El interventor: “No hubo tiempo de manifestar las carencias observadas en los expedientes”

“La Administración no habla, escribe”. Fueron las palabras del regidor ourensano, Gonzalo Jácome, al interventor municipal en uno de los plenos ordinarios. Pues dicho y hecho. El funcionario, habilitado nacional, del Concello de Ourense encargado del control y la fiscalización económica de la entidad local elaboró un oficio en el día de ayer respondiendo a los ataques del regidor ourensano que lo culpabilizaba por no presentar un informe de fiscalización en plazo a dos modificaciones de crédito, para habilitar 5,5 millones de euros para infraestructuras.

El regidor dijo que el Interventor tenía cinco días para informar sobre los expedientes, pero el funcionario acredita que “no se tuvo ocasión de poner de manifiesto las carencias observadas en estos expedientes con carácter previo a la convocatoria de la sesión plenaria, porque la Intervención municipal no fue convocada a la sesión de la junta de gobierno local celebrada el pasado 27 de noviembre donde se aprobaron los proyectos de modificación presupuestaria”. Las modificaciones de crédito son procedimientos especiales y no ordinarios, según expone el funcionario con base en preceptos jurídicos y por ello la Intervención tendría un “plazo no inferior a 10 días para emitir su informe (no de 5 como decía Jácome)”.

El oficio del interventor explica que “la tramitación urgente (de las dos modificaciones presupuestarias para tener liquidez antes de final de año con cargo al remanente de Tesorería de 2022) no resulta aplicable en la tramitación de los expedientes referenciados por dos motivos fundamentales. El primero porque no hay acuerdo expreso alguno adoptado por esta administración pública en orden a la aplicación de una tramitación de urgencia tal y como exige la ley del procedimiento administrativo común. Y en segundo lugar, porque de ser adoptado un acuerdo de tramitación de urgencia, debería ser informado desfavorablemente porque los expedientes de crédito extraordinario y suplemento de crédito deberán seguir los mismos trámites y requisitos que los presupuestos y serán de aplicación a las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos”.

El interventor pide “un ejercicio de las funciones de control de la gestión económica y presupuestaria racional, acorde a los procedimientos y plazo establecidos en la legislación vigente”. El oficio del interventor se hace después de que el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, le niegue la palabra sistemáticamente en los plenos del Concello en los que se hace referencia a sus labores profesionales y sus informes.

De nuevo, a pleno

El pleno ordinario del Concello de Ourense del mes de diciembre se debatirán de nuevo las dos modificaciones presupuestarias (22P y 23P) para dotar de crédito obras ya realizadas, un convenio con la CHMS, la anualidad del convenio con Viaqua y el plan de mantenimiento de las obras de la ciudad de 5,5 millones de euros.

El gobierno municipal lleva, de nuevo, estas dos modificaciones para intentar que entren antes del final del ejercicio, que ya fueron informadas desfavorablemente por la intervención municipal cuando formaban parte de un mismo expediente de 14 millones de euros.

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