El Concello de Sarria, en Lugo, se ha visto obligado a suspender el pago de las nóminas a sus funcionarios y a los proveedores municipales al carecer de un tesorero con habilitación nacional que autorice esos gastos. Su situación es extrema, pero la mayor parte de municipios de la provincia se puede enfrentar a un problema similar a raíz de una normativa estatal que obliga desde el pasado 1 de enero a todos los ayuntamientos a disponer de un tesorero de esa categoría. En la comarca de Pontevedra solo la capital, Marín y Sanxenxo cuentan con ese puesto cubierto, mientras que Poio creó la plaza y espera ocuparla este año.
En el resto de concellos se acude a fórmulas de uno u otro tipo para sacar adelante el pago constante de facturas y nóminas y hasta el momento ninguno de los alcaldes consultados tiene problemas para "mantener la actividad municipal normal". Sin embargo, en casi todos ellos existe preocupación y, sobre todo, malestar entre los alcaldes por las nuevas exigencias que plantea el Ministerio de Hacienda, tanto por el hecho de que "no existen tantos tesoreros en España para atender a la totalidad de ayuntamientos" como por los 60.000 euros anuales, como mínimo, que cuesta su contratación.
"Concellos pequeños no tenemos capacidad para crear esa plaza", señalan algunos alcaldes. Por el momento, las esperanzas están puestas en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que ya se ha puesto en marcha con el envío de cartas a diversas autoridades. En ellas se solicita una moratoria en la aplicación de esa orden, de modo que haya tiempo para buscar soluciones alternativas.
Derogación
Una de esas opciones es la agrupación de municipios para que un único tesorero atienda a todos ellos. Es la idea que baraja, por ejemplo, el alcalde de Cuntis, Manuel Campos. Por el momento, ese concello "está funcionando" pero Campos admite que "no podemos soportar en solitario ese gasto", por lo que se estudia la opción de un servicio común. En todo caso, el alcalde cuntiense cree que la mejor opción es "derogar la orden y dejar la situación como hasta ahora".
En un municipio próximo, el de Moraña, su alcaldesa, Luisa Piñeiro explica que en su organigrama funcionarial tienen cubierta la plaza, lo que descarta problemas, mientras que en el de Caldas, su regidor Juan Manuel Rey lanza un mensaje de "tranquilidad". "No hay peligro", apunta, pero también admite que "estamos obligados a disponer de ese tesorero con habilitación nacional y si llega el caso, se cumplirá".
El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, señala que en su concello existe una tesorera desde hace años, pero sin la categoría exigida, si bien señala que "pagamos en plazo" tanto las facturas como las nóminas.
Desde Ponte Caldelas, su regidor Andrés Díaz se muestra muy crítico con las exigencias de Hacienda. Explica que dispone de la figura de tesorero, pero, al igual que Barro, que no es habilitado nacional. Por ello, el servicio municipal de Intervención ya emitió un informe en el que se alerta del incumplimiento de la normativa estatal" que obliga a elevar la categoría del funcionario que autoriza los pagos. Sin embargo, Díaz insiste en que "eso es insostenible, no tiene ningún sentido". El alcalde de Ponte Caldelas aboga, como mínimo, por una moratoria y apela al éxito de las gestiones de la Fegamp.
Diputación
En igual sentido se manifiesta José Luis Poceiro, máximo responsable del Concello de Vilaboa. "Está claro que vamos a tener problemas, pero espero que la Fegamp nos defienda". Explica que en su municipio existe un secretario y un interventor con la categoría exigida, pero no ocurre igual con el tesorero. Poceiro reconoce que en otros municipios se estudia la fórmula de la agrupación para que un único funcionario atienda a varios territorios pero alerta de sus posibles perjuicios. "Los habilitados nacionales de Vilaboa se quejan de que tienen demasiado trabajo solo con un municipio, y necesitarían más personal, por lo que una única persona para varios sería complejo para "llevar las cosas bien".
Entre los alcaldes también se apela al papel de la Diputación, un organismo que ya se encarga en la actualidad de gestionar los impuestos de muchos municipios a través del ORAL. Precisamente es el tesorero el que también se encarga de este proceso, lo que podría suponer modificaciones si se aplica a rajatabla en todos los ayuntamientos.
En la comarca de Pontevedra son once los municipios que no cumplen las exigencias del Ministerio de Hacienda. Pontevedra, Sanxenxo y Marín sí disponen del funcionario habilitado y Poio está en proceso de cubrir esa plaza, pero en el resto son funcionarios o empleados sin la categoría exigida, cuyas funciones podrían llegar a ser irregulares. No obstante, salvo Ponte Caldelas, ninguno de los alcaldes afirma haber recibido ya informes de sus servicios económicos alertando de este problema.
