Gran Vigo

Caride acusa a la Xunta de “boicotear” el PXOM y a la ciudad por “interés político”

ELa edil de Urbanismo cree que “evidencian que continúa la estrategia de dañar a Vigo” | Desconoce las correcciones reclamadas: “La información está completa y es suficiente”

La concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride, durante el pleno de aprobación del Plan Xeral el 28 de diciembre

La concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride, durante el pleno de aprobación del Plan Xeral el 28 de diciembre / Alba Villar

Las relaciones entre el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia vuelven a la “normalidad” tras la tregua electoral, y es que las dudas mostradas por el gobierno autonómico en la aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) han sido calificadas por parte de su máxima responsable como un motivo de “interés político”.

La concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride; reaccionaba a la noticia avanzada por FARO ayer asegurando que son un nuevo ejemplo de “la estrategia del PP, la Xunta y Rueda para boicotear a la ciudad”; considerando una “muy mala noticia” que ésta sea su primera medida cinco días después de las elecciones autonómicas.

La cuarta teniente de alcalde justifica que como no han recibido el informe –la Xunta lo enviará el lunes– “no podemos entrar a valorar lo que desconocemos” aunque no niega que puedan ser necesarios los cambios para la aprobación total. “Lo preocupante no es que algún informe sectorial de los que nos faltan sugiera algún cambio dentro del proceso de revisión, lo único preocupante es que la Xunta haga exclusivas de las malas noticias para Vigo”, razonaba. Para Caride la postura del ejecutivo gallego “daña a miles de personas que necesitan vivienda protegida y la economía” con un único objetivo: “ocultar los problemas de descomposición del PP de Vigo”.

La edil de Urbanismo recordó que en los tres informes previos enviados por la Dirección Xeral de Patrimonio “todas las cuestiones fueron estudiadas y analizadas, algunas incorporadas y otras justificadas”. Y es que bajo su criterio el organismo autonómico no puede imponer sus condiciones ya que “en muchas ocasiones introducían observaciones que excedían sus competencias y donde existían muchos criterios subjetivos y sujetos a interpretación”.

Caride, que fue la conselleira de Política Territorial durante la tramitación del Plan Xeral de 2008 tumbado finalmente por el Tribunal Supremo en 2015, insiste en que es la primera vez que Vigo tendrá un PXOM con un informe favorable de Patrimonio. “Aporta seguridad jurídica y certeza para este documento”, añade mientras recuerda que durante su elaboración se trabajó “con rigor, respeto institucional, lealtad y transparencia”; por lo que “solo” le pide a la Xunta “que no castigue a la ciudad por un interés político del Partido Popular”.

En su opinión, lo que para la Xunta eran errores “potentes” se traduce en que se ha superado la primera fase de revisión, por lo que “sabemos a día de hoy que la información está completa y es suficiente”. “Vigo, sus ciudadanos, su economía y su futuro necesitan la aprobación definitiva del Plan cuanto antes”, insiste Caride, quien mantiene el horizonte del OK definitivo a un plan que permitirá crear más de 51.000 viviendas –el 30% con protección– y ,suelo industrial antes del verano.

Los errores detectados

El documento que la Xunta enviará mañana al alcalde son 14 páginas en las que el organismo gallego incluye los resultados del análisis al PXOM remitido por el Concello hace casi un mes, tras ser aprobado provisionalmente a finales de diciembre en el pleno municipal con los 17 votos a favor de PSOE y PP.

 Destaca que una parte importante de las correcciones exigidas en un informe de mediados del año pasado no fueron consideradas por el Concello. En materia de arquitectura: de la treintena de requisitos indicados que afectaban al catálogo, la normativa y la ordenación, dio cumplimiento total a tres, parcial a 14 y no ejecutó 13. En arqueología: de las ocho objeciones, dio cumplimiento total a una, parcial a cuatro y desoyó tres. “No ha dado cumplimiento prácticamente a nada de lo que le proponíamos”, manifiestan a este periódico fuentes de la entidad autonómica.

El ddocumento para la aprobación provisional reduce el ámbito del bien de interés cultural (BIC) Parque de Quiñones de León y Pazo de Valladares a las edificaciones del pazo y el sector ajardinado situado en el entorno inmediato, “excluíndo o parque que é parte do espazo declarado BIC por Decreto 25.02.1955”.

Es un error que “sorprende” en San Caetano, al igual que la eliminación de la fortaleza de O Castro del catálogo: “Inclúese unha única ficha relativa ao xacemento arqueolóxico e outra relativa ao espazo natural. Ningunha destas recolle determinacións de protección relativas ao castelo BIC”. Tanto en este caso como en el parque de Castrelos, destacan desde la Xunta que, si no se tienen en cuenta estas apreciaciones, los elementos en cuestión “perderían protección”, por lo que se trata de cuestiones “potentes”, importantes.

El documento aprobado provisionalmente tampoco recoge la traza del Camino de Santiago, una demanda reiterada por parte del ente autonómico al municipal que vuelve a incluir. Más incorrecciones: la Xunta sigue reclamando al gobierno local que circunscriba el ámbito de protección de los hórreos a la parcela sobre las que se levantan. El Concello establece zonas más amplias que afectan a otros terrenos, por lo que, de salir adelante el Plan de este modo, cualquier intervención que se pretenda realizar en contornos de protección debería contar con el permiso autonómico, incluso si se trata de una menor, como cambiar la cubierta en una casa: “Ocasionaría una carga innecesaria a los vecinos”.

También “preocupa bastante” en la Xunta que el Concello no haya completado la identificación de los bienes que se deben incorporar al catálogo en el ámbito del Plan Especial del Ensanche del PXOM de 2008 o recuperar ese ámbito, “ampliando o do Plan especial proposto, establecendo o réxime transitorio sinalado ata a aprobación do seu catálogo”. “Pedimos que, hasta no contar con el documento definitivo, que los expedientes afectados se incluyan en el Plan Xeral para poder revisar si son elementos merecedores de protección o no”, expone la entidad gallega.

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