Con un mes de antelación y sin haber practicado ni una sola prueba de entre los 109 y 26 peritos previstos inicialmente para que declararan –todo fue excluido por los magistrados–, el juicio de la operación ‘Zamburiña’ queda visto para sentencia. La resolución será absolutoria, tras la anulación de las escuchas y de su resultado, incluida la incautación de siete kilos de droga en manos de presuntos traficantes, en especial de Josefa P. G., alias Pucha, una histórica del narcotráfico en la ciudad, ya condenada en 2006 por la Audiencia de Ourense y que se enfrentaba a 13 años de prisión en este procedimiento. Tras autoinculparse en la fase de instrucción –otra prueba que se considera nula, según la sala, al estar viciada por la escucha inicial–, Pucha dijo ayer que la droga aprehendida en sus propiedades de la ciudad –incluidos supuestos narcopisos– y de Punxín no era suya. Tampoco integraba o lideraba un grupo criminal de traficantes, respondió.
Pilar Manso, la fiscal que asume desde hace cinco años esta y las otras dos causas sobre la comisaría de Ourense –además de la ‘Zamburiña’, la muerte del policía Celso B. A. en 2016 con una de las seis armas robadas en el búnker, en 2014–, no acepta el criterio de la Audiencia Provincial y recurrirá al Supremo. El objetivo es que el alto tribunal revoque la nulidad y, en la práctica, acuerde un nuevo juicio con la celebración de toda la prueba. La fiscal, a quien la Audiencia denegó también las declaraciones alternativas no relacionadas a criterio del ministerio público con la prueba anulada, mantiene su acusación en los mismos términos que en el escrito de calificación. Solicita penas que en su conjunto suman más de 100 años para los 4 policías y 9 presuntos traficantes que han estado en el banquillo.
“Es muy triste que se deje entrar droga en la ciudad, la policía lo permita y que estas conductas no se castiguen”, subrayó la fiscal. El exjefe policial antidroga, Antonio R. F. negó los hechos a preguntas de su defensa de forma breve –como el resto, salvo algunos que directamente eligieron no declarar–, y también hizo uso del derecho a la última palabra, en contra de la recomendación de su abogada, Beatriz Seijo, según el inspector.
Pidió perdón al resto de agentes que, como él, fueron señalados en el anónimo de 2014 a partir del que Asuntos Internos empezó a investigar, y que no fue aportado íntegramente a la causa al comienzo, ni tampoco su autor o autores fueron identificados. “Les intervinieron los teléfonos solo por tener una afinidad conmigo y porque los induje a trabajar los fines de semana y las noches, sin compensación en el sueldo. Hubo una fiscal y un juez que consideraron que ser profesionales y dedicados en el trabajo era ilegal y delictivo”, expresó el inspector, que solicitará su reingreso al servicio activo y reclamará el salario perdido si, como parece, sale absuelto. Más de 11 años de prisión, multa y larga inhabilitación solicita la fiscal.
“Ya no me fío de la justicia”
“Quiero transmitir mi rabia”, añadió en su última palabra. “Ya no me fío de la justicia ni de la Fiscalía, hasta la Audiencia, hasta ahora”, matizó. Después realizó un reproche a cómo fue la instrucción, con la escucha fundamentada en un oficio de Asuntos Internos que la Audiencia cree que contenía meras “conjeturas”, incluso con elementos “que no tienen la categoría de sospecha”. Al respecto, Antonio R. F. manifestó, con sarcasmo: “Pensaba que había que motivar las intervenciones telefónicas a los delincuentes y traficantes, pero veo que contra los policías no hay que motivar nada”.
