El interventor del Concello de Ourense pide archivar su cese y que finalice “el acoso del alcalde” a su persona

Le ha acusado de “lawfare”, de “mala fe” y de “querer ser político”. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, abrió expediente el pasado 20 de diciembre al interventor municipal por discrepar, en la mayoría de casos, de su gestión en materia presupuestaria, económica y financiera y eso al alcalde no le gusta. Ahora, es el funcionario el que se defiende pidiendo que se archive el expediente por estar “carente de fundamento” en sus aspectos formales con base en normas jurídicas y materiales porque “no hay base”, pero también solicita que se finalice con el “acoso del alcalde, a fin de garantizar mi seguridad y salud como funcionario público”.

El funcionario habilitado nacional se defiende de las acusaciones vertidas y de la posibilidad de cese, aludiendo que no hay fundamentos para la tramitación del expediente de cese en su carácter formal, pero tampoco material.

En relación a la forma señala que la tramitación hace referencia, por un lado, al cese y a una remoción. Sobre la remoción dice que “la hipotética remoción en un puesto de trabajo de un funcionario con habilitación de carácter nacional, requiere la instrucción de un expediente disciplinario cuya incoación y resolución es competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública, conforme lo establecido en el artículo 61 del Real decreto 28/2018, de 16 de marzo”.

Y finaliza diciendo que “no solo tiene que ser una tramitación contradictoria dando audiencia al interesado, sino también a la junta de personal por un espacio de 10 días”. Sobre el cese, hace referencia a varias normas y señala que “el expediente deberá incorporar el informe preceptivo aunque no vinculante del órgano competente de la Administración General del Estado emitido con carácter previo a la decisión que eventualmente sea adoptada” y además tanto la remoción como el cese “es competencia de la Dirección General de la Administración u órgano que hace las veces dentro del Ministerio de Hacienda y Función Pública”. En relación con el aspecto formal, el funcionario termina diciendo que “estamos ante una causa general, absolutamente prospectiva, carente de fundamento real y con una finalidad espuria, en la que concurre absoluta inhabilidad, falta de competencia, de acción y de legitimación activa no sólo para iniciarla, sino también para concluirla”.

En la cuestión material, el interventor narra el procedimiento seguido de fiscalización económica en diferentes cuestiones y pone en entredicho las actuaciones “obstruccionistas, abusivas y dilatorias” de las que es acusado. Dichas acusaciones las define como “frágiles en su rigor técnico y de escasa fiabilidad” , “malintencionadas” y se ratifica en los informes emitidos en procedimientos de modificaciones presupuestarias así como en otros como por ejemplo el “fraccionamiento contractual” en las facturas para la ejecución de los bonos de 100 euros y en la tramitación del pago de unos intereses de demora, derivados de una devolución de ingresos a favor de la Xunta de Galicia.

El interventor municipal finaliza las explicaciones “materiales” señalando “la perplejidad de a quien se le atribuyen actuaciones obstruccionistas y dilatorias en la gestión administrativa, cuando son obviados otros hechos y circunstancias, por parte de la Alcaldía de Ourense, y que por contra, si están provocando serias e importantes disfunciones e ineficiencias en la gestión municipal tales como el levantamiento de reparos sucesivos del ejercicio de 2022 por importe de 24 millones de euros; el montante económico de acuerdos de la junta de gobierno local omitiendo la función interventor del ejercicio 2022 por importe de 621.000 euros; y la prestación en precario del contrato de la hora, del contrato del suministro eléctrico, del de transporte, del saneamiento y abastecimiento, de la teleasistencia, de la limpieza viaria y de la gestión del centro de día”.

“Acoso” y “modo DO”

El funcionario habilitado hace referencia a la sentencia del juzgado de lo Social Nº1 de Ourense por el acoso laboral al que fue sometido la intendente de la Policía Local, María Barrera, por parte de un ex edil de DO, Telmo Ucha, y también, como señala la sentencia por parte del Concello de Ourense, con especial alusión al regidor ourensano. La sentencia, que todavía no es firme, deja constancia del “modo DO”, entendiendo como tal “tirar por el camino del medio, el que no gusta” y que conlleva “apartar como sea”.

A juicio personal del funcionario, “estas declaraciones son especialmente esclarecedoras en la formulación de estas alegaciones, porque revelan un modus operandi que tiene su trasunto en el acoso laboral al que se ve sometido el funcionario que subscribe, por el Alcalde desde que presentó su informe sobre resolución de discrepancias correspondiente al ejercicio económico de 2022”. El interventor dice que el acoso se experimenta desde “la descalificación personal, la desacreditación personal, burla con difusión mediática, amenazas y ejecución de las mismas y suerte de hostigamiento constante”.

En sus alegaciones recoge palabras que Jácome le dijo como “vago”, “negligente”, “intento de bombardear y boicotear los expedientes”, “si pongo verde al interventor y al secretario, se tienen que joder”, “mala fe” en sus actuaciones y competencias, “si hay alguna irregularidad es del interventor y lo vamos a denunciar”, “el interventor cometió un fraude y una ilegalidad”, entre otras cosas.

Por todas estas cuestiones: la formal por no ajustarse a la competencia establecida por territorio para el cese; la material por resultar “carente de fundamento”; y el “acoso laboral” a través de un “modus operandi” de “hostigamiento” pide que se archiven las actuaciones de cese y también que se finalice con el “acoso por parte del alcalde de Ourense”

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