El Concello pide una reunión urgente por el PXOM con la Xunta, que advierte de posibles problemas legales

El Concello reacciona “con responsabilidad” ante las correcciones al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) señaladas por la Xunta en un informe remitido el pasado lunes: pedirá una reunión “urgentísima” a la directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo –departamento dependiente del gobierno gallego–, María Encarnación Rivas Díaz, “para exigir explicaciones inmediatas y que aclare cuáles son las razones detrás de esta decisión de paralización” del escrito, aprobado provisionalmente a finales de diciembre por el pleno con los votos a favor del PSdeG y el PP. Así se pronunció el alcalde, Abel Caballero, tras criticar la actitud de la administración de San Caetano días después de las elecciones autonómicas.

Lamentó que “la primera decisión de la Xunta de Galicia tras la elección de [Alfonso] Rueda, solo cinco días después”, es “paralizar el Plan Xeral” sin ofrecer explicaciones en el momento en el que se dieron a conocer las razones, avanzadas por este periódico el sábado. “Una filtración de un documento que se firmó un día después de haber sido publicado. Nos sorprende que parece que la Xunta está encantada sobre la paralización del Plan Xeral”, esgrimió el regidor, que aseguró la disposición del gobierno olívico de “resolver las dudas que precise” la entidad autonómica para obtener su visto bueno y, así, poder aprobar definitivamente y por fin el nuevo planeamiento.

El "OK" definitivo al PXOM se demora: la Xunta exige al Concello más correcciones

“Estamos dispuestos a resolver las dudas que precisa la Xunta, delimitar los ámbitos competenciales y, en definitiva, avanzar en la obtención del informe favorable, pero hay que decir que el propio informe señala que no se realizó una revisión completa del documento remitido: ni siquiera lo revisaron entero. El informe se circunscribe a algunos asuntos que no valora las justificaciones realizadas en la revisión del PXOM, se limita a una relación cuantitativa sin entrar en el fondo”, argumentó el alcalde a través de un audio remitido a los medios de comunicación.

Caballero subrayó que, “en todo caso, las cuestiones planteadas por la Xunta dentro de sus competencias son de escasísima incidencia en el contenido y el alcance del Plan”, por lo que, según avanzó, “en ningún caso supondrá una demora en la aprobación definitiva del documento –la previsión municipal es lograr este paso en el primer semestre– si la Xunta de Galicia es diligente en sus actuaciones”. “Nosotros estamos en el terreno de la cooperación y la Xunta, en el terreno de la negativa, del no y de la destrucción. Convocaremos a los colectivos afectados de la ciudad, que es prácticamente toda la ciudad”, dijo el primer edil.

Respuesta de la Consellería

Desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, con respecto a la solicitud de reunión, recuerdan que la Xunta “xa lle trasladaba no propio documento a vontade de manter unha xuntanza na maior brevidade posible para solventar as eivas”. “Hai que lembrar que a Xunta sempre traballou con axilidade neste asunto e coa vontade de que o documento saíse adiante”, anotaron.

Caride acusa a la Xunta de “boicotear” el PXOM y a la ciudad por “interés político”

Respondieron que “é necesario un plan legalizable porque, do contrario, estaremos outra vez nun camiño sen saída que volverán tombar os tribunais” –ocurrió con el Plan Xeral de 2008, anulado por el Tribunal Supremo en 2015–. “O documento que presentou o Concello á Xunta non só incumpre o que lle pedimos no noso informe condicionado de Patrimonio, senón que modificou cuestións que xa tiñan o noso visto e prace. Hai dous exemplos moi claros: o Concello retirou a protección á fortaleza do Castro e ao parque de Castrelos, o que pon en perigo dúas xoias patrimoniais da cidade. Agora, a Xunta terá que revisar todo de novo, porque sempre foi exquisita no tratamento do Plan Xeral de Vigo e así seguirá sendo”, justificaron.

La concejala de Urbanismo, María José Caride, indicó que es “absolutamente falso” que se desprotege el parque de Castrelos. “La Consellería afirma que, a pesar de haber incoado un expediente en 1991, este BIC (bien de interés cultural) no cuenta a día de hoy con un contorno de protección delimitado. Que hagan caso al Ayuntamiento y nos sentemos en una reunión para que Vigo cuente cuanto antes con un Plan Xeral legal y seguro”, declaró.

Dos cuestiones “potentes”: la protección de la fortaleza de O Castro y el parque de Castrelos

La Xunta destaca que una parte importante de las correcciones exigidas en un informe de mediados del año pasado no fueron consideradas por el Concello, como así ven reflejado en el documento remitido por la entidad local a finales de enero. En materia de arquitectura: de la treintena de requisitos indicados que afectaban al catálogo, la normativa y la ordenación, dio cumplimiento total a tres, parcial a 14 y no ejecutó 13. En arqueología: de las ocho objeciones, dio cumplimiento total a una, parcial a cuatro y desoyó tres. “No ha dado cumplimiento prácticamente a nada de lo que le proponíamos”, manifestaron fuentes de la entidad autonómica.

Una urbe “más verde, más compacta y más sostenible” con el nuevo Plan Xeral

Señala que el documento para la aprobación provisional reduce el ámbito del bien de interés cultural (BIC) Parque de Quiñones de León y Pazo de Valladares a las edificaciones del pazo y el sector ajardinado situado en el entorno inmediato, “excluíndo o parque que é parte do espazo declarado BIC”. Es un error que “sorprende” en San Caetano, al igual que la eliminación de la fortaleza de O Castro del catálogo: “Inclúese unha única ficha relativa ao xacemento arqueolóxico e outra relativa ao espazo natural. Ningunha destas recolle determinacións de protección relativas ao castelo BIC”. Destacaron desde la Xunta que son cuestiones “potentes”.

“O Concello de Vigo leva case 10 anos tramitando o seu documento urbanístico e a Xunta sempre, sempre, estivo acompañando os técnicos para que todo saíse ben, pero no camiño houbo infinidade de incumprimentos que o goberno galego non pode pasar por alto, precisamente, polo ben das viguesas e vigueses”, aseveraron fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

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