Uno de los policías acusados: "Se dio orden de que los compañeros no se comunicasen conmigo"
Durante su breve interrogatorio a preguntas de su defensa –los otros tres agentes ya cumplieron con el trámite el martes–, Antonio R. F. aseguró que la relación con los presuntos traficantes era solo profesional. “Por supuesto” –afirmó– no dejó de cumplir con su labor ni hizo la vista gorda, ni reveló información de bases de datos, como matrículas de vehículos oficiales. “El secreto profesional me lo impide”, declaró. Tampoco dejó de intervenir droga ni accedió de forma irregular a los sistemas digitales de datos (hechos, estos últimos, que el inspector atribuye a la presunta suplantación mediante el uso de sus claves por parte del autor o autores del anónimo; según su criterio, los agentes gemelos Roy y Bernardo D. L.). Antonio aprovechó para manifestar que, tras su detención en noviembre de 2015 a manos de Asuntos Internos, “estuve incomunicado en los calabozos, y se dio orden a todos los compañeros de la comisaría de Ourense de que tenían prohibido comunicarse con los detenidos”.
Según el escrito de acusación, la Fiscalía considera que los cuatro policías antidroga de la anterior unidad de estupefacientes de la comisaría de Ourense ofrecían una “colaboración simbiótica”, protección y “cobertura” a sus informantes, “favoreciendo” presuntamente su actividad de narcotráfico, a cambio de chivatazos para conseguir incautaciones sin esfuerzo. Así, “eliminando a la competencia” de sus confidentes, frustrando con detenciones los alijos de otros, los agentes conseguían “crédito” y “reconocimiento”, profesional. La Unidad de Asuntos Internos –de acuerdo a la Fiscalía– se encontró en este caso con “unas actuaciones sumamente anómalas, al margen de todo control y de la ley”.
La fiscal: El exjefe policial llevó a cabo presuntamente “toda una serie de conductas para favorecer el narcotráfico"
En el reducido tiempo que, a su entender, le concedió la sala, Pilar Manso condensó los argumentos de su acusación, sin rebatir en profundidad la nulidad de las pruebas, que detallará en su recurso. Según su tesis, el exjefe policial llevó a cabo presuntamente “toda una serie de conductas para favorecer el narcotráfico, en especial de Josefa, llegando a conocer dónde se ocultaba la droga, y a ayudar a intercambios de sustancias de mala calidad. Josefa actuó con total impunidad” y el inspector, manifestó la fiscal, tuvo una actitud de omisión del deber de perseguir a su principal confidente, con el presunto conocimiento e inacción de Mercedes C. G. y Felipe M. A., agentes ya retirados para los que solicita 6 años y 3 meses.
El proceder de los tres policías –al cuarto, José Antonio R. F., el único que no se arriesgaba a prisión, solo está acusado de revelar matrículas– “no fueron meras infracciones administrativas, sino delitos”. ¿Cuál era el fin, según la Fiscalía? “Había un beneficio para ambas partes”. Por un lado, Antonio, concertándose presuntamente con los confidentes arrestaba a la competencia y obtenía un “mérito” o reconocimiento profesional, incluso con aspiraciones de recibir una medalla. Por el otro, presuntos traficantes, cuya actividad delictiva era “vox populi” según la fiscal, podían operar.
Recuperación de un arma de fuego
“No se puede manifestar que es una mera infracción dejar que se haga acopio de grandes cantidades de droga, o pasar información de matrículas de vehículos oficiales, poniendo en peligro a agentes. No se puede sostener lo que dijo Antonio, que él lo que pretendía es que no entrase droga, cuando esta operación de Asuntos Internos consiguió una incautación muy superior a los operativos de Antonio”, expresó la fiscal.
Pilar Manso subrayó que los confidentes no fueron investigados, ni tampoco identificados como tales en el registro, porque según la tesis del ministerio público el objetivo del exjefe antidroga era saber si otras unidades o cuerpos investigaban a dichos traficantes. La intención, según reiteró la fiscal en su informe, era protegerlos. También aludió a otro de los extremos de su acusación, como la supuesta mediación del inspector para que uno de los presuntos traficantes recuperase un arma de fuego, que estaba en poder de otro acusado. “Dejó recuperar un arma a personas dedicadas al narcotráfico”, reprochó la acusadora.
