“De saber que tendría que tapiar ventanas jamás lo compraría”

“Tenía 29 años e iba a dar uno de los pasos más importantes de mi vida: comprarme un piso”. Así arranca la historia de Nerea, una vecina de Vigo que hace casi ocho años afrontó lo que para muchos jóvenes suena actualmente a utopía, adquirir su primera –y única– vivienda. Lo que partió como una ilusión “tremenda”, seguida de un arduo esfuerzo para lograr la financiación, terminó convirtiéndose, exactamente el día 1 de febrero de 2018, en un pesadilla. “De repente escucho muchísimo ruido del exterior de mi piso y veo a dos obreros soldando los barrotes y rejas de mis ventanas”, cuenta.

Y es que sobre su nueva vivienda pesaba una orden judicial para cerrar los huecos abiertos en la fachada de una vivienda de la calle Magallanes; dicho de otra manera, una sentencia obligaba a la vendedora de la vivienda, Grupo Inmobiliario Laxas S.L., a instalar celosías en las tres ventanas del piso que finalmente adquirió Nerea, mandato del que jamás le alertaron durante las numerosas visitas al piso ni tampoco anunciaron en la escritura de compraventa del inmueble. “Cuando veo eso me eché a llorar e inmediatamente llamé a la Policía. Fueron ellos los que me explicaron que tenían una orden para proceder a la colocación de las rejas en virtud de una condena contra la empresa que me vendió el piso. Ahí me vine abajo del todo”, relata la joven viguesa.

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La realidad de su vivienda cambió completamente, hasta que el punto que un bien tan preciado como la luz natural ya prácticamente no existe en el domicilio. “Las únicas ventanas que dan al exterior son las tres cubiertas por barrotes, el resto da a un patio de luces. Esto no es lo que yo compré; es que si llego a saber esto jamás lo hubiese comprado”, amplía. Fue en este momento en el que inicia un procedimiento judicial contra el administrador de la sociedad que participó de la compraventa del piso. Seis años después, la Justicia le ha dado la razón, si bien nunca podrá retirar las rejas de su piso.

Un engaño

“Ganar al promotor es una especie de alivio, sí, de sentir que yo tenía razón y que me han engañado. Pero no arregla nada, no hay nada que pague que yo pueda disfrutar de mi piso tal y como lo adquirí. No hay prácticamente luz, es más, en el juicio la otra parte me preguntó que si tan mal estaba cómo era que seguía viviendo ahí, como si fuera tan fácil comprarse otro piso”, lamenta la perjudicada, representada por el despacho NRG Abogados.

Razón no le falta, principalmente por un motivo. Y es que esta nueva realidad en la vivienda depreció su valor en casi 33.000 euros, dinero que recuperará tras ganar el pleito. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenó a R.A.G. como administrador del Grupo Inmobiliario Laxas por un delito de estafa agravada por “mostrar y negociar la compraventa del piso siendo conocedor al hacerlo de la carga que pesaba sobre el mismo”. La sentencia, fechada este pasado 22 de diciembre, lo condena a un año y nueve meses de prisión así como al pago de una multa de 1.920 euros. A mayores deberá indemnizar a la joven perjudicada en 40.268 euros en concepto por la devaluación del piso y los intereses generados hasta el momento de la sentencia.

Tal y como se recoge en el fallo, el condenado intervino personalmente en la compraventa de la vivienda que hasta entonces era titularidad de la mercantil Inversiones Magallanes a Nerea, quien como compradora abonó 130.570 euros. “Me ayudaron mis padres, incluso un amigo me dejó dinero, aún así tuve que pedir un crédito para afrontar la hipoteca porque no quería hacer uso de un aval. Fui amueblándolo poquito a poco, casi vivía por y para mi piso. Fue en un reunión de la Comunidad de Propietarios cuando me insinuaron que algo había contra mi vivienda. Llegué a llamar a R.A.G. muy nerviosa en varias ocasiones y él siempre me tranquilizó, decía que no pasaba nada, que todo estaba bien, cuando él sabía que no era así”, confiesa la joven propietaria.

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Según los términos de la escritura del piso recogidos en sentencia, “el pleno dominio de la finca descrita se adquiría por la compradora libre de cualquier carga o gravamen”. Nadie, en ningún momento, le informó de la existencia de la mencionada carga. “Siendo pleno conocedor el acusado R.A.G. de todas estas circunstancias ocultó deliberadamente a la denunciante a lo largo de todas las negociaciones, visitas al piso, tasación... la existencia del procedimiento judicial”, recogen los magistrados. Inciden en que la información omitida tiene una carácter “absolutamente relevante” , hasta el punto de que las “mandó retirar” dando a las inmobiliarias “instrucciones concretas” sobre lo qué decir a los potenciales clientes.

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