La tesorera y el interventor sobre la gestión de Jácome: “Se contrata sin crédito disponible”

La tesorera y el interventor municipal del Concello de Ourense tienen abiertos expedientes de cese, promovidos por el regidor ourensano, Gonzalo Jácome, mediante una providencia, por, supuestamente, tener actitudes “obstruccionistas y dilatorias” en sus funciones. Ambos funcionarios constatan e identifican que la gestión del regidor en materia económica y presupuestaria “no sigue la normativa aplicable” y en reiteradas ocasiones “se acuerda y contrata sin disponer de crédito disponible”.

El “lawfare administrativo” se evidencia cada vez más entre el gobierno municipal y los altos funcionarios del Concello de Ourense (no solo pasa en la ciudad ourensana). Mientras que la tesorera municipal y el interventor defienden que sus responsabilidades, funciones y decisiones son “ajustadas a derecho” y a las normas económicas, administrativas y presupuestarias, el regidor les critica por retrasos en la liquidación del presupuesto, retrasos en el pago de facturas o retrasos en la justificación de subvenciones, apoyado por informes del coordinador general del Concello de Ourense.

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Necesidad de liquidez

La primera crítica de Jácome a la tesorera fue en un pleno municipal donde la tachó de “tiquismiquis” y de cerrar el ejercicio económico en mayo, cuando la normativa señala que se debe hacer en el primer trimestre del año. Las críticas del regidor llegan por la falta de unos presupuestos aprobados por parte del gobierno municipal (los últimos desde 2020 con DO y PP) que provoca que el gobierno deba acudir por necesidad a las modificaciones de crédito para disponer de liquidez para el pago de facturas o convenios suscritos y por voluntad para inversiones.

Precisamente, sobre los retrasos no justificados en la elaboración de la liquidación de los presupuestos, la tesorera, en las alegaciones de su expediente de cese, señala la falta de recursos humanos en el departamento y también la ausencia de un puesto especializado y técnico como apoyo. En el propio escrito aclara que “no se han cubierto una baja de larga duración y jubilación ni tampoco se ha dado respuesta al requerimiento de un puesto técnico”. Y añade que “la falta de control en el traslado en tiempo y forma, de los acuerdos de contenido económico al departamento, provocan el retraso en la emisión de información necesaria para cerrar el ejercicio contable en tiempo”.

En una tabla cronológica se evidencia que desde 2015 hasta la actualidad el ejercicio contable se cerró como muy pronto en marzo (año 2016) y como muy tarde en julio (años 2017 y 2018) siendo mayo el mes de media de cierre de los ejercicios, a pesar de que la normativa presupuestaria indica que se debe cerrarse en el primer trimestre. Es por esos “retrasos” en la emisión de información de otros departamentos que la tesorera indica que “no se puede motivar una falta de idoneidad técnica ni actitud obstruccionista por mi parte”.

El regidor ourensano motiva el expediente de cese a la tesorera en retrasos en la incorporación de remanentes y en la tramitación de modificaciones presupuestarias. La tesorera indica que se acordaron 18 incorporaciones de crédito por un valor de 36,5 millones de euros y un crédito extraordinario de 561.000 euros, “todas ellas acordadas con anterioridad a la fecha de aprobación de la liquidación y que están financiadas con remanente de tesorería”.

La tesorera concluye que “con la finalidad de acreditar una falta de idoneidad técnica se me imputan graves errores de tramitación procedimental y retrasos atribuibles a otros servicios municipales, que no están bajo mi dirección técnica. Se ha llegado a imputárseme el mal funcionamiento de programación en los flujos de facturas o la errática emisión de informes propuesta de la Asesoría Jurídica, por poner dos ejemplos”.

En el final del escrito, también acredita que “se esconde una pérdida de confianza personal, por el hecho de no prestarme a dar validez a la tramitación del gasto público a través de expedientes que incumplen la normativa contractual, presupuestaria, y/o contable, resoluciones con graves defectos u omisión de elementos esenciales, por advertir que se me ordena el ejercicio de funciones que no corresponden a mi puesto y cuyo ejercicio impropio puede derivar en un menoscabo para la hacienda pública”.

Mientras el interventor aludía a acusaciones “frágiles en su rigor técnico y de escasa fiabilidad” o “malintencionadas” por parte del regidor ourensano, la tesorera señala que “no hay razones objetivas, reales y reveladoras de la falta de idoneidad técnica sobrevenida del nombramiento, más allá de la eventual pérdida de confianza personal. Y no estimar estas alegaciones supone adoptar una resolución arbitraria”.

El ‘city manager’: “La tesorera se ha excedido en el ámbito de sus funciones”

El regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, ante las alegaciones presentadas por la tesorera en el expediente de cese, solicitó al coordinador general del Concello de Ourense (‘city manager’ que el mismo nombró por libre designación) la emisión de un informe con el análisis de las mismas.

Dicho informe revela “claramente la falta de fundamento de las alegaciones”, añadiendo que “las negativas a la contabilización que motivan su cese no han respondido en ningún caso a la carencia de datos esenciales, sino exclusivamente a las desproporcionadas exigencias formalistas del órgano contable, exigencias que carecen de toda base legal”. El coordinador general explica que “esas exigencias” provocan “el incremento de una carga burocrática” y también un “objetivo de obstrucción en la gestión”, visibilizando que igual no ha habido “voluntad obstruccionista, sino una convicción errónea de que eso es lo correcto”.

Además, también critica que “en ningún caso se ha vulnerado las funciones contables de la tesorera, sino que al revés, es esta funcionaria la que se ha excedido en el ámbito de sus funciones, tanto materialmente al entrar a valorar supuestos incumplimientos de la normativa contractual o presupuestaria como funcionalmente al atribuirse de facto facultades en revisión de la legalidad de actos y acuerdos de la Corporación, imponiendo además un veto a su efectividad y ejecución práctica al negarse a su contabilización”. Y termina señalando que “no existían supuestos incumplimientos de la normativa ni se pretendió nunca la contabilización de resoluciones con graves defectos y omisión de elementos esenciales, lo único que se produjo fue unas exigencias desproporcionadas de datos puramente formales no necesarios”.

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