La fiscal también aludió a vigilancias que acreditarían relaciones entre los traficantes y la existencia de un grupo criminal, e incluso expuso un comentario de uno de los agentes: “Mira, un kilo de bolas colocaditas, ocupan muy poco”. Sobre la presunta líder de los traficantes, Pucha, Manso sostiene que “vive con un nivel muy por encima de sus actuaciones y está acreditado que pagaba alquiler de todas y cada una de las viviendas”, incluidos supuestos narcopisos. Josefa P. G. se enfrenta a 13 años.
Réplica de las defensas
Beatriz Seijo, la abogada del exjefe antidroga de la policía, criticó que la fiscal siguiera aludiendo en su informe final a extremos que ve inválidos por la anulación de las escuchas y sus resultantes. “El auto de intervención de las comunicaciones tenía un carácter prospectivo y afectaba al resto de la causa, todo quedaba muerto”, expresó la letrada. Además recordó que Antonio y los acusados solo respondieron a sus abogados, con toda la prueba inicialmente prevista excluida, con lo que no se ha sometido al principio de contradicción la tesis de la Fiscalía. “Las únicas palabras que tomará en consideración la sala son las que aquí se han dicho. Hay un vacío total probatorio respecto de la carga que corresponde al fiscal. No se ha practicado en plenario, con principios de inmediación y contradicción, ninguna prueba incriminatoria. Lo que procede es la absolución”, subrayó.
La abogada que representó ayer a los agentes Felipe y Mercedes dijo que “es irremediable” para esta última “recuperar la vocación perdida, a quien le apasionaba la defensa de la ley y el orden”. Del policía varón, también jubilado, destacó que actuaba “contra la injusticia con contundencia”. La letrada destacó que “han tenido que vivir 5 años de un martirio judicial que les arruinó la vida; esperamos que se haga justicia con la absolución, porque aunque llegue tarde será bienvenida”.
"Magia para defensa"
Jorge Álvarez defiende a través del sindicato SUP al agente José Antonio R. F., el único en servicio activo, para quien la fiscal pide la pena más baja: multa más inhabilitación. “Son completamente inocentes”, dijo el letrado extendiendo la defensa a los cuatro agentes. “No hay una sola prueba independiente en el procedimiento que tenga algún tipo de desvinculación” con la escucha ilegal. El letrado aseguró que, de haberse celebrado el juicio al completo, “igual algunos agentes de Asuntos Internos hubieran entrado como testigos y salido como investigados”. Ricardo Orbán, defensor de un matrimonio de presuntos traficantes, dijo que “ante la más absoluta carencia de pruebas, creíamos que la fiscal iba a solicitar el sobreseimiento y ejercer su derecho de recurso. Es magia para la defensa”, expresó.
Jorge Temes representa a la Pucha. “Se veía desde el inicio del proceso que había unas cuestiones de inmisión ilegítima en los derechos fundamentales. Este hecho tiene una relevancia procesal indiscutible”, introdujo. El letrado cree que Asuntos Internos “vino a Ourense de caza”, y que si hubiera investigado la autoría del anónimo inicial, “que rezumaba inquina personal y odio a personas de la comisaría”, estaría resuelto el robo de armas e incluso se habría evitado la muerte de un agente en 2016. Sobre la nulidad, clave en la previsible absolución, Temes dijo: “No se trata de que unos hábiles abogados hayan desmontado un auto. Se trata de que, desde el primer minuto, se han conculcado los derechos constitucionales de los investigados. Este tribunal tenía la obligación de preservarlos y es ejemplarizante: trata de decir al instructor que no se acepta la conculcación de los derechos fundamentales, sea cual sea el delito”. En opinión de este letrado, “se hace una verdadera justicia material y formal cuando se declara que el auto y toda la prueba que se deriva son nulos. Los derechos de los acusados están por encima de cualquier posibilidad investigadora que trate de llegar por un atajo a la culpabilidad”.
