La escasa construcción de viviendas protegidas hunde la cifra de demandantes en Vigo

La falta de apuesta por la vivienda protegida por parte de las administraciones públicas se transparenta en el desplome de la cifra de demandantes del registro único de la Xunta de Galicia. Hace aproximadamente un mes, superaba las 7.000 solicitudes en Vigo, que reunía –y reúne– más que la suma del resto de las ciudades de Galicia. Ahora, figuran poco más de 5.600. El recorte, lamentablemente, no se produjo por la puesta a disposición de estos vecinos de propiedades, sino por la caducidad de su inscripción, según indican desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Esta diminución de las personas inscritas en Vigo se debe al hecho de que, recientemente, se procedió a dar de baja a todas aquellas personas que continuaban inscritas en el registro al haber caducado su inscripción y no haberla renovado a tiempo. “É o procedemento habitual, xa que a inscrición no rexistro ten unha validez de tres anos, tal e como se recolle no decreto que o regula, transcorridos os cales e, en caso de que se sigan reunindo os requisitos esixidos para acceder a unha destas vivendas, é necesario solicitar a renovación da inscrición nos tres meses anteriores á data da caducidade”, añaden.

Vigo concentra más demandantes de vivienda protegida que el resto de urbes gallegas juntas

Se ha construido muy poca vivienda protegida en Vigo porque, en los últimos años, las administraciones públicas no han considerado prioritaria esta cuestión. Las cifras lo relevan: según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, solo se vendieron 12 propiedades de este tipo en la ciudad en los nueve primeros meses de 2023. Es la cantidad más baja de toda la serie histórica –sin considerar el año de la pandemia, atípico por las restricciones a la actividad inmobiliaria y demás sectores económicos–, que comienza en 2004, teniendo en cuenta los tres primeros trimestres de cada ejercicio.

No se superan el medio centenar de transacciones de este tipo en ese periodo desde 2015. Y muy lejos quedan guarismos como los de 2005, con 375 operaciones en nueve meses, el máximo; 2006, con 211; o 2008, con 165. Estos dígitos transparentan una realidad preocupante en la ciudad más poblada de Galicia a la espera de la ampliación de Navia, donde se contemplan unas 1.600 viviendas, y la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que dispondrá suelo para la construcción de casi 51.500 viviendas, de las que cerca de 14.400 se prevé que estén sometidas a algún tipo de protección.

Proyectos de vivienda protegida

A mediados de este mes, FARO avanzó que el Gobierno central dotará de 2,7 millones con cargo a los fondos europeos Next Generation EU al Ayuntamiento de Vigo para financiar la construcción de 58 viviendas de alquiler a precios asequibles en el barrio de Navia, donde la Xunta proyecta desde hace años unos 1.600 inmuebles a precios más bajos que en el mercado libre.

Además, el Concello tiene lanzados dos proyectos para la promoción municipal de viviendas en alquiler. Uno de ellos se ejecutará en Barreiro: una edificación dotacional y 40 pisos de protección pública de tres habitaciones en la parcela sobre la que, antaño, se levantaba el cuartel militar, derribado hace más de dos decenios. El otro se hará realidad en Esturáns: un bloque de nueve plantas con 27 viviendas de una y dos habitaciones, 39 plazas de aparcamiento y trasteros.

El Gobierno destina 2,7 millones para financiar la construcción de 58 pisos de alquiler social

Precisamente, el desarrollo del proyecto de Navia y la aprobación definitiva del Plan Xeral, pendiente de las correcciones señaladas recientemente por la Xunta de Galicia al Concello para continuar su tramitación, son dos demandas que vienen de antiguo desde los colectivos vecinales y la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), que cifra en más de 60.100 los hogares vigueses –el 50,6% de la población– que, por su ratio de ingresos, únicamente pueden aspirar a residir en una vivienda de protección oficial (VPO). “Quedan totalmente excluidas de poder acceder a una vivienda del mercado libre al ingresar menos de 30.000 euros anuales”, explica el presidente, Benito Iglesias, que hace un llamamiento al impulso de la colaboración público-privada para ofrecer soluciones a estos ciudadanos.

Las cifras de Vigo llaman más la atención si las comparamos con las de municipios de población similar, como Valladolid. En los tres primeros trimestres de 2023, se registraron 141 transacciones de vivienda protegida en la urbe castellanoleonesa. En Gijón, con menos habitantes, todavía más: 168. Y, en Córdoba, que supera los 320.000 vecinos, 176. En el resto de ciudades gallegas, la situación es parecida a la de la olívica: el ministerio refleja 11 operaciones de este tipo de propiedades en Ourense; cuatro en Santiago de Compostela; 25 en Lugo; 31 en A Coruña; 20 en Ferrol; y siete en Pontevedra.

Vigo reúne 4 de cada 10 solicitudes para acceder a viviendas protegidas en Galicia

Un nuevo récord del precio del alquiler en Vigo

La necesidad de vivienda de protección se entiende mejor si acercamos la lupa a los precios de compraventa –afectada por el alza de tipos– y alquiler. Según Idealista, el metro cuadrado de arrendamiento en Vigo volvió a romper el récord en febrero: 9,8 euros de media, 10 céntimos más que en enero y un 5,5% más con respecto al mismo mes del año pasado. Es el más alto de Galicia, seguido de A Coruña, donde se exigen 9,6 euros. También se incrementó de nuevo el precio medio de compraventa: 2.114 euros el metro cuadrado, un 1,7% más en la comparación interanual –no baja de 2.000 euros el metro cuadrado desde hace dos años–.

Limitación al alquiler

El índice de precios de referencia para limitar el precio de los alquileres, contemplado en la nueva ley de vivienda –empezó a aplicarse en mayo–, entrará en vigor el 12 de marzo, justo dentro de una semana; un día después, será el turno de las zonas tensionadas. El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) elaboró un estudio pormenorizado que concluye que el alquiler podría limitarse en 15 barrios de Vigo porque cumplen las condiciones que marca la nueva ley de vivienda para establecerlos como zonas tensionadas.

Se encuentran en Oia, parte de Coruxo y de Candeán, Navia, zonas de Valladares, el centro, Lavadores, Bembrive, Cabral y Teis. En todo caso, la concejala de Urbanismo, María José Caride, avanzó en octubre que el Concello no contempla pedir a la Xunta la declaración de zonas tensionadas. Apuesta por facilitar el acceso a un hogar con la limitación de nuevos pisos turísticos y más vivienda social.

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