del Tribunal Supremo sobre ambos recursos se conocerá en las semanas posteriores a la fecha señalada para votación y fallo de los mismos

Según aclararon ayer fuentes de la empresa, las cuentas de 2021 ya consignaron una cifra de 200 millones de euros por los hipotéticos gastos que pudiera acarrear un posible cierre por orden judicial. Por ello, la revisión de las cifras de 2022 solo se llevará a cabo en el caso de lograr una sentencia favorable. “Sería un cambio en positivo”, añaden las mismas fuentes, ya que habría que “recuperar” aquellos 200 millones. Las fábricas de celulosa de Ence, en Pontevedra y Navia (Asturias) recibieron en 2022 cerca de un millar de visitantes, según destacó ayer la empresa en un comunicado, que añade que estas personas “pudieron conocer de primera mano cómo es el proceso de producción de celulosa y de la energía renovable en estas instalaciones”. Se trata casi del doble de visitas que las del año anterior.

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