Ahora, un “bombazo”

Hace pocos días, se advertía de que la nueva política argentina en materia de pesca –un enorme aumento en los impuestos– suponía un golpe para el sector extractivo y también para el transformador. Ahora, la flota y los empresarios advierten de que las medidas a mayores que el presidente Milei ha tomado acerca de la subasta de cuotas con el objeto de recaudar más fondos todavía es un auténtico “bombazo”. Y no están las cosas, ni mucho menos, para dudar de que la artillería fiscal y económica de la República platense causará víctimas entre los directamente amenazados.

Igual que se dijo en su momento, la decisión presidencial forma parte de un programa conocido y respaldado por el electorado argentino. No hay, pues, en principio, nada que se oponga a la voluntad democrática de los argentinos expresada en las urnas. Desde el lado español, se ha denunciado una serie de cambios en la reglamentación vigente por decisión del nuevo Gobierno de Buenos Aires. Se trataría de interpretaciones del Ejecutivo recién llegado acerca de la normativa que rige la cuestión de las cuotas pesqueras en sus aguas territoriales. Poco hay que lamentar, a la vista de lo que hace el Gobierno español con la Constitución, a la hora de criticar los medios que utiliza para alcanzar el fin que busca.

Lo peor de todo esto –ya lo advirtió Murphy en sus famosas leyes– es que nadie de entre todos los múltiples predicadores electorales que hay en este país ha dicho una sola palabra para explicar a los gallegos qué ofrece para salvar al sector pesquero del “bombazo” que anuncian armadores y tripulantes. Silencio imperdonable que se extiende también –en la condena, por supuesto– a los sindicatos; aunque sea cierto que en el mundo marino apenas han tenido que decir en los últimos años. No es, por tanto, un terreno en el que exista una autoridad moral, especialmente por la izquierda, a la hora de calificar hechos que amenazan a trabajadores.

En cambio, sí es momento para insistir en que, respetando el derecho de cada país democrático a tomar sus propias decisiones sobre su ámbito de competencias, de reafirmar la obligación que tienen no ya los gobiernos español y gallego a la hora de defender los intereses respectivos, sino también la UE de atender los suyos, así como de exigir a los candidatos que hablen, expongan, y debatan las iniciativas que se les ocurra para hacer frente a la situación pesquera. Y es que de mudos y de mediocres ya hay bastante en el escenario político actual como para que se mantengan, por lo menos en lo primero, ante una situación preagónica de un sector que en el fondo y en la superficie es Galicia.

Una última reflexión. Reiterando el absoluto respeto a que cada país tome sus decisiones en el marco de la ley internacional, conviene recordar que este Antiguo Reino y la República Argentina comparten mucho más que un pasado, un presente común. No en vano al entorno de Buenos Aires se le conoce aquí “como la quinta provincia gallega”. No se trata de recordar para solicitar “clemencia” fiscal, sino de insistir en que la hermandad debe ser tenida en cuenta. Y, para memento de desmemoriados, no estará de más insistir en que en la toma de posesión del presidente Milei no solo estaba presente el Rey de España sino también el titular del Parlamento de Galicia, señor Santalices. Un “detalle” que no tuvo el Gobierno español: quizá esto de la flota sea el pago de la ausencia.

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