Impuestos sobre la riqueza

Santiago Lago Peñas

Santiago Lago Peñas

La imposición sobre la riqueza en España necesita de mucha reflexión y revisión. En estos momentos, existen tres impuestos generales: el de patrimonio (IPN), el de grandes fortunas (IGF) y el de sucesiones y donaciones (ISD). Ningún país del mundo cuenta con esta proliferación. La ordenación es obligada. Pero para ello necesitamos rigor y cabeza. Lamentablemente, no nos movemos en estas coordenadas. La norma es mezclar análisis con ideología o interés; la cabeza con el corazón y el estómago.

Inevitablemente, gravar o no la riqueza tiene un componente ideológico. Pero debemos esforzarnos en acotar su alcance, en objetivar lo que es objetivable. Cuatro ideas al respecto.

La primera es que las normativas del IPN y el ISD están totalmente obsoletas. Llevamos décadas sin revisarlas, lo que genera distorsiones enormes, de todo tipo. Si se quieren mantener estos impuestos, hay que rehacerlos.

La segunda es que el IGF es una fórmula de afrontar la competencia fiscal, sobre todo impulsada por la Comunidad de Madrid. Un estudio de los profesores valencianos Amo, Granell y Fuenmayor publicado esta semana en la revista "Investigaciones Regionales" muestra que: “El impuesto sobre grandes fortunas afectará en el ejercicio 2022 a 10.114 contribuyentes que tendrán que pagar una cuota media de 52.089 euros, generando una recaudación de 527 millones de euros que ingresará el Estado. De estos contribuyentes, casi el 90% (9.012) residen en la Comunidad de Madrid y harán frente al 93% (490 millones) de la cuota del nuevo impuesto”. Si el objetivo es responder a la competencia tributaria, creo que existen alternativas mejores; en particular, fijar suelos de tributación.

La tercera es que el IPN es hoy una figura escasamente utilizada en el ámbito internacional. Porque es posible gravar los rendimientos de la riqueza de formas alternativas, como se hace en Países Bajos, por ejemplo. En cambio, el ISD es un impuesto mucho más habitual y defendido en los países de la OCDE. Por tanto, ambos impuestos requieren discusiones separadas.

La cuarta es que sería muy positivo que se crease una comisión independiente y plural para hacer una radiografía amplia y detallada de la imposición sobre la riqueza en España, diferenciando entre lo que es objetivable y está contrastado y las opciones existentes en este ámbito. Una comisión avalada por el Congreso de los Diputados, que permita centrar el debate y eliminar ruido inútil, para que los ciudadanos puedan formar su opinión con fundamento.