Acostumbrémonos a habitar un mundo en permanente estado de alerta, en el que las treguas serán seguramente poco duraderas, en el ámbito económico, en el social o en el sanitario. Cuando al fin respiramos el alivio de la elevada tasa de vacunación, la amenaza de la sexta ola COVID parece ya evidente. El centro de Europa sufre un espectacular repunte de casos, y algún país se plantea de nuevo el confinamiento de la población. En España, el ritmo de contagios comienza a multiplicarse, de tal manera que se corre el riesgo de retornar a pantallas anteriores de un videojuego que parecía estar llegando a su fin.
Sin mascarillas en espacios cerrados, cabe la posibilidad de que la protección de las vacunas esté siendo menos efectiva de lo que habían previsto los laboratorios, lo que augura la inminencia de un debate acerca de las dosis de refuerzo para todos los ciudadanos, no solo los de mayor edad. En Estados Unidos, esa medida ya ha sido autorizada.
Otro debate que se avecina es el de la imposición de medidas “de castigo”, más o menos severas, contra los ciudadanos que siguen rechazando vacunarse. Sean algunas más livianas, como la exigencia del pasaporte COVID, u otras muy radicales, como en Singapur, donde el Gobierno ha decidido no costear el tratamiento de aquellos que no estén inmunizados por decisión propia.
Conviene serenar los ánimos y no emprender el camino del conflicto entre vacunados y sin vacunar con decisiones que pueden, por un lado, radicalizar a los reticentes y, por otro, desanimar a los que cumplieron a rajatabla el llamamiento de las autoridades. Lo más sencillo y además efectivo es seguir insistiendo con quienes han incumplido el contrato social de la inyección y pedirles que se sumen a la causa general. Y que arrimen el hombro.
