La compraventa de viviendas protegidas en Vigo toca fondo: solo 18 operaciones en 2023

En una ciudad con el precio de alquiler y compra de vivienda por las nubes y cada vez más altos –según el portal Idealista, 9,8 euros en febrero (5,5% más que un año antes) y 2.114 euros (1,7% más) el metro cuadrado de media, respectivamente–, es más que evidente que resulta urgente la implicación de las administraciones públicas para facilitar el acceso a un hogar, que es un derecho que recoge la Constitución, no un lujo, aunque pueda parecerlo. Las cifras revelan que esto no está sucediendo. Según los datos del Ministerio de Agenda Urbana, en 2023, solo se registraron 18 operaciones de compraventa de casas y pisos protegidos.

Es la cifra más baja de toda la serie histórica –excepto 2020, año atípico debido a las restricciones marcadas por la pandemia del COVID-19, cuando se firmaron 11 operaciones–, con estadísticas desde 2004. Muy lejos queda el récord, anotado en 2010, con 452 transacciones de vivienda protegida, 25 veces más que las completadas en 2023. Otra comparación que preocupa: la suma de las operaciones de este tipo efectuadas en los últimos 11 años –desde 2013 hasta 2023– ofrece un resultado similar al dato de 2010. En román paladino: las administraciones públicas no han priorizado esta cuestión, en la que también juega su papel la falta de suelo a la espera del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

En Vigo ya casi no quedan habitaciones para alquilar por menos de 300 euros

Las competencias en materia de vivienda social las tiene la Xunta de Galicia. Es la responsable del desarrollo de San Paio de Navia –a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)–, con unas 1.600 viviendas de protección autonómica, proyecto por el que espera la ciudad desde hace más de una década. La administración de San Caetano también pone su firma en intervenciones de recuperación de propiedades del Casco Vello –por medio del Consorcio Casco Vello de Vigo, más de 100 en los últimos años– para ensanchar el parque público. en la construcción de bloques residenciales –Canicouva o Ignacio Grobas, que suman más de medio centenar de pisos– o en su compra a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) o la banca.

En todo caso, estas competencias también las pueden asumir otras entidades públicas para llevar a cabo actuaciones concretas. El Concello tiene lanzados dos proyectos para la promoción municipal de viviendas en alquiler. Uno de ellos se ejecutará en Barreiro: una edificación dotacional y 40 pisos de protección pública de tres habitaciones en la parcela sobre la que, antaño, se levantaba el cuartel militar, derribado hace más de dos decenios. El otro se hará realidad en Esturáns: un bloque de nueve plantas con 27 viviendas de una y dos habitaciones, 39 plazas de aparcamiento y trasteros. Otro ejemplo: el Gobierno central dotará de 2,7 millones con cargo a los fondos europeos Next Generation EU al Ayuntamiento para financiar la construcción de 58 viviendas de alquiler a precios asequibles en Navia.

Más de 7.000 demandantes de vivienda protegida

Basta con echar un ojo a la cifra de demandantes de viviendas protegidas para advertir que se trata de un problema enquistado: hace semanas, estaban inscritos más de 7.000 en el registro único de la Xunta –cifra superior a la suma del resto de las ciudades gallegas juntas–, pero más de 1.500 fueron dados de baja automáticamente tras caducar su inscripción. Actualmente, figuran 5.624. No hay más personas anotadas en esta lista por desconocimiento y por falta de avances en la construcción de viviendas de protección, una asignatura pendiente en la ciudad más poblada de Galicia. Otra materia pendiente es la salida al mercado de los pisos y casas vacíos, que suman más de 15.000, según la última estimación de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein).

La escasa construcción de viviendas protegidas hunde la cifra de demandantes en Vigo

Las transacciones de este tipo registradas en Vigo en 2023, solo 18, contrastan con las de otras ciudades con una población similar, como Gijón, donde se firmaron 252, Valladolid –160– o Córdoba –339–. También llama la atención que A Coruña duplique la cifra, con 41, y superen a la olívica urbes con mucha menos población y demanda de casas y pisos a precios tasados, como Ferrol, con 28; Almería, con 80; Pamplona, con 61; o Santa Cruz de Tenerife, con 56. Los datos en el resto de las ciudades gallegas son irrisorios: 9 en Pontevedra, 12 en Ourense, 11 en Santiago y 28 en Lugo.

Son cifras que hacen más urgente la aprobación definitiva del nuevo PXOM, que prevé más de 51.000 casas y pisos para estrenar, de los que más de 14.500 serán de protección, condición impulsada por el gobierno local. Además, exigirá a todos los ámbitos de nueva urbanización o reforma interior el 30% de vivienda protegida. Se espera que lleguen antes las tan ansiadas viviendas de protección autonómica de Navia, que suman unas 1.600. Son las dos grandes esperanzas para ampliar el parque inmobiliario olívico y, a su vez, según los expertos, para contribuir a reducir los precios del alquiler y la compraventa.

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