El Supremo admite a trámite el recurso de la Fiscalía contra la absolución de la Zamburiña

Serán dos años después del juicio –cerrado con una absolución generalizada por la nulidad de las escuchas– cuando el Tribunal Supremo estudie y decida qué pasará con la operación Zamburiña, en la que están encausados 4 policías nacionales de Ourense y 9 presuntos traficantes; la principal, Josefa P. G., alias Pucha, falleció hace unos días.

La Sala Segunda del alto tribunal notificó este martes una providencia en la que informa a las partes de que el recurso de la Fiscalía ha sido admitido a trámite. El 31 de enero de 2023 se reserva para la deliberación y decisión por parte del tribunal, que estará constituido por los magistrados Andrés Martínez Arrieta –ponente y presidente de esta sala–, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Antonio del Moral García, Andrés Palomo del Arco y Ángel Luis Hurtado Adrián.

Las “conjeturas” de la Unidad de Asuntos Internos tras la llegada en 2014 de un anónimo sobre supuesta corrupción en la comisaría de la Policía Nacional de Ourense no bastaba para acordar las escuchas, y el juez instructor fue “acrítico”, según la Audiencia Provincial.

La investigación era “insuficiente” y los agentes de la unidad “omitieron” datos al magistrado. “La absoluta falta de pruebas” por la nulidad de los ‘pinchazos’, registros y confesiones dio lugar a la absolución colectiva.

De una vista con un plan previsto de más de mes y medio se pasó a ocho sesiones prácticamente vacías de contenido, tras anular la sala de magistrados toda la prueba en el trámite de cuestiones previas. Así se atendía, en primera instancia, el caso que hizo temblar la comisaría, uno de los que marcaron años de crisis sin precedentes: en otra causa aún en instrucción, una jueza mantiene investigados desde 2016 a los policías gemelos por la muerte de un agente de un disparo, con una de las armas robadas del búnker de la comisaría en agosto de 2014.

En noviembre de ese año, Asuntos Internos recibió un anónimo en noviembre de 2014 que relacionaba una supuesta trama corrupta entre policías y traficantes con el robo de armas en el búnker. La investigación de Asuntos Internos fue “absolutamente insuficiente para comprobar la credibilidad y verosimilitud del anónimo, y no proporcionaron al instructor una información plena”, sino “parcial”, omitiendo datos “que en sí se descubrían como inverosímiles”, dice la sala.

Desde Asuntos Internos “pidieron del instructor un acto de fe ciega, porque ninguna de las investigaciones que se dicen realizadas tienen constatación objetiva”.

La Audiencia, en su análisis de la Zamburiña, no analizó el fondo del asunto –el trapicheo y presunta protección policial, que los agentes encausados han negado–, sino la forma. El tribunal consideró que se vulneraron derechos fundamentales y que los indicios de la causa, tanto las audiciones de las conversaciones telefónicas, como la incautación de los estupefacientes e incluso las confesiones de algunos implicados estaban viciados por la escucha inicial que declaró nula.

En el anuncio de recurso, la fiscal del caso, Pilar Manso, fundamentó su recurso en cuatro causas para la casación: por “infracción de preceptos constitucionales y arbitrariedad”, por una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, así como por quebrantamiento de forma. La preparación y defensa ha corrido a cargo de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La Fiscalía pide penas que suman más de 100 años para los 13 encausados

El objetivo del ministerio público es que el alto tribunal revoque la nulidad y, en la práctica, acuerde un nuevo juicio sobre la Zamburiña con la celebración de toda la prueba aceptada en su momento. Pide penas que suman más de 100 años para los 13 encausados.

Sostiene que los cuatro policías antidroga de la anterior unidad de estupefacientes de la comisaría de Ourense ofrecían una “colaboración simbiótica”, protección y “cobertura” a sus informantes, “favoreciendo” presuntamente su actividad de narcotráfico, a cambio de chivatazos para conseguir incautaciones sin esfuerzo.

Así, “eliminando a la competencia” de sus confidentes, frustrando con detenciones los alijos de otros, los agentes conseguían “crédito” y “reconocimiento”, profesional.

En su informe final, tras ver anulada la prueba clave y ser descartada el resto de testificales y periciales por la sala –los magistrados de la Audiencia consideraron que todos los indicios se derivaron de ese ‘pinchazo’ ilegal–, la fiscal lamentó que “es muy triste que se deje entrar droga en la ciudad, la policía lo permita y estas conductas no se castiguen”.