Galicia tiene en sus arenales furtivos... y superfurtivos. Este es el término empleado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en un nuevo estudio sobre esta lacra que asola la costa de la comunidad tras el análisis de ocho años de expedientes y sanciones. Los investigadores del grupo de Economía Pesqueira e Recursos Naturales (EcoPesca) han descubierto que 480 personas se dedican prácticamente de forma profesional a esta actividad, de que la viven y en la que encuentran la manera de salir totalmente impunes. Se trata de furtivos reincidentes, que actúan siempre sobre los mismos recursos y que esquilman las especies. En el período analizado (2012-2020), solo en el caso de las almejas extraídas de forma ilegal se ha descubierto que 164 personas concentran el 58% de las sanciones, más de 4.200 sanciones. “Esto es una barbaridad”, reconoce el investigador Hugo M. Ballesteros, que no obstante recuerda que “los números pueden ser mucho mayores”, ya que solo se pudo analizar el furtivismo identificado y detectado.
El trabajo, que será presentado para su publicación en una revista especializada, se titula Superfurtivos: reincidencia, insolvencia e impunidad y sus autores son tanto Ballesteros como los investigadores Eduardo Sánchez-Llamas, Helena Martínez-Cabrera y Gonzalo Rodríguez Rodríguez. En el primer resumen que están presentando explican que los datos obtenidos son fruto del análisis de 7.595 expedientes y de 23.908 sanciones reportadas y tramitadas entre Gardacostas, Policía Autonómica, Guardia Civil y los guardapescas de las cofradías.
“La propia naturaleza de la actividad es opaca y la única información de la que se dispone son las sanciones”, señala Ballesteros. El redondelano explica que el equipo de EcoPesca analizó uno por uno cada uno de los documentos aportados por la Consellería do Mar, sin datos personales. Pese a la heterogeneidad de los datos, los investigadores desagregaron las sanciones por especie incautada, “que aparecía bastante bien definida”. “Nuestra sorpresa fue que, cuando revisamos línea por línea, vimos que muchos expedientes acumulaban varias sanciones”, comenta Ballesteros.
“Uno esperaría que estuviese mucho más distribuido, pero se encuentra que hay un grupo de gente que tiene una actividad delictiva sistemática”, agrega por su parte Gonzalo Rodríguez, que indica que “la mitad de las multas van para los mismos, que lo que hacen es un daño brutal”.
En efecto, de las 23.908 sanciones analizadas para ese período de ocho años, aproximadamente la mitad (el 49,23%) corresponden a un reducido grupo de 480 personas. Juntos acumulan 11.771 multas, que se dividen en función de especies como la almeja (164 furtivos), el berberecho (19), el percebe (26) y el erizo (4), además de un grupo amplio de sanciones relacionadas con las especies que no estaban referidas en el expediente sancionador (que denominaron, para el estudio, como “actividades extractivas”). En este último caso eran 267 furtivos, que acumularon 6.479 multas.
¿Pero, qué es un superfurtivo? Hugo M. Ballesteros y los otros autores del estudio tienen la respuesta: “Es un individuo que vive de esto, que es capaz de generar una renta de manera sostenida en el tiempo y que aprovecha la existencia de una brecha legal para seguir de forma impune: se declara insolvente, no paga las multas y sigue adelante”.
“Esto es una barbaridad, pero es que los números pueden ser mucho mayores”
Aunque no es solo eso. El análisis de los expedientes revela también que estos superfurtivos necesitan de “una red de complicidad” y otra “logística”. “No tienen coches a su nombre, ni casas, ni cuentas… Seguramente es la red familiar la que se ocupa. Para ello también necesitan una estructura logística, de distribución, para incorporar en el mercado gallego el producto ilegal”, apunta Ballesteros, que señala que “es algo que se ve muy bien en el periódico analizado”.
Rodríguez habla de toda una “estructura ilegal montada”. “Hacen un daño brutal, porque no solo es la cantidad, sino que también incentivan al resto a no seguir las normas”, lamenta.
Como conclusión, el estudio recomienda “asfixiar a los compradores”, los intermediarios que facilitan la vida al furtivo, así como políticas para la “reducción de la desigualdad, desempleo y pobreza”. Y en cuanto al vacío de datos, piden “un mayor esfuerzo” en su “recogida, tratamiento y sistematización”.
