Ni la Fiscalía ni el juzgado de instrucción vieron delito en que el alcalde de Rairiz de Veiga -que aspirará a un nuevo mandato en la lista del PP tras ser regidor con el BNG entre 1999 y 2011- recibiera unos 200 reparos a contratos directos de obras, suministros y personal entre 2007 y 2009, cuando aún estaba en el Bloque. Hasta que la Audiencia ordenó reabrir el caso, en 2013, al ver una "clamorosa" actuación "contraria a la ley". Ayer, Xosé Xaquín Rodríguez Ambrosio se sentó en el banquillo, acusado de prevaricación. El PSOE, que ejerce la acusación popular por la denuncia de su portavoz local (fue exteniente de alcalde con el acusado), solicita la pena máxima por este delito: 10 años de inhabilitación. Por contra, el fiscal no ve intención ni perjuicios y cree que el ámbito competente para este asunto sería el contencioso.

Ambrosio admitió ayer que "era consciente" de las irregularidades pero nunca fue advertido de que pudiera cometer delito y niega perjuicios. Sobre las exigencias y los plazos que imponen los proyectos cofinanciados por otras administraciones, espetó en su interrogatorio. "La propia normativa nos obliga a cometer irregularidades, a mí y al resto de alcaldes". El munícipe del PP (con la vitola de independiente) reconoce que el procedimiento no fue el adecuado, tal y como reiteradamente reparó la secretaria por "ausencia absoluta de procedimiento" y omisión de los principios de mérito, publicidad y capacidad, según certificó ayer la funcionaria. Algunos contratos fueron firmados por el alcalde con la técnica de vacaciones.

El acusado -absuelto en 2013 de un delito de desobediencia- justifica su reiterada conducta en la urgencia de los plazos de subvenciones, que se exponía a perder, así como en la modalidad elegida para construir equipamientos, la administración directa. "Tenía dudas sobre el procedimiento, pero mi interés era ejecutar obras y servicios" en un municipio de unos 1.500 vecinos. Además, se basa en que nunca hubo reclamaciones ni recursos y que, de todos sus decretos, se dio cuenta al pleno.

Adjudicar las obras más importantes a una empresa, incide su defensa, duplicaría el coste de la piscina, la guardería, el tanatorio o la residencia, en comparación con el coste de las mismas dotaciones en otros concellos de la comarca de A Limia. Ambrosio sostuvo, además, que todo los reparos "fueron posteriores siempre", aunque la técnico dijo ayer que hizo observaciones, primero verbales, con carácter "simultáneo" a los contratos ilegales.

Tras el regidor prestó declaración como testigo Eulogio Fernández, el portavoz local del PSOE, que presentó querella en julio de 2008. Ayer acusó al regidor de desterrar las bases de contratación aprobadas años antes, así como de enchufar a amigos y afines, y de cerrar las puertas a un trabajo a próximos al socialista. "Contrataba a las personas que le convenía, a dedo, para su servicio".

Muy distinta es la explicación del regidor. En sus contratos de personal, adujo, primaba a los residentes en Rairiz y a aquellos en situación más delicada según los informes de los servicios sociales. "A la gente hay que echarle una mano". En cuanto a los suministros para obras, "normalmente se pedían 2 o 3 presupuestos a proveedores de la zona".

En el juicio se expuso, por ejemplo, el caso de un arquitecto. Con vinculación laboral con el concello, recibió pagos de facturas "porque necesitamos informes para obras y recurrimos a él porque ya estaba trabajando en el ayuntamiento", según el acusado.