Un 4% de los 500 inmuebles de Cangas que deben pasar la evaluación oficial cumplieron el trámite

Mientras se realizan las oportunas investigaciones sobre el accidente que provocó la caída de parte de una cornisa en un inmueble del casco histórico de Cangas, el pasado día 29 de agosto, mientras el incidente provoca otra riña política, el pasado mes de julio se cumplieron tres años desde que el Ministerio de Fomento se dirigió al Concello de Cangas en el que comunicaba que más de 500 inmuebles de más de 50 años estaban obligados a pasar el Informe de Evaluación de Edificios. Pandemia de la COVID mediante, los resultados de esta inspección son decepcionantes y no dejan de sembrar desasoiego en un municipio como el de Cangas, donde tampoco se aplica la ordenanza municipal que regula la Inspección Técnica de Edificios, que fue aprobada en 2006, en el último gobierno del PP con mayoría absoluta. Solo un 4% cumplieron con la IEE.

Según pudo averiguar FARO DE VIGO, son muy escasos los propietarios de los inmuebles señalados que realizaron el mencionado informe, que se diferencia de de la Inspección Técnica de Edificios en su contenido. La ITE se limita a la evaluación del estado de conservación del edificios y la IEE, además del estado de conservación, estudia la accesibilidad y la eficiencia energética. Según la arquitecta encargada del Plan Especial de Reforma Interior (PEPRI), Isabel Medraño, en el casco histórico, solo un par. Y eso que para acceder a cualquier subvención de la Xunta o del Estado en materia de reforma es necesario haber presentado el citado informe. No hay datos exactos sobre el resto del municipio. Pero la propia Isabel Medraño no cree que los edificios que hubiesen pasado el IEE superen la veintena. Es cierto que hubo pandemia y que la normalidad no se recuperó hasta el verano de 2021. Los distintos concejales de Urbanismo que hubo a lo largo del pasado mandato: Hugo Fandiño (PSOE), Eugenio González (PSOE) y Mariano Abalo (ACE) reconocen que no volvieron a saber más de esta cuestión, que ahora viene a la actualidad como consecuencia del accidente del pasado día 29 en la esquina de la calle Real con Eugenio Sequeiros. Claro que en este caso concreto no se sospecha que la culpa sea del estado del inmueble, sino de otras circunstancias, como la tensión del anclaje de las luces de las fiestas y la tensión que realizó sobre él la instalación de un palco de una orquesta. Pero sí que este accidente pone sobreaviso a un casco vello dormido en los laureles de los pisos turísticos, anestesiado por las herencias sin repartir. El hecho de que de 500 inmuebles que estaban obligados a pasar el famoso IEE solo lo hicieran una veintena dice mucho del poco interés mostrado por los propietarios de los edificios y también de escaso interés mostrado por parte de las autoridades, de aquí y de allá, en hacer que la ley se cumpla.

La ordenanza municipal de ITE nunca se puso en marcha

En julio de 2020, el Concello de Cangas pidió a la Gerencia Territorial de Catastro un informe sobre la ubicación de los inmuebles incluidos en listado remitido por el Ministerio de Fomento, que envió al Concello una relación con el listado de referencias catastrales de los inmuebles del municipio con una antigüedad de más de 50 años. Hay que recodar que están obligados a pasar el IEE los propietarios únicos o la comunidad. La Xunta de Galicia establece líneas de ayuda para elaborar este tipo de informes. Es precisamente a través del registro que abrió la Xunta de Galicia en 2022 el que revela que en Cangas apenas se realizaron estos informes. También hay que mencionar que en ciudades como Pontevedra o Vigo se realizaron convenios con la Gerencia Territorial del Catastro, a través del cuál se enviaban cartas a los propietarios afectados, que pueden ser sancionados con multas importantes. En Cangas no ocurrió eso. Los distintos gobierno locales, incluido quien impulso la ordenanza municipal, no se atrevieron a poner en marcha la Inspección Técnica de Edificios. El colegio de Arquitectos Técnicos rogó en su día al Concello de Cangas que aplicara la ordenanza. Pero la crisis económica y financiera de 2008 frenó la causa. No se quería endeudar más a los vecinos.

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