Las pruebas acorralan un año después al autor confeso del crimen machista de Baiona

Mañana se cumplirá el primer aniversario desde que Ángel Rodríguez da Costa, “Lito”, profesor de Matemáticas, mataba supuestamente a su expareja Beatriz Lijó Gesteira, abogada y funcionaria, a las puertas de la vivienda que esta mujer de 47 años había construido en Baiona, su localidad natal, con la ilusión de rehacer allí su vida junto a sus dos hijos pequeños. Todo se truncó el domingo 5 de febrero de 2023, cuando el hoy investigado, como él mismo acabaría confesando, la atacó con un cuchillo y un hacha que llevaba ocultos entre la ropa cuando acudió a devolverle a los menores, que acababan de pasar con él el fin de semana. Transcurrido un año desde aquel aciago día, la instrucción a cargo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo ya se encuentra muy avanzada y el presunto asesino sigue en la prisión pontevedresa de A Lama a la espera de un juicio para el que habrá que convocar a un jurado popular. El procedimiento judicial está a la espera de que el Imelga determine de forma definitiva si los testigos del asesinato, los hijos de víctima y agresor, deben o no comparecer como testigos en sede judicial, algo que en un primer informe se ha desaconsejado dada la corta edad de los niños, tanto en el momento actual como cuando ocurrió todo: cuando perdieron de forma tan violenta a su madre solo tenían 6 y 9 años.

Ensangrentado y sin articular palabra

El crimen sucedía la noche de ese domingo 5 de febrero y a primera hora de la mañana siguiente, lunes, Ángel Rodríguez, que deambuló toda la noche en su coche tras dejar a los niños con su padre, se entregó a más de 110 kilómetros de distancia: lo hizo en la comisaría de Ourense, ciudad en la que, según él relataría después en su comparecencia judicial, había residido. Estacionó su vehículo y entró en las dependencias policiales ensangrentado y sin articular palabra. En el viaje que lo llevó de una provincia a otra se deshizo de una de las armas, el hacha, y de su teléfono móvil, efectos que no pudieron ser recuperados para incorporarlos como piezas de convicción, como pruebas, a la causa judicial que se abrió contra él. Incoada ya desde su fase inicial por los trámites de la Ley del Tribunal de Jurado, todas las acusaciones personadas –la Fiscalía, la acusación particular que representa a los familiares de la víctima y la acusación popular que actúa en nombre de la Xunta– calificaron provisionalmente los hechos como constitutivos de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con la concurrencia de las circunstancias agravantes de género y parentesco, así como de dos delitos de lesiones psíquicas en las personas de los menores.

Impactos de hacha en la cabeza y cortes en el cuerpo

Hubo que esperar a su tercera comparecencia judicial, pero Ángel Rodríguez acabó confesando la autoría de los hechos. El informe provisional de la autopsia que se le hizo a la víctima –el definitivo aún está pendiente de entrega en el juzgado– evidenció la brutalidad de la agresión que sufrió Beatriz: tenía nueve impactos de hacha en la cabeza que fueron la causa de la muerte así como heridas incisas y cortantes en el resto del cuerpo causadas con un cuchillo que, al contrario que el otro arma, sí fue recuperado en el escenario del crimen. Junto a la práctica de otras diligencias, a lo largo del último año declararon los agentes que intervinieron en el caso, vecinos y familiares –de la víctima y del investigado– o una psicóloga que asistió antes del asesinato al profesor. Los últimos testigos en comparecer, a finales de 2023, fueron un tío materno de los menores y un psicólogo que los trata, que confirmó en sede judicial que los niños, según ellos mismos le refirieron, fueron testigos del crimen. La frase demoledora que uno de ellos le dijo aquella noche a su abuelo paterno, “papá mató a mamá”, ya así lo evidenciaba.

Una diligencia solicitada por el Ministerio Fiscal

Todo apunta a que la instrucción judicial está ya en sus últimos compases. Sin perjuicio de que se puedan acordar nuevas diligencias, una de las pocas pendientes a día de hoy tiene relación precisamente con los niños. La jueza, recientemente, acordó remitir un oficio al Imelga, a petición del Ministerio Fiscal, para que amplíe o complemente el informe que ya emitió el 20 de noviembre de 2023, en el que recomendaba que los menores fuesen dispensados de comparecer en sede judicial. Concretamente, lo que se requiere ahora a los psicólogos forenses es que emitan su parecer profesional sobre la capacidad o aptitud de los niños para declarar y para comprender y adoptar una decisión sobre la dispensa de la obligación de declarar que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los familiares de un procesado. También se les pide que informen sobre las diferentes opciones que habría en el caso de que se llevara a cabo una eventual exploración de los menores.

La cuestión no es baladí. A la espera de lo que finalmente se determine, Ángel Rodríguez, al que se ha privado cautelarmente de la patria potestad sobre sus hijos con los que tampoco se puede comunicar de ningún modo, sigue en prisión. Desde hace meses hace caso omiso a los intentos de su abogado defensor de comunicarse con él.

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