La Valedora do Pobo pide al Concello toda la documentación sobre el edificio Noria 4

El gobierno de Cangas se la hará llegar, indicando que sigue las pautas que marcan los tribunales de justicia, que son los que piden la demolición del inmueble bajo amenaza de multas coercitivas

Edificio situado en el número 4 de la calle Noria. |   // SANTOS ÁLVAREZ

Edificio situado en el número 4 de la calle Noria. | // SANTOS ÁLVAREZ / Juan Calvo

La Valedora do Pobo solicitó al Concello de Cangas la entrega de toda la documentación relacionada con el derribo del edificio número 4 de la Calle Noria, donde viven 60 familias. El gobierno local mostró su disposición de colaborar y ayer mismo manifestó el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, que no la intención es comunicar a la Valedora do Pobo que el Concello lo único que hace seguir las pautas que marca los tribunales de Justicia, que dictaron el derribo del edificio, por carecer de licencia. Es intención del gobierno local hacer llegar hasta la Valedora do Pobo las distintas sentencias judiciales.

Los propietarios de las viviendas de Noria 4 explicaron de forma minuciosa en su misiva a la Valedora do Pobo la situación que vivió el edificio, desde el año 1991. Los propietarios hablan de indefensión y de discriminación cuando se dirigen hacia la mencionada institución. En este sentido, mencionan otros casos similares, habidos en A Coruña y en Vigo, donde inmuebles también con orden de derribo por sentencia judicial al final no se tiraron. Hablan del edificio de Fenosa en A Coruña, donde el Concello tuvo un protagonismo grande en la resolución. No entienden los propietarios que existan dos maneras diferentes de actuar para un mismo problema. Así se lo comunicaron a a la Valedora do Pobo y también se supo que una carta similar fue remitida también al Defensor del Pueblo. Los propietarios de Noria 4 necesitan una intervención urgente, de lo contrario la demolición se llevará a cabo, porque desde el juzgado se insta al Concello a que actúe, a que presente el proyecto de demolición, con fin de comunicar al demandante, que pide la ejecución inmediata de la sentencia, que el Concello actúa, que no hace caso omiso a la orden judicial. De hecho, la alcaldesa de Cangas está sujeta a multas coercitivas en el caso de que el juzgado entienda que tiene paralizado el proceso de derribo. Y no solo lo tienen difíciles los propietarios porque los demandantes piden una y otra vez la ejecución de la sentencia, sino porque la vía más fácil que sería otorgar a éste edificio y a su gemelo, en Noria 2 una solución mediante un Plan Xeral, no parece la más rápida. No hay nada que indique que pueda haber consenso para sacar adelante el citado documento en el seno de la corporación o municipal, además queda un trámite de redacción aún largo. Todos los partidos están de acuerdo en que es la mejor vía, pero el caso es que se llegue a tiempo.